MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró este martes en el Congreso que “no hará falta tocar” las retribuciones de los funcionarios para reducir los gastos de personal para cumplir los objetivos del plan de austeridad aprobado por el Gobierno a finales de enero, que limita la tasa de reposición de efectivos al 10% y reduce los costes de personal en un 4% hasta 2013.
Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, De la Vega afirmó que el Gobierno mantendrá el “poder adquisitivo” de los empleados públicos y aseguró que hay varias opciones para cumplir los objetivos. En este sentido, apuntó que si no se cubren las vacantes por jubilación hasta 2013, los gastos de personal se reducirían “cera de un 5%”.
Asimismo señaló que la reducción de la tasa de reposición es “perfectamente compatibles” con la prestación de los servicios sociales, ya que los nuevos funcionarios que se contraten se destinarán específicamente a los “sectores prioritarios”.
De la Vega defendió que el Acuerdo para la Función Pública contiene 50 medidas “de gran calado sin tijeretazos ni decretazos” y mostró su confianza de que en el conjunto de medidas para modernizar la administración “van a salir bien las cuentas, al menos más equitativas”. Asimismo, aseguró que “ganarán la mayoría de los funcionarios y de los ciudadanos”.
De la Vega señaló que se trabajará en tres vías: el derivado del programa de austeridad del Gobierno, de austeridad para reducir costes, una plan de reordenación de recursos humanos y un plan para “racionalizar y reducir” la administración del sector público empresarial que se aprobará y concretará en los primeros días de abril.
SE MANTIENE LA GARANTÍA SALARIAL
Asimismo, aseguró que el Gobierno cumplirá la cláusula de “garantía salarial” pactadas con los sindicatos en el Acuerdo para la Función Pública por la que la que el Ejecutivo se compromete a compensar en 2012 la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios, si se produjera.
“No hay un sólo acuerdo que yo haya firmado y no se haya cumplido”, remachó ante las críticas vertidas por el portavoz del PP en la Comisión Constitucional, Miguel Barrachina, quien calificó esta cláusula como un “cheque electoral”.
“Lo vamos a cumplir porque hay una cláusula de garantía salarial y dentro de dos años vamos a estar bien”, incidió De la Vega, quien auguró la salida de la crisis para ese horizonte.
Acerca de los recortes en las empresas públicas, recordó que la competencia sobre ellas es de la Vicepresidencia económica y aseguró que la cuestión va a ser abordada “en equipo”. “En este Gobierno trabajamos en equipo”, aseguró.
AL PP: NO HA PEOR SORDO QUE NO QUIERE OÍR
De la Vega le espetó a Barrachina que “no hay peor sordo que el que no quiere oír” y defendió que el Gobierno está trabajado “desde hace meses con los sindicatos” en un proyecto “muy ambicioso” que supondrá “el salto definitivo en la función publica, reordenado recursos, reduciendo costes y mejorando la formación”.
Frente a la “austeridad” del Gobierno , De la Vega censuró que el los gobiernos autonómicos del PP han doblado el número de organismos públicos en Murcia, mientras que en Madrid destina el doble de publicidad, “por no hablar de la Comunidad Valenciana, que es la más endeudada de España”.
En este sentido destacó que el aumento en personal de las Administraciones Públicas “no es homogéneo”, y mientras que en la Administración General del Estado a aumentado un 2% desde 2004, en las comunidades autónomas ha crecido un 16% y en los entes locales un 12%.
No obstante, negó que la administración publica esté “sobredimensionada” y en este sentido señaló que la tasa de empelados públicos está en el 12.5% de la población activa. “El problema no es de dimensión, sino de rentabilidad”, aseguró.
RECHAZA RECORTAR MINISTERIOS
Ante la exigencia del PP y los nacionalistas de CiU y PNV aprovecharon de que el Gobierno empiece el recorte del gasto público reduciendo altos cargos y suprimiendo ministerios, como la oposición ha aprobado varias veces en la Cámara Baja con el voto en contra del PSOE, De la Vega señaló que dichas iniciativas cuestiona la función del jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, reconocidas en la Constitución.
“Las recomendaciones las escuchamos con cariño pero se me escapa que una proposición de ley pueda cambiar el mandato constitucional que se da al presidente para designar al Gobierno”, remachó.