Las más de siete semanas de confinamiento en Canarias han destapado prácticas cuestionables de importación de toneladas de papas de Israel a las puertas del inicio de la cosecha temprana local. Agricultores y ganaderos se han visto forzados a vender sus alimentos puerta a puerta ante el cierre de hoteles o restaurantes; otros, directamente, han tenido que tirar o donar sus productos. Una de las respuestas del Gobierno regional a estos escenarios es actualizar el Arbitrio a la Importación y Entrega de Mercancías (AIEM), un arancel con el que se pretende que traer papas, vino o quesos de fuera de las islas sea más caro para proteger la producción del Archipiélago.
El AIEM, que forma parte del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, es un impuesto que grava las importaciones de determinados productos que se cultivan o fabrican en las islas con el objetivo de paliar las desventajas del Archipiélago como región ultraperiférica (lejanía, fragmentación del mercado local o reducidas dimensiones). En base a esta premisa, Canarias cuenta con un listado de productos de importación -agrícolas o ganaderos, pero también de la industria metálica, textil, química o materiales de la construcción- a los que se les aplica un tipo general del 5, el 10 o el 15% en función de diferentes criterios. Pero no todo el tejido empresarial isleño lo aprueba ni mucho menos se beneficia de este arancel, sobre todo pequeñas y medianas empresas y el sector turístico, que ven cómo se encarecen las importaciones.
Este listado debe contar con la autorización de la Unión Europea (UE) y se renueva cada siete años. El que está vigente actualmente, que engloba unos 139 productos, data de 2014 y, según la Consejería de Hacienda, el Ejecutivo regional ha estado elaborando desde septiembre de 2018, en la anterior legislatura, una nueva propuesta junto a los diferentes representantes de los actividades afectadas, desde organizaciones del sector primario, como la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) o la Asociación de Agricultores y Ganaderos (Asaga) a colectivos del secundario -Asociación Industrial de Canarias (Asinca) -, además del área comercial y patronales: la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme) o la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), entre otros.
El Ejecutivo regional ya tiene definido desde el 24 de abril un nuevo listado con 151 productos que ha dado a conocer a las organizaciones sectoriales implicadas y a los portavoces parlamentarios. Así, aprobará “a la mayor brevedad” el documento en Consejo de Gobierno (previsiblemente el 14 de mayo), para remitirla a Madrid y, posteriormente, a Bruselas, con el objetivo de que entre en vigor el 1 de enero de 2021.
El documento, aún sujeto a modificaciones, refleja en el ámbito del sector primario y la alimentación o bebidas, una subida del arancel a la papa de importación del 10 al 15% (el máximo permitido), al igual que en el caso de las hortalizas aliáceas, como la cebollas o el ajo. Estos productos ya fueron propuestos por la Consejería de Agricultura para que fueran gravados, según anunció durante su comparecencia Alicia Vanoostende, titular del área, en la Diputación Permanente. Sin embargo, en el listado al que ha tenido acceso este periódico, se refleja que reclamó mantener el arancel al 10% durante la negociación.
El vino de uvas frescas, un subsector que ha alertado de pérdidas de un 90% de sus ingresos en las Islas ante las dificultades para competir con los productos importados por el cierre del canal Horeca (Hoteles, restaurantes y cafeterías), también aumenta del 5 al 10%. El mismo incremento que se aplica a la carne fresca o refrigerada de carne porcina o de ave, los embutidos, el chocolate o la alimentación para animales. Y el tributo se incrementa hasta un 15% para las carnes preparadas o los helados.
Algunos de los productos de importación que mantienen el AIEM máximo permitido son los huevos frescos, el café tostado sin descafeinar, las pastas alimenticias, la salsa de tomate o la cerveza y el ron. Con un tipo impositivo del 10%, permanecen productos de panadería, pastelería o galletería y al 5%, el agua y los refrescos, el salmón ahumado, los zumos, los frutos secos o las harinas.
Y, como novedad para los próximos siete años, se ha incluido el queso fresco en tres variedades y otras cinco que tenga un contenido de materias grasas igual o inferior al 40% en peso; las verduras de vaina (como las judías) o de raíz (zanahorias); carne caprina; fresas (sin que se haya incluido otra fruta en el listado) o las rosas, la única del subsector de flores y plantas ornamentales, especialmente afectado por la crisis derivada de la COVID-19 al paralizar totalmente sus ventas hasta hace escasas semanas. Todos los productos nuevos solo pueden ser gravados con un tipo del 5% y el aumento solo se puede establecer de forma escalonada, es decir, del 5 al 10, y del 10 al 15%.
COAG ha valorado “el esfuerzo” para establecer el nuevo AIEM porque “se ha producido una mejora en la apuesta por el sector agrario”, pero considera que hay determinados productos “que se deberían haber incorporado”, como el tomate. La organización agraria explica que el criterio establecido para elaborar el listado ha excluido a uno de los principales cultivos del Archipiélago porque “se entiende que el de exportación y el local son el mismo, por lo tanto, el grado de autoabastecimiento estaría por encima del 100%”, pero no contempla que el producto que se envía fuera de las Islas no se consume en el Archipiélago.
