La inflación ha copado gran parte del debate parlamentario en Canarias. Este martes, el pleno ha venido cargado de preguntas sobre el alza de los precios y ha coincidido con la celebración del Debate del Estado de la Nacionalidad en el Congreso, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una serie de medidas como un impuesto sobre los beneficios de las compañías energéticas y un tasa extra a los bancos. El líder del Ejecutivo en Canarias, Ángel Víctor Torres, también ha abogado por medidas aprobadas en semanas anteriores como ayudas directas a determinados sectores y (aunque apuntó que se “tocará como se ha hecho en otros momentos” aquello que “sea preciso en el aspecto fiscal”), sí que ha descartado una rebaja general de impuestos que, según recordó, no es avalada por los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Central Europeo. Además, remarcó que Canarias tiene margen de endeudamiento y se recurrirá a ello si “es preciso”. Durante la tarde, la consejera de Empleo, Elena Máñez también incidió en la importancia de medidas para Canarias como la exención Ibérica.
“Vamos a destinar todos los esfuerzos para ayudar a los sectores más vulnerables, sean empresas o familias”, señaló también el vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Román Rodríguez (Nueva Canarias) a las preguntas de la oposición en materia económica. Según detalló, bajar el IGIC del 7% al 5% “beneficiaría a muy pocos sectores, no a la cesta de la compra ni a los combustibles”. En este sentido, destacó que los dos grupos que han complicado la inflación es el energético y la alimentación, que tributan en Canarias al tipo 0 del IGIC. Según detalla el consejero, solo los consumidores de energía eléctrica con una potencia contratada superior a los 10 kw pagan un 3% de este impuesto, si bien su proporción en conjunto con el total de consumidores es bastante baja (un 4%).
La oposición ha sido muy crítica durante el debate en la cámara regional. Tanto Coalición Canaria como el PP han insistido en esa reducción fiscal. “Tiene capacidad para actuar localmente”, afeó la diputada Rosa Dávila (Coalición Canaria). El vicepresidente sí defiende que se está llevando al límite la capacidad del Gobierno regional para combatir a escala local los efectos de la inflación mundial. Torres y Rodríguez han detallado medidas de ayudas directas puestas en marchas para sectores económicos y sociales más afectados; rebajas selectivas y puntuales de impuestos o la revisión de los precios en los contratos de servicios y obras.
Según el Gobierno de Canarias, de las ayudas directas anunciadas para el sector ganadero (muy afectado por la crisis) ya se han distribuido 17 millones de euros. Además, ha recordado la devolución prácticamente íntegra del Impuesto Especial del Combustible a los transportistas, agricultores y ganaderos; la prórroga del tipo cero a la compra de material sanitario; la extensión de las medidas de alivio fiscal a los afectados por la erupción en La Palma o la autorización para que las universidades públicas canarias puedan utilizar sus remanentes para afrontar el incremento de sus gastos corrientes.
“Hemos aprobado la ayuda al sector primario, hemos solicitado siete millones más del POSEI adicional para ese sector, desde el año 2013 no se actualizaba el IPC a los transportistas, las partidas que había para el transporte escolar, hemos tomado decisiones con las empresas a las que hemos hecho llegar 1.134 millones de euros”, apuntó Torres. El presidente también apuntó que “la fortaleza presupuestaria” de esta comunidad autónoma permite afrontar mejor los próximos meses para adoptar medidas. Así mismo, defendió que en 2021 hubo un 2 % de superávit, el menor de los últimos años.
Una de las principales acusaciones de PP y de la diputada trásfuga Vidina Espino fue que el Gobierno esté “más rico que nunca” a “costa de las familias”. El vicepresidente afeó la “demagogia” e insistió en que durante el primer trimestre de este año la recaudación del IGIC fue un 19% superior a la registrada en el mismo período de 2019, en abril fue de un 17%; en mayo, de un 14% y en junio, de un 11,7%.
Al recate del tercer sector
La diputada socialista Teresa Cruz Oval agradeció la labor del tercer sector y anunció que su grupo promoverá una PNL para su rescate. La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, compareció precisamente para hablar de la actualización de precios en los centros privados concertados de servicios sociales a petición de la diputada Cristina Valido (Coalición Canaria), que recordó que es “muy importante” hablar de la situación que están viviendo los profesionales que trabajan con personas vulnerables. “Necesitan medidas urgentes”, defendió.
Noemí Santana aseguró se ha incrementado la PCI de acuerdo al IPC y que con la renta de ciudadanía se va a incrementar estas cuantías en un 26%, por ejemplo. La consejera subrayó que se está estudiando la revisión de los precios de las plazas sociosanitarias de los servicios concertados para actualizarlas al precio real y se trabaja para ello con los cabildos, para lo que ya se han producido reuniones. No obstante, para ello deberá contar con la autorización de la Consejería de Hacienda. “Decirle a la señora Valido que mano tendida, nos va a encontrar porque nosotras también conocemos esa necesidad que tienen las entidades del tercer sector y por supuesto que vamos a pelear para que tengan ese refuerzo que necesitan”.
Las medidas del Gobierno estatal
Sánchez anunciaba durante la misma jornada una batería de medidas, además de los impuestos a las eléctricas (que según los cálculos del Ejecutivo recaudará unos 2.000 millones de euros al año) o tasa a los bancos (estima que recaudará por este concepto unos 1.500 millones de euros cada año), señaló que se ingresarán 100 euros más mensuales a los estudiantes con derecho a beca.
El presidente del Gobierno también apuntó que se pretende garantizar que Canarias y Baleares sean territorios plenamente descarbonizados. Para ello, se destinarán 700 millones de euros del Plan de Recuperación de Europa para el programa ‘Islas 100% renovables“. Estas medidas se suman a otras como la subvención de 20 céntimos a la gasolina, la ayuda de 200 euros para rentas inferiores a 14.000 euros o la subida del Ingreso Mínimo Vital.
María Australia Navarro (PP) ha afeado en la tarde de este martes en el Parlamento que aunque “hay que ver la letra pequeña” de las medidas anunciadas por Sánchez, a priori cree que se basan en la misma tendencia que el Gobierno de Canarias “subir más los impuestos y recaudar más”. “Son un calco, no aciertan con las medidas que tienen que tomar”, dijo unas horas después de que Torres recordara que las medidas del PP se basan en dar becas a las rentas más altas, en alusión a la medida planteada por el Gobierno de Ayuso en Madrid. Coalición Canaria también ha reprochado las medidas estatales. La diputada Ana Oramas aseguró estar “decepcionada” porque “no van a afectar ni a la cesta de la compra, a pesar de que ha reconocido que el principal problema es la inflación, ni van a afectar a la economía canaria”.