Canarias acabó 2018 con un superávit de 947 millones, el 2,05 % del PIB, en 2018, el más elevado de todas las comunidades autónomas, según datos del Ministerio de Hacienda.
La Comunidad Valenciana y Murcia han sido las únicas autonomías que cerraron 2018 con déficit, ya que las otras catorce sí han cumplido, cinco de ellas con superávit -Asturias, Canarias, Galicia, Navarra y el País Vasco-, mientras que Extremadura terminó el ejercicio en equilibrio presupuestario.
El conjunto de las comunidades tuvieron una necesidad de financiación de 2.810 millones de euros al finalizar el año, lo que supone un 0,23 por ciento del PIB cuando el déficit autorizado llegaba al 0,4 por ciento. Las comunidades han reducido en más de un 33 % su déficit, hasta ese 0,23 %, lo que supone una disminución de 0,13 puntos porcentuales respecto al año anterior.
La Comunidad Valenciana ha necesitado una financiación de 1.456 millones de euros, el 1,29 por ciento del PIB, y Murcia, 421 millones, lo que supone el 1,34 por ciento del PIB. Canarias ha registrado un superávit de 947 millones, el 2,05 % del PIB, seguido del País Vasco, con 507 y un 0,68 %, Navarra (112 y 0,55), Galicia (104 y 0,17 y de Asturias (13 y 0,05).
Para Hacienda, la evolución del déficit se debe a un crecimiento de los ingresos no financieros del 5,2 % frente a un aumento de los gastos del 4,3 %. Este resultado está influido por el incremento de los recursos de las comunidades, ya que la recaudación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y de los Actos Jurídicos Documentados aumentó en 842 millones.
Además del incremento de las transferencias netas derivadas del Sistema de Financiación aumentó en 3.824 millones, según el Ministerio. La Administración Local volvió a registrar superávit por séptimo año consecutivo, con un saldo positivo que asciende a 6.292 millones en 2018.
En términos de PIB, el superávit supone el 0,52 %, frente al 0,61 % del año anterior, que Hacienda atribuye al crecimiento de los empleos no financieros del 2,2 %, motivado especialmente por el incremento de las inversiones financieramente sostenibles, frente a los ingresos que crecen un 0,9 %.
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto-Ley que permite a los ayuntamientos y a las comunidades destinar el superávit presupuestario de 2018 a inversiones financieramente sostenibles en 2019.
La Ley de Estabilidad recoge que el saldo positivo de las administraciones tiene que ser destinado a amortizar deuda, aunque contempla una excepción: las denominadas inversiones financieramente sostenibles. Para permitir a los municipios y a las autonomías beneficiarse de esta medida, el Gobierno aprobó este Real Decreto-Ley que habilita a estas entidades a reinvertir su saldo positivo.
La norma también contempla que estas administraciones puedan disponer de más tiempo para desarrollar estas inversiones y les permite que la ejecución aprobada en 2019 pueda terminar de ejecutarse en 2020. El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, la capacidad (+) o necesidad (-) de financiación al finalizar 2018, así como los