MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
Las mujeres perciben una prestación media por desempleo de 3.044 euros anuales, lo que representa un 12,7% menos que los 3.488 euros que ingresan de media los hombres, según las estimaciones realizadas por el colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) a partir de los datos de IRPF correspondientes a 2008.
El análisis de Gestha, que evidencia claras diferencias de ingresos y cobertura social entre ambos sexos, atribuye esta discriminación a los “importantes desequilibrios salariales” que aún están por corregir entre hombres y mujeres. Así, mientras que los hombres perciben un salario medio anual de 21.596 euros, las mujeres sólo cobran 15.620 euros, es decir, un 27,7% menos.
Este desequilibrio económico afecta también a las pensiones que, precisamente, son donde se registran las mayores diferencias de género, entre otras razones, porque para su cómputo se toma como referencia las bases de cotización de los últimos quince años. De hecho, las mujeres pensionistas, con unos ingresos medios de 9.034 euros al año, cobran un 30,8% menos que los hombres, que se llevan al final de su vida laboral 13.051 euros anuales.
Por comunidades autónomas, las asturianas son las que cobran menores prestaciones por desempleo de media en relación con los varones. Mientras éstos ingresaron 3.532 euros, las mujeres cobraron 2.816 euros, lo que supone un 20,3% menos. A continuación se situaron la Región de Murcia (17,4% menos), Cantabria (14,6% menos) y las Islas Baleares (14% menos).
La discriminación en estas prestaciones fue menor en la Comunidad Valenciana (13,8% menos), las Islas Canarias (13,6% menos), Andalucía (13,6% menos), La Rioja (13,3% menos), Galicia (12,7% menos), y Extremadura (12,2% menos).
La comunidad que más ha aproximado estos ingresos hombre/mujer fue Castilla-La Mancha (una diferencia del 8,2%), seguida de Cataluña (10,8%) la Comunidad de Madrid (11,6% menos), Castilla y León (12%) y Aragón (12,1%).
A la vista de estas discrepancias, Gestha insta al Ministerio de Igualdad y a las administraciones autonómicas a intensificar las políticas activas de igualdad de género y proponen que estas políticas se financien con los ingresos procedentes de la lucha contra la economía sumergida y de la mejora del control del gasto público.