Y es que la elección de los productos a los que se les aplica el AIEM se ha basado en la cuota de mercado, es decir, el porcentaje de consumo local respecto del total que ha elaborado el Instituto Canario de Estadística en los últimos años, para medir la producción del Archipiélago. Así, aquellos que tengan una cuota de mercado entre el 5 y el 90% podrán ser incluidos, puesto que por debajo de esos porcentajes se considera que no existe industria y, por encima, el abastecimiento con producto isleño está garantizado. También, según explica la Consejería de Hacienda, se han fijado otros criterios, como el empleo que se genera, que la producción esté situada “en zonas particularmente desfavorecidas”, el sobrecoste o la amenaza que supone para el producto local la importación del mismo.
Desde Asinca, que ha participado en las propuestas de la mayoría de los productos del listado, su presidente, Gonzalo Medina afirma que se han retirado unos 23 elementos del anterior documento, “como las cubiertas de los coches” o “las conservas de pescado”, porque “ya no hay producción local que justifique su inclusión”. Añade que esta nueva negociación se ha llevado a cabo con una revisión por parte de una consultora italiana enviada por la Unión Europea para conocer las posturas respecto a este arancel y, esta vez, Bruselas ha reclamado “que sea más flexible”, es decir, “que los productos puedan entrar o salir en función de la producción sin tener que esperar siete años”. En este sentido, considera que este impuesto “ha funcionado” para proteger a la producción local, una postura que no comparten ciertos sectores.
A favor y en contra
Cada vez que se negocia el AIEM, surgen críticas por parte de sectores empresariales hacia este arancel. Esta vez, a las protestas de Cecapyme, que se ha pronunciado en contra de subir los tipos porque considera que encarece la cesta de la compra, se han sumado las patronales turísticas, tanto de la de Las Palmas (FEHT) como la de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel). Ambas han rechazado en un comunicado conjunto la propuesta de renovación porque estiman que supone “una artificiosa protección de la producción local” y “solo beneficia a los productores establecidos en Canarias, con independencia de que sean más o menos eficientes, y de que mejoren o no su competitividad”; algo que “falsea el libre mercado”.
Al respecto, la Consejería de Hacienda ha afirmado a este periódico que el AIEM, avalado por la UE, aporta unos 140 millones de euros anuales al Archipiélago y tiene una importancia “indiscutible” para compensar las “desventajas estructurales del Archipiélago con el continente”. Además, ante la actual crisis derivada de la COVID-19, “la más dura de la historia”, según ha reiterado el titular del área Román Rodríguez, “necesitaremos todos los instrumentos que tengamos al alcance para dinamizar nuestra economía” ante la caída de los ingresos y el aumento del gasto.
En relación al aumento de la cesta de la compra, Hacienda sostiene que un estudio de impacto económico del AIEM concluye que “en el periodo desde que se notificó a la UE el arancel (de 2002 a 2019)” el Índice de Precios al Consumo (IPC) canario “es más bajo” que en el resto del Estado. “Los factores que determinan el incremento de los precios de los productos son variados, como el nivel de competencia que exista en el mercado, la escasez de la oferta, el incremento temporal de la demanda, el monopolio de un producto de determinado distribuidor o la influencia en cuota de mercado de algunas grandes superficies que determinan, no ya el precio, sino incluso la marca del producto que se debe consumir”.
En este sentido, Asinca dice que “no todo lo que está en la cesta de la compra tiene AIEM” y añade que el arancel “solo afecta al 10% de todas las importaciones que hay en Canarias”; siendo el tipo medio entre “un 7 o un 8%”, por lo que estima que el coste de este impuesto general entre todas las importaciones es de “un 0,8%”. “Y esto en aduanas”, puesto que posteriormente los importadores los llevan a sus almacenes y se establece un precio final. El presidente de la organización añade que “la COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de tener industria” y “si no existiera el AIEM, sería aún más difícil una diversificación del tejido productivo en el Archipiélago”.
Por su parte, COAG considera que el AIEM también se aplica a insumos del sector primario, como pueden ser cajas, sacos o bolsas de papel o de plástico, lo que “puede encarecer” productos necesarios para la agricultura o la ganadería, pero la organización dice que entiende que “esto forma parte del planteamiento global del AIEM”. Además, recuerda que aunque se imponga un tipo del 15% a la papa, por ejemplo, la de importación seguirá siendo más barata que la local por los costes de producción. Al final, de lo que se trata, según este colectivo, es de “reorientar la compra, tanto del sector público como privado, hacia lo que se produce aquí, es una de las claves para salir de la crisis, sustituir importaciones por el producto local, porque cuando se eligen alimentos del Archipiélago, se apuesta por el desarrollo de las Islas”.
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