Una estrategia específica para descarbonizar Canarias que impulsa soluciones de microgeneración de energía y de movilidad sostenible para colectivos vulnerables, evalúa los impactos de las políticas verdes sobre los que menos tienen y diseña mecanismos de empoderamiento social para que todos, sin importar estatus, participen en la toma de decisiones. En papel, suena bien: alcanzar la neutralidad climática en las Islas, fechada para 2040, sin aumentar la desigualdad y favoreciendo una transición justa. Pero ese plan, anunciado por el Gobierno regional anterior, el del denominado Pacto de las Flores (PSOE, Nueva Canarias, Podemos y ASG), ha sido relegado a un segundo plano por el consejero de Transición Ecológica actual, Mariano Hernández Zapata (PP), en una búsqueda por simplificar la legislación vigente contra el calentamiento global.
Zapata anunció la semana pasada una serie de modificaciones de la Ley 6/2022, de Cambio Climático en Canarias, que rebaja a la mitad el número de estrategias contra la crisis climática, entre otras cosas. La norma recoge en estos momentos cuatro instrumentos de ordenación: la estrategia canaria de acción climática, el plan canario de acción climática, el plan de transición energética de Canarias (todos estos ya publicados) y la estrategia canaria de transición justa y justicia climática, aún por salir a la luz. Pues bien, esos cuatro documentos pasarán a ser dos: el plan integrado de energía y clima y el plan canario de adaptación climática. Fuentes de la Consejería explican que se trata de una reestructuración de lo que ya había y que los objetivos marcados por los viejos textos serán absorbidos por los nuevos, todavía por redactar. El PSOE, que lideró la gestión de la lucha contra la crisis climática en la anterior legislatura con el ahora senador José Antonio Valbuena a la cabeza, teme que lo que concierne, al menos, a la justicia ambiental, caiga en saco roto.
Valbuena encargó a las dos universidades públicas canarias la elaboración de la estrategia canaria de transición justa y justicia climática a principios de 2022 por un valor de más de 200.000 euros. El PSOE no fue capaz de aprobar el documento antes de las elecciones autonómicas de mayo de 2023, en las que perdió el poder en el Archipiélago. Sin embargo, sí cuenta con un borrador de más de 160 páginas, al que ha tenido acceso Canarias Ahora, que detalla cómo iba a ser su aplicación.
El texto destaca en primer lugar por qué es necesario un plan por el estilo en la Comunidad Autónoma. Las Islas presentan unas condiciones socioeconómicas de partida que la hacen aún más vulnerable ante los efectos del cambio climático y sus políticas. El shock externo que supone la crisis ecológica pilla a la Comunidad Autónoma con un tejido empresarial innovador “generalmente débil”, expuesto en las disrupciones del siglo XXI (pinchazo de la burbuja inmobiliaria y COVID), sectores económicos, como el de la construcción y el importador, en los que “las rentas, ya provengan de cambios de uso del suelo, del agua (…) dominan claramente la escena frente a la generación de beneficios genuinos”, una infinidad de microempresas dedicadas a actividades comerciales de “bajo valor añadido” (el súper o el quiosco de la esquina) y un “déficit de capital humano” que quizá explica, por encima de todas las cosas, “la reducida capacidad de Canarias para afrontar con éxito” los cambios.
De acuerdo con la estrategia, el reclamo de ayudas y subvenciones derivado de la condición de ser región ultraperiférica “ha servido [a las Islas] para encubrir un notable conjunto de ineficiencias acumuladas”. Esta realidad ha provocado que, en cada episodio de aprieto, el Archipiélago no haya sabido responder “sin padecer severas consecuencias” a posteriori. Existe el miedo a que algo similar ocurra ahora por las distintas vulnerabilidades y, también, por el impacto y la distribución de los “potentes” instrumentos de financiación de la transición ecológica y energética, en especial de los fondos europeos de reconstrucción, repartidos de momento entre unas pocas manos. El documento considera que “urge” una “reformulación” de dichas prestaciones para que lleguen a las personas físicas y jurídicas que “más lo necesiten”.
