Un programa informático de la multinacional Indra provocó un agujero de 10 millones de euros en la Hacienda canaria

El último informe de la Audiencia de Cuentas desvela que los ingresos tributarios en vía ejecutiva en Canarias disminuyeron en algo más de diez millones de euros en 2017 como consecuencia del “inadecuado funcionamiento” del módulo informático implementado a finales del año anterior por la multinacional tecnológica Indra, que tiene a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), de titularidad pública, como principal accionista (un 18,5%). 

Todos los grupos con representación en el Parlamento regional durante la pasada legislatura, a excepción de Coalición Canaria (CC), habían solicitado al órgano auditor que cifrara el agujero ocasionado a las arcas públicas por las incidencias registradas durante la puesta en funcionamiento de la aplicación M@gin. En términos porcentuales, la pérdida de recaudación con respecto al ejercicio anterior fue de cerca del 37%, de los 28,5 millones a los 18. Los ingresos por esta vía se recuperaron en 2018 hasta alcanzar los niveles de años anteriores (29 millones). 

A esa cantidad hay que sumarle el coste adicional que ha tenido que asumir el Gobierno canario para corregir las deficiencias detectadas. Este software para la gestión de la recaudación de impuestos propios y cedidos de la comunidad autónoma comenzó a funcionar en octubre de 2016, tres años después de que Indra resultara adjudicataria del contrato por un importe de 3,1 millones de euros. Hasta esa fecha, el servicio había sido asumido con recursos y aplicaciones propias por la empresa pública Grecasa, adscrita a la Consejería de Hacienda. Según la información recogida en el informe de la Audiencia de Cuentas, durante el trieno analizado (2016-2018) se suscribieron con la multinacional tres contratos de mantenimiento correctivo, adaptación y evolución del programa, cada uno con un coste de 1,5 millones de euros, el máximo que se podía facturar en cada ejercicio. Es decir, durante ese periodo la Hacienda canaria gastó 4,5 millones para pulir una aplicación que ya le había costado 3,1. 

Aunque excede del contenido del informe de la Audiencia de Cuentas, esos gastos de mantenimiento han continuando incrementándose en los años sucesivos. De hecho, Grecasa adjudicó el pasado mes de enero a Indra un nuevo concurso para el mantenimiento, adaptación y evolución del sistema informático M@gin que, entre prórrogas y modificaciones, puede acarrear un coste para la administración autonómica de 13,5 millones en el próximo lustro. En menos de una década el gasto en mantenimiento puede ascender a los 18 millones de euros.  

El órgano fiscalizador expone que el sistema de Indra sigue sin cumplir en su totalidad los requisitos fijados en el pliego del contrato tres años y medio después de que comenzara a operar. La Audiencia de Cuentas recuerda que el plazo de ejecución del servicio finalizaba en julio de 2016 y que el proyecto sufrió varios retrasos e, incluso, hubo que aumentar en un 10% el presupuesto inicial para poder ponerlo en marcha. A pesar de ello, aún persisten algunos problemas en la automatización de procedimientos, en los tiempos de tramitación y en los costes de gestión, además de en los instrumentos de control para los órganos directivos. 

La migración del antiguo sistema (GRE, elaborado y mantenido por personal propio de Grecasa) al nuevo (M@gin, de Indra) generó “numerosas incidencias” cuya resolución “se dilató en el tiempo” y afectó a la gestión recaudatoria. En concreto, a 117.593 liquidaciones. El informe pone de manifiesto que los procedimientos no fueron “suficientemente probados” antes de su ejecución y que no se priorizó la gestión de cobros sobre otros aspectos para dotar de seguridad y eficacia al sistema. “La fase de estudio debió ser más intensiva”, recoge un informe que detalla que más de 400 incidencias han supuesto un coste adicional a las arcas públicas. Después de esa migración de datos quedaron sin trasladar a la nueva aplicación un total de 20.308 deudores y 64.441 deudas, de las que 6.348 (en torno al 10% del total) estaban pendientes de cobro. En mayo de este año aún permanecían en este limbo 653 deudas por un importe global de 1,3 millones de euros, la mayoría anteriores a 2014. 

