El sindicato USO ha valorado este martes que Ryanair reabra sus bases en Canarias pero ha mostrado “perplejidad” ante la actitud del Gobierno de la comunidad autónoma y de la propia compañía, que aún adeuda a sus antiguos trabajadores en las islas unos 8 millones de euros después de que el despido fuese declarado nulo por la Audiencia Nacional.
Esta reacción se produce después de que la aerolínea haya anunciado que reabrirá en las últimas semanas de marzo de 2023 las bases de Lanzarote y Tenerife Sur, que cerraron durante la pandemia junto con las de Gran Canaria y Girona.
En declaraciones facilitadas a los medios, un portavoz de USO sector aéreo, Ernesto Iglesias, ha dicho estar “sorprendido” por la relación del Gobierno canario con Ryanair y le ha acusado de “mirar hacia otro lado” y, además, incentivar el desarrollo en las islas de una empresa “que no respeta los derechos laborales”.
Iglesias ha señalado que, aunque la empresa les tiene “acostumbrados a sus continuas ilegalidades”, les ha sorprendido “la actitud” del Ejecutivo autonómico, que según ha dicho es “conocedor” de la situación de deuda.
“Hemos transmitido en numerosas ocasiones la situación respecto a la deuda que todavía recae sobre los trabajadores y que la compañía no pagó cuando fueron despedidos (con el cierre de las bases de Canarias durante la pandemia). Se les debe ocho millones de euros entre compensaciones y salarios de tramitación, sin contar con las cuotas a la seguridad social”, ha manifestado el portavoz sindical.
Al respecto, ha apuntado además que el próximo 18 de enero está fijado un juicio en la Audiencia Nacional sobre este asunto.
“No podemos más que insistir en esa perplejidad y decepción ante un Gobierno que mira hacia otro lado frente a una empresa que vulnera los más elementales derechos de los trabajadores”, ha concluido.