La Fecai pidió en 2006 y 2014 que el Estatuto blindara los criterios de distribución del ITE por ser “recursos del REF”
La Federación Canaria de Islas (Fecai) pidió el 24 de julio de 2006 a los grupos parlamentarios que tramitaban la reforma del Estatuto de Canarias que la carta magna blindara el reparto del dinero derivado de la compensación del extinto Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas. Un reparto basado en considerar esta inyección financiera como uno de los “recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) a todos los efectos”. Un criterio que fue ratificado hace justo un año, cuando el 13 de octubre de 2014 los presidentes de los cabildos asistieron a la Comisión en la que arrancaban los trabajos parlamentarias de la reforma estatutaria reimpulsada por Paulino Rivero.
Ese criterio, basado en el hecho de que el 42% de los recursos es para el Gobierno de Canarias y el 58% para cabildos y ayuntamientos, es el que el pasado 22 de octubre han dinamitado seis de las siete corporaciones insulares, al pactar en contra del criterio del presidente de Gran Canaria, Antonio Morales, que el reparto de esos aproximadamente 160 millones de euros se haga en base a que el 90 por ciento se distribuya de acuerdo a la proporción de la representación política que cada isla tiene en el Parlamento de Canarias, mientras que el 10 por ciento se repartirá en función del número de parados de cada islas.
En concreto, la Fecai, que se reunió en asamblea extraordinaria en Lanzarote bajo la entonces presidenta de la Isla, Inés Rojas, solicitaba que se incluyera en la disposición adicional cuarta de la reforma estatutaria dos puntos donde “se declara extinguido el derecho que hubiera tenido la Hacienda del Estado a una compensación de la Comunidad autónoma por la pérdida de ingresos derivada de la supresión del ITE” y, además, que“los importes no compensados (...) tendrán la consideración de recursos del REF a todos los efectos”.
El mismo criterio que ahora defiende Nueva Canarias (NC), con Morales y Román Rodríguez como abanderados, y el Partido Popular (PP), cuya portavoz en el Parlamento, Australia Navarro, ha pedido al presidente Fernando Clavijo que “aplique el criterio común” y “no saque de la chistera la triple paridad”.
En el fondo de la reivindicación cabildicia que ahora seis cabildos rechazan estaba el conflicto que desde 2004 enfrentaba al Gobierno de Adán Martín y a los cabildos en materia de financiación de las corporaciones locales y las demandas de estos últimos para que el Ejecutivo les pagara de forma inmediata las cantidades económicas que varias sentencias judiciales habían confirmado, así como la actualización de las transferencias para pagar las competencias transferidas a los cabildos.
Entre los asuntos que más enfrentamiento despertaron entre el Gobierno y la Fecai estuvo la compensación por el descreste del Arbitrio sobre la Producción e Importación de las Islas Canarias (APIC) o la devolución del Estado de parte del ITE, motivo por lo que las corporaciones insulares querían que fuese blindado por el Estatuto para que futuros gobiernos no lo modificasen.
En cambio, ahora el presidente Clavijo afirma que los Servicios Jurídicos del Gobierno han asegurado que los 160 millones de euros del ITE “no son recursos del REF”.
