El Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Telde ha condenado al Banco Santander a pagar a una pyme de la localidad 15.598,62 euros, más intereses, tras declarar nulo el contrato de un complejo producto financiero que no había sido formalizado, según la sentencia de la magistrada Ángeles Zabala. El fallo a favor de la empresa se produce después de que los administradores de ésta demandasen al banco por haberles cargado en cuenta esa cantidad como cuota de un swap ligado a la inflación. El contrato, que había sido suscrito por uno solo de los administradores en 2008, debió contar con la firma de al menos otro de los tres responsables de la empresa.
La entidad se ha justificado en que, a pesar de que el resto de administradores acordó no contratar el producto, la negativa no se le había comunicado. Por esta razón, acusan a la empresa de esperar “un año” para formalizar el contrato y así poder comprobar el rendimiento del producto, por el que, si bajan los tipos de interés, el comprador debe pagar al banco una determinada cantidad.
La jueza ha estimado, sin embargo, que el Santander no ha demostrado la validez del contrato firmado solo por uno de los administradores, cuando se exigía la firma de otro, a pesar de que la entidad había considerado a la persona a quien se ofreció el producto (aprovechando la renovación de un crédito) como “de hecho o notorio”.
La sentencia también recoge que el producto en cuestión, un swap ligado a la inflación, “alcanza un cierto grado de complejidad” y “para su comprensión y correcta valoración se requiere formación financiera claramente superior a la que posee la clientela bancaria en general”, según varias resoluciones del Banco de España.
El banco, que aún puede recurrir el fallo, deberá hacerse cargo de las costas del proceso.