Una tormenta perfecta de estafas, altos precios y poca oferta dificulta el acceso a la vivienda de los estudiantes en Tenerife

Andrea (nombre ficticio) aterrizó el 26 de julio en la calle La Mazurca, en el municipio tinerfeño de San Cristóbal de La Laguna, sin saber que ese mismo día interpondría una denuncia por estafa. Esta mujer de 36 años, trabajadora en el sector de la hostelería y residente en la localidad de Santiago del Teide desde 2020, estaba buscando (y continúa haciéndolo) un piso de alquiler para su hija, que en octubre comienza a estudiar en la Universidad de La Laguna (ULL).

Ella había contactado días antes con un hombre que decía ser propietario de un piso en esa dirección. Asegura que inicialmente “desconfió de él”, porque fue quien ofreció la vivienda en primera instancia y mostraba signos de estar “desesperado” por alcanzar un acuerdo. Pero Andrea tenía prisa. Alquilar en Tenerife, en especial en los alrededores de las dependencias universitarias, es una quimera para la mayoría, obligada a residir fuera de la ciudad lagunera durante el curso.

Así que después de que este hombre proporcionara “una copia de su DNI y el número de cuenta”, Andrea accedió a pagar, primero, 450 euros “en concepto de reserva, dado que según él había muchas personas interesadas” y, segundo, 240 euros más, también por lo mismo. Todo ello sin haber visitado previamente el domicilio en cuestión, tan solo pudo observarlo a través de imágenes. “No me olía bien el asunto. Eso se me pasó varias veces por la cabeza”, reconoce en una entrevista para Canarias Ahora.

Cuando Andrea llegó ese día a la calle La Mazurca, el mundo se le vino encima. Había quedado con el presunto propietario para firmar el contrato y recoger las llaves. Pero él no apareció. Y después de tocar en todos los portales, “me dijeron que no había ninguna vivienda a nombre de él”, asevera. Esa misma tarde, interpuso la denuncia en la comisaría de la Policía Nacional.

“No pensaba que esto pudiera pasar aquí”, confiesa. En la toma de declaraciones ante el Juzgado de Instrucción Número 2 de Güímar, puede leerse que “los perjuicios ocasionados [para Andrea, en este caso] son importantes, porque puede que mi hija tenga que perder el año de universidad al no poder encontrar un domicilio asequible” y es probable que esta última “tenga que ponerse a trabajar este año por no poderse costear un piso en La Laguna”.

Fuentes de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife han admitido a este periódico que existen investigaciones en curso a particulares que “estafaban de manera online” en la búsqueda de pisos de alquiler. La Guardia Civil, de hecho, anunció el miércoles pasado que investiga a una mujer de 43 años, vecina del municipio de Arona, en el sur de Tenerife, como supuesta autora de un delito de estafa continuada tras haber obtenido de manera fraudulenta casi 5.000 euros ofreciendo el arrendamiento de diferentes casas que luego no eran de su propiedad.

El modus operandi de la sospechosa se asemeja mucho al del hombre que presuntamente engañó a Andrea: publicaba anuncios ficticios en conocidas páginas webs dedicadas al alquiler de inmuebles para posteriormente convencer a las víctimas, consiguiendo que le ingresaran diferentes cantidades de dinero en concepto de reserva o fianza. Las mismas fuentes de la Policía Nacional también admiten que está en marcha una “operación importante” en este sentido relacionada con estafas inmobiliarias, actualmente en secreto de sumario.

El problema afecta a todos los interesados por igual en acceder a una vivienda. Pero como ejemplifica el caso de Andrea, con el inicio del curso universitario a la vuelta de la esquina, el número de estudiantes incapaces de encontrar un piso (o incluso una habitación) comienza a ser especialmente elevado, sobre todo este año, destaca el presidente del Consejo de Estudiantes de la ULL, Elías Falcón.

“Esta semana hemos recibido a muchísima gente preguntando si sabíamos cómo conseguir alojamiento en La Laguna. Incluso si pudiéramos ayudar con inmobiliarias o propietarios privados para facilitar vivienda”, asegura. “En años anteriores, a lo mejor recibíamos una o dos peticiones. Pero ahora son decenas”.