La Audiencia de Cuentas constata esos problemas en dos indicadores claves: las providencias de apremio emitidas por el órgano recaudador y las diligencias de embargo. A través del primero de estos instrumentos la administración urge a los deudores a pagar aquellas liquidaciones de impuestos que no han sido abonadas en el plazo voluntario legalmente fijado. En 2016 se tramitaron un total de 77.895 providencias. En 2017, ya con el aplicativo ejecutivo de Indra, tan solo 35.564, un 53% menos. El drástico descenso continuó en 2018 hasta las 30.138, aunque la actividad comenzó a recuperarse a mediados de ese año. El ente auditor remarca que este tipo de herramienta para la recaudación tributaria tiene un mayor porcentaje de éxito cuanto antes se emitan, es decir, cuanto más ágil sea la gestión de cobros.

En relación con las diligencias de embargo (de sueldos, salarios, créditos...) para cubrir el importe de la deuda tributaria, la reducción es tan significativa en 2017 que, según la Audiencia de Cuentas, solo cabe calificarla como “una discontinuidad del normal funcionamiento de la actividad”. De las 273.724 diligencias emitidas en 2016, la mayor parte de ellas contra cuentas corrientes y devoluciones de la Agencia Tributaria, las de más capacidad recaudatoria, se pasó a tan solo 175 en el primer año completo de funcionamiento de M@gin. En 2018, la recuperación fue parcial y solo alcanzó la mitad del volumen tramitado dos años antes (136.776 diligencias). La reducción en la emisión de nuevos embargos también afectó a la recaudación realizada mediante convenios con entidades locales, precisa. 

El informe también analiza si el considerable descenso en las diligencias de embargo emitidas tras la migración al nuevo sistema pudo tener su repercusión en la prescripción de deudas, ya que en ese periodo (octubre de 2016 y abril de 2018) expiraba el plazo para reclamar un total de 17.655 liquidaciones por un importe conjunto de 139,1 millones de euros. Sin embargo, la Audiencia de Cuentas no ha constatado que en este lapso prescribieran derechos de cobro, puesto que en las liquidaciones analizadas se habían registrado otros hechos (declaración de concurso de acreedores, derivación de responsabilidades hacia administradores de empresas o hacia sucesores...) que habían interrumpido esos plazos, evitando la caducidad de los expedientes.  

El informe pone además el foco en la reducción de personal destinado a tareas de gestión de recaudación en la administración tributaria canaria, lo que ha generado una acumulación de “deudas incobrables pendientes de declaración” y, en consecuencia, un “incorrecto reflejo” en las cuentas autonómicas de los ingresos pendientes de cobro, como ya ha advertido la Audiencia de Cuentas en reiterados informes. Por ello, recomienda a la Hacienda canaria dimensionar de forma adecuada los recursos humanos para gestionar una deuda en vía ejecutiva que asciende a 600 millones de euros. 

Además, incide en que el código fuente de M@gin es abierto y propiedad de la Agencia Tributaria Canaria, por lo que insta a la administración regional a estudiar “la conveniencia de su desarrollo por personal propio”, evitando así “no solo la dependencia de servicios externalizados, sino también los costes adicionales de cada desarrollo”. Por último, llama al Gobierno regional a centrar sus esfuerzos en “depurar” el elevado porcentaje de deuda incobrable para que la contabilidad se ajuste de la forma más fiel posible a la realidad. 

El informe de la Audiencia de Cuentas fue remitido tanto a la Intervención General de la Comunidad Autónoma, como a las tres últimas directoras de la Agencia Tributaria Canaria (María Jesús Varona, Cristina Hernández y la actual, Raquel Peligero), a la anterior presidenta del consejo de administración de Grecasa, Rosa Dávila (CC), y al actual, Fermín Delgado (NC), para que presentasen las alegaciones que considerasen oportunas, pero transcurrido el plazo otorgado para ello no se aportó ninguna.