Canarias fue durante el segundo trimestre de 2022 la comunidad autónoma con la tasa de demandas judiciales por despido más alta de España con 103 casos por cada 100.000 habitantes, según los datos contenidos en el informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales, elaborado por el servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial y presentado este miércoles.
El archipiélago superó en más de 27 puntos al segundo territorio con más litigiosidad laboral, Madrid (75,6 demandas por cada 100.000 habitantes) y la tercera comunidad con mayor tasa de demandas por despido entre abril y junio fue Cataluña, con un índice de 71,7.
En cifras globales, entre abril y junio de 2022 se presentaron en las islas 2.258 demandas por despido, un 15% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 1.964 pleitos por pérdida de puesto de trabajo.
Siempre según el informe oficial del CGPJ, las islas fueron igualmente el territorio que registró la tasa más elevada de lanzamientos (desalojos de inmueble) por impago de alquiler con 25,5 casos por cada 100.000 habitantes, recoge una nota del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que apunta que Baleares fue la segunda (23,5) y Cataluña la tercera (23,2).
El estudio del gobierno de los jueces revela que los órganos judiciales del archipiélago llevaron a cabo durante el segundo trimestre del año en curso un total de 720 lanzamientos (un 2,4% menos que en el mismo periodo de 2021), de los cuales 139 lo fueron por ejecución de la Ley Hipotecaria, 554 por la Ley de Arrendamientos Urbanos (un 1,12% menos que en el segundo trimestre de 2021) y 27 por otras causas no especificadas.
En lo que se refiere a la tasa por aplicación de la Ley Hipotecaria (esto es, por impago de cuotas del préstamo hipotecario), Canarias registró entre abril y junio de este año la tercera tasa más alta del país con 6,4 casos por cada 100.000 habitantes, sólo superada por Murcia (14,9) y Valencia (10).
Segunda región con más lanzamientos
Los datos generales de lanzamientos (esto es, la suma de desalojos ejecutados por impago de alquiler, de hipoteca u otros) sitúan a Canarias como la segunda región con la tasa más alta en el segundo trimestre de 2022 con 720 casos (un 2,4% menos que en el mismo periodo de 2021), lo que implica una tasa de 33,1 casos por cada 100.000 habitantes, sólo superada por Murcia (35,7).
La tercera tasa más alta en el periodo de referencia fue la de Cataluña, que computó 31 lanzamientos por cada 100.000 habitantes.
El estudio da cuenta de la emisión entre abril y junio del presente año en las islas de un total de 319 sentencias dictadas en procedimientos sobre arrendamientos urbanos (falta de pago del alquiler, denegación de prórroga en el abono), de los que 279 (un 87,5%) estimaron la demanda, nueve (un 2,8%) la estimaron parcialmente, y 31 (un 9,7%) desestimaron la reclamación.
Canarias fue en el periodo de referencia la tercera comunidad con mayor número de sentencias en litigios por alquiler de vivienda por cada 100.000 habitantes con 14,7, cifra sólo superada por Cataluña (21,5) y Baleares (15,7).
En lo que se refiere a procesos concursales, en los juzgados de lo mercantil de las islas se presentaron durante el segundo trimestre de 2022 un total de 74, un 36,9% más que en el mismo periodo de 2021 (53).
De éstos, 26 fueron impulsados por personas físicas (un 73,3% más que entre abril y junio de 2021) y 48 por personas jurídicas, un 26,3% más que en la primavera anterior.
El informe detalla también que mientras en el segundo trimestre de 2021 habían sido 24 los procesos concursales que habían acabado en liquidación en Canarias, en la primavera de 2022 el número ascendió a 33, esto es, un 37,5% más.
El estudio desglosa los datos de concursos por provincia de tal manera que entre abril y junio de 2002, en Las Palmas se presentaron 13 concursos de personas físicas empresarias y 27 de personas jurídicas, esto es, 40 concursos, y en Santa Cruz de Tenerife, 13 concursos de personas físicas y 21 de personas jurídicas, es decir, 34.
La comunidad con la tasa más baja de litigios por arrendamientos en el periodo analizado fue el País Vasco.