El sector agrario de las islas no aguanta más y está empeñado en presionar todo lo que pueda y más para que el Estado transfiera de una vez los ocho millones de euros de 2018 que irán a la convocatoria autonómica de ayudas (es la Consejería de Agricultura la que luego debe gestionar el reparto de ese dinero público en Canarias, como ya ha hecho con la partida de 2017) con cargo a ese año para rebajar el coste del alumbramiento de agua blanca y de la desalación de este mismo recurso con destino al riego de los cultivos locales.
Se trata de una partida estatal de ocho millones de euros ya aprobada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 que, a día de hoy, no ha sido entregada al archipiélago, pese a que la financiación de esta misma medida de apoyo público para 2017, entonces por seis millones de euros, se traspasó a la Consejería de Agricultura sin problema alguno reseñable.
Ante esta situación de atasco y enorme retraso, el presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG-Canarias), Rafael Hernández, se mostró este martes en rueda de prensa, en la capital tinerfeña, muy indignado debido a que la Administración central “no ha concretado aún la fecha para efectuar el pago de esos ocho millones de euros”, que están recogidos en los PGE de 2018.
Según dijo Hernández, el pasado año el Gobierno central “incumplió deliberadamente la Ley de Presupuestos” [en alusión a que la partida se aprobó dentro de las cuentas de 2018], motivo por el cual diferentes asociaciones agrarias y comunidades de regantes de las islas se reunieron, antes de que se consumara aquel ejercicio presupuestario, tanto con la delegada del Gobierno en Canarias, entonces Elena Máñez, como con el subdelegado en la provincia tinerfeña, Jesús Javier Plata, quienes mostraron su predisposición a resolver la situación que se había creado con esa transferencia.
Que si no y que si sí, pero el dinero sin llegar
Según ese mismo comunicado, el 19 de febrero, justo un día después de que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se comprometiera a buscar una solución en una visita a Canarias, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció -para sorpresa del sector isleño- que la partida “había decaído”. No obstante, al día siguiente, los socialistas canarios afirmaron que la subvención sí llegaría a las islas y que trabajarían para desatascar la demorada transferencia.
Dos semanas después de esa sucesión de contradicciones, el Ministerio de Transición Ecológica hizo público en su web un borrador de real decreto destinado a facilitar ese traspaso de dinero público a las islas. En ese texto, las asociaciones del sector agrario detectaron algunas anomalías que, según aseguraron, impiden la correcta ejecución de la transferencia. Desde Asaga-Canarias se piensa incluso que es una “estrategia jurídica” para ganar tiempo y frenar las reclamaciones del sector agrario local.
El sector agrario ahora ve colmada su paciencia, tras meses de espera, y por eso ya ha decidido solicitar permiso para convocar una movilización el día 5 de abril (viernes), que, de ser aprobada por la autoridad gubernativa correspondiente, prevé llenar las principales calles de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria con tractores y animales. Desde COAG-Canarias lamentan las molestias que se puedan causar ese día, pero alegan que “no les queda otra opción”.
Las diferentes asociaciones agrarias han manifestado que la movilización solo se desconvocará si antes del 5 de abril se aprueba en Consejo de Ministros el real decreto y además se realiza la transferencia de los ocho millones de euros correspondientes a la ayuda para el agua de riego de 2018.
“Preferiríamos estar trabajando ese día, que es lo nuestro, y no en manifestaciones, pero no nos dejan otra alternativa”, ha dicho la presidenta de Asaga-Canarias, Ángela Delgado.
Parte del agua de riego en las islas debe pasar por un proceso de desalación y tiene un coste elevado de extracción, lo cual provoca una subida en el precio final del recurso y ello impide que los alimentos agrícolas de Canarias puedan competir en precios con los de la Península o los de Europa. El objetivo de la ayuda estatal que reclaman los agricultores es reducir esa desventaja competitiva derivada de la propia condición insular y ultraperiférica del archipiélago.
El presidente de COAG-Canarias, que se mostró especialmente molesto por la situación que se ha creado, sostuvo que la causa principal del problema es el desconocimiento que en el Gobierno de España hay de la realidad de Canarias: “Nosotros vivimos a 1.700 kilómetros del centro. Se piensan que estamos pidiendo privilegios y no es así”, remató Hernández.
En esta misma línea, Rafael Hernández cree que desde Madrid tienen una concepción distorsionada de lo que es la vida en las islas: “Cuando hablan de Canarias se piensan que estamos todo el día en una tumbona, debajo de una palmera en la playa. Aquí trabajamos, producimos alimentos y hacemos un montón de cosas. Y eso en Madrid parece que no lo tienen claro”, espetó el responsable de COAG en las islas.