El plan reconoce, por ejemplo, que hay políticas de descarbonización que han estado “intensamente guiadas por criterios de eficiencia económica”, pero que no han tenido en cuenta las “importantes implicaciones en términos de la capacidad de consumo de las familias”. Un ejemplo ilustrativo: el diseño de zonas de bajas emisiones en los núcleos urbanos. A pesar de ser un mecanismo efectivo para rebajar las expulsiones de gases contaminantes de los vehículos, su aplicación “genera una exclusión de población y trabajadores” incapaces de adquirir coches propulsados con energía limpia. Otro caso concreto: la instalación de paneles fotovoltaicos en viviendas, todavía con “numerosas barreras técnicas, legales y económicas” para que familias con menores niveles de renta puedan subirse al carro del autoconsumo.
En el ámbito empresarial, el texto reserva gran parte de sus páginas al turismo y señala los segmentos del sector “de más difícil adaptación”, como los alojamientos extrahoteleros y pequeños negocios de cafetería y restauración que operan con muy bajos niveles de eficiencia energética, los establecimientos localizados en línea de costa que no pueden defenderse ante la amenaza creciente de inundación y los locales situados en los bordes o dentro de áreas con riesgo de incendio. También detalla vulnerabilidades en el sector energético, la industria y la construcción, la agricultura, el transporte, los recursos hidráulicos y la gestión de los residuos. Hace lo mismo con el territorio y la instalación de renovables en una región frágil y fragmentada.
En este contexto, los redactores de la mencionada estrategia entrevistaron a 36 expertos de las Islas (académicos de las dos universidades públicas, cargos políticos, agentes del sector privado, ecologistas, asociaciones de energías renovables…) para definir los posibles obstáculos y oportunidades relacionados con este asunto. Todos ellos hicieron recomendaciones en materia de información, gobernanza, financiación y demás ámbitos para no dejar a nadie atrás en la transición climática.
Del diagnóstico realizado, surgieron cuatro principios orientadores: primero, la necesaria puesta en funcionamiento de instrumentos de control y transferencia de renta que amortigüen los incrementos de precios en los mercados de la energía sobre familias y empresas vulnerables; segundo, la obligación de “crear conocimiento” aplicable a las particulares circunstancias de la transición energética en la Comunidad Autónoma; tercero, extender la noción de que el clima “ya no es un parámetro estable” para la actividad turística, lo que implica cambios para la oferta y la demanda; y cuarto, repensar todos los niveles y ámbitos de la gobernanza para que “la acción climática sea eficaz y alcance su propósito”.
“Canarias tiene que ser capaz de superar la crónica descoordinación entre departamentos de la misma administración. No se trata de crear nuevos organismos, sino de establecer un cableado entre los diferentes cuerpos de la administración”, resume el documento.
En el apartado de medidas, la parte más relevante, el plan prevé impulsar soluciones de microgeneración de energía para colectivos vulnerables, evaluar los impactos de la transición ecológica sobre los que menos tienen, favorecer la adopción de procesos energéticos eficientes y renovables por los grupos más desfavorecidos… Eso solo en el capítulo de una sociedad inclusiva y justa. También hay propuestas para una educación y capital humano avanzado y de calidad (formación específica para los puestos de trabajo de la economía verde y programas de apoyo en este sentido), tecnología e innovación para la transición justa (desarrollo de una estrategia de especialización inteligente de Canarias y soluciones de almacenamiento, hibridación, digitalización y movilidad sostenible en entornos aislados), adaptación trasversal al cambio climático (planes de adaptación, con especial atención a pequeñas y medianas empresas y creación de foros sectoriales para la difusión de la transición ecológica y climática justa) y gobernanza (implementar mecanismos de empoderamiento social que permitan a la ciudadanía asumir la necesidad urgente de una transición climática).
Las medidas mencionadas en el párrafo anterior son solo unas pocas de las que incluye el documento. El objetivo principal a partir de la aplicación de todas ellas es “aprovechar el marco de políticas e incentivos relacionados con la adaptación al cambio climático y con la descarbonización para construir capacidades que den lugar a una red de agentes (empresa, familias, administraciones públicas, asociaciones y colectivos sociales) más resilientes”. Algunos estudios ya han identificado en el Archipiélago puntos calientes en los que es prioritario acelerar cuanto antes el despliegue de políticas verdes y de adaptación para anular las desigualdades frente a la crisis climática. Está por ver cómo el PP integra todo esto en su afán por “simplificar” la ley canaria contra el calentamiento global, que en su momento rechazó (fue el único partido que votó en contra), amenazó con derogar y ahora la modifica por decreto.