“Para evitar este tipo de fraudes, es importante desconfiar si el alquiler es demasiado barato o si el propietario no quiere enseñar el piso hasta que realices el primer pago; visitar el piso y así comprobar que la vivienda existe y que la persona que lo ofrece es realmente el propietario, antes de dar cualquier señal, y en ningún caso entregar dinero en efectivo, ni aunque se haya comprobado que la vivienda existe, porque si ocurre algo no se podría rastrear el destinatario”, apunta Fernando Rodríguez, responsable de la asociación Provivienda en Canarias.

La situación ha abrumado a todos. También a fuentes del sector especializadas en el alquiler estudiantil. Para Desiré Vera, trabajadora en la inmobiliaria Leal Primera, “Tenerife se ha puesto de moda y cada vez vienen más alumnos de la Península”, lo que está reduciendo el parque de pisos. A eso hay que sumar la evidente rebaja de la oferta abducida por el alquiler vacacional, que también está provocando procesos de gentrificación en la ciudad. De acuerdo con la plataforma AIRDNA, en San Cristóbal de La Laguna hay 660 domicilios turísticos; pero para el arrendamiento residencial, de larga o corta duración, solo figuran 10 casas, según la web Idealista.

“Entre la alta demanda y la poca oferta… Los estafadores están frotándose las manos. Nosotros conocemos el caso de una persona que ha perdido toda su beca, en torno a 3.000 euros, por pagar fianza y meses por adelantado de una vivienda que no existe”, cuenta Vera. La experta añade que la situación se ha agravado estas últimas semanas por el rechazo de los estudiantes a pagar durante los meses de verano, en los que vuelven a sus residencias habituales, y hacerlo todo con prisas los primeros días de septiembre. También cree que existe confusión con respecto al cobro de los honorarios y que no son pocos los caseros que prefieren no contar con estudiantes como inquilinos.

“Vuelve a revisar en octubre o noviembre. Verás nuevos pisos de alquiler, porque muchos propietarios retiran sus anuncios ahora al no querer estudiantes”, remacha Vera.

Elías Falcón, por su parte, agrega que, para más inri, los precios en la zona han incrementado “sin mejorar ninguna condición [del inmueble]”. “Tengo varios compañeros que pasaron de pagar 700 euros mensuales el curso pasado a estar pagando 900 este curso. No creemos que la demanda sea mayor que antes. Lo que pasa es que los propietarios están aprovechándose de esta coyuntura”, continúa el presidente del Consejo de Estudiantes de la ULL.

Según un estudio del portal tablóndeanuncios.com, el coste de compartir piso en España aumentó un 20% entre 2021 y 2022, “siendo las ciudades universitarias las más afectadas”. De acuerdo con el Índice de Precios de Vivienda en Alquiler (IPVA), un índice experimental del Instituto Nacional de Estadística (INE), la subida del precio en San Cristóbal de La Laguna entre 2015 y 2021, el último año con datos, es del 13,95%.

“Los altos precios del alquiler están haciendo estragos en todos los sectores. En breve comienzan las clases en las universidades y muchos estudiantes no han podido encontrar aún alojamiento, pero en esta misma situación se encuentran miles de familias y trabajadores en Canarias debido a la subida de los costes en el mercado”, reflexiona Pilar Puyi, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Tenerife. Ella recuerda que el Archipiélago contabiliza más de 200.000 viviendas vacías, según el último censo del INE. Y que San Cristóbal de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, los dos municipios que concentran a la mayor parte del alumnado, registran 9.381 y 16.816 bienes inmuebles sin ningún residente, respectivamente.

“Es urgente que el Gobierno canario estudie la propiedad de estas viviendas vacías (…) con el objetivo de expropiar o adquirir, mediante el derecho de tanteo y retracto, todos aquellos pisos que se encuentren en manos de bancos y fondos buitres”, defiende Puyi.

Falcón, por otro lado, menciona dos reivindicaciones históricas del Consejo de Estudiantes de la ULL: mejorar y ampliar el número de plazas alojativas de la propia Universidad, que en estos momentos es de una “oferta mínima” de 300 estancias distribuidas en tres colegios mayores y una residencia (la institución recibe alrededor de 6.000 universitarios nuevos cada año, según el ISTAC); y que “las administraciones públicas faciliten con ayudas el alojamiento estudiantil”, para evitar, si es que se puede, más episodios como el de ahora.