MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha indicado este jueves que traspasar a las comunidades autónomas la competencia de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social permitirá mantener una “concepción integral” del sistema y, en ningún caso, lo “va a destrozar”.
Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Gómez ha subrayado que el cuerpo continuará manteniendo su “carácter nacional” y que se reafirmará su “concepción pública”. Asimismo, ha previsto crear “fuertes” mecanismos de cooperación a nivel estatal.
El titular de Trabajo ha respondido así a una pregunta del diputado del PP Miguel Barrachina, que ha criticado la intención del Ejecutivo de transferir la Inspección a las regiones.
Gómez ha continuado defendiendo la doble dependencia de la Inspección de Trabajo y ha recordado que el Estatuto de Cataluña también la plantea en unos preceptos que se encuentran entre los que fueron avalados por el Tribunal Constitucional tras el recurso del PP. “Lo que hacemos en materia de Inspección es cumplir con la Constitución y con las leyes”, ha subrayado el ministro.
Además, ha defendido que “lo fundamental” es alcanzar el “respaldo” de todas las comunidades autónomas que, según ha dicho, en su mayoría “han pedido que este modelo de traspaso pueda ser adaptado a su condición y a sus requisitos”.
LA “ÚLTIMA IMPROVISACIÓN”
Sin embargo, para el diputado del PP esa transferencia supondrá una “desactivación” de la Inspección, que estará más “politizada” y en manos de “aquellos consejeros que han aprobado ERE fraudulentos”, ha recalcado en alusión a la administración andaluza.
Al respecto, ha mantenido que el Gobierno “anuncia una cosa y hace la contraria” ya que, mientras que “han declarado la guerra a la creciente economía sumergida --generada con ustedes y, en muchos casos, por ustedes-- hay ya 183 reconocimientos de ilegales en los reptiles pensionados y, sin embargo, desactivan la Inspección de Trabajo”.
Así, ha reclamado al Ejecutivo que “no perpetre esta última y peligrosa improvisación” porque la misma “reducirá calidad, eficacia y profesionalidad; abrirá la puerta a la politización, reducirá el empleo por la quiebra de la unidad de mercado y favorecer a la impunidad”. “Deténgalo, señor ministro”, ha concluido.