Ben Magec-Ecologistas en Acción considera “totalmente increíble la desfachatez de reiniciar un proyecto tan polémico, irracional, costoso, innecesario y sobre todo, ilegal como el puerto de Granadilla (Tenerife)”, advierte de que prepara nuevas actuaciones legales para frenar la obra y pide al Gobierno central que “no lo permita”.
Así se posicionan los ecologistas en un comunicado en respuesta al anuncio en que la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife informa sobre el reinicio de las obras del proyecto portuario de Granadilla. En esta tesitura, este colectivo apunta que “el proyecto ha demostrado ser el que suscita mayor oposición por parte de la ciudadanía en la historia de Canarias” y por ello “seguimos afirmando que es mayoritaria la oposición al mismo, por lo que estamos hablando de un hecho antidemocrático sin precedentes”.
A juicio de Ben Magec-Ecologistas en Acción, “en un momento de tan grave crisis del sector turístico, convertir en chocolate las aguas del sur de Tenerife y arruinar la mejores playas naturales que hay en la isla es una irresponsabilidad de la que habrá que pedir responsabilidades, en el supuesto de que se reinicien las obras”.
Los ecologista afirman que “todo el discurso de Zapatero y el PSOE sobre la crisis general y la forma de luchar contra ella perderá cualquier sentido si desde el Gobierno central se permite el reinicio de estas obras, que sin duda, de todas los disparates de infraestructuras proyectado en Canarias, es el más irracional de todos” y por ello recuerdan “el proyecto gemelo y fantasma del puerto de Arinaga en Gran Canaria”.
El empecinamiento de CC y PP en este proyecto, según Ben Magec, “únicamente responde a la prepotencia de no digerir que los movimientos ciudadanos tienen la razón, y aún a sabiendas de que el proyecto es ilegal y nunca se terminará, básicamente por falta de fondos, prefieren hacer el destrozo en la zona con esta reanudación que dar su brazo a torcer frente a los ciudadanos y los ecologistas”.
Los ecologistas quieren aclarar que este proyecto es “absolutamente ilegal y que sólo la más asquerosa triquiñuela política -la última, el nuevo catálogo de especies aprobada por ley del parlamento canario-, típicas de auténticos gobiernos despóticos, es lo que permite la reanudación de estas obras”.
Por tanto, este colectivo asegura estar “plenamente convencidos de que estos enemigos declarados del medio ambiente no se saldrán con la suya, y alguna de las múltiples actuaciones jurídicas que están ya en marcha, junto con las otras nuevas y muy importantes que pondremos en marcha en los próximos días, acabarán dándonos la razón y finalmente prevalecerá el Estado de derecho en el que supuestamente vivimos”.