Era previsible que se aumentara y ya parece que así mismo ocurrirá, pues está en estudio y es algo muy avanzado por parte del Gobierno de Canarias, que es el organismo público, a través de la Dirección General de Promoción Económica, que gestiona el sistema comunitario de ayudas a la importación desde las islas de determinados insumos y productos elaborados: el llamado Régimen Específico de Abastecimiento (REA). Este se financia en exclusiva con fondos comunitarios y su ficha financiera forma parte del programa Posei.
El REA, que apoya la importación de productos previamente definidos en sus balances de aprovisionamiento anuales, ha visto como el cupo para la entrada con apoyo público desde el resto de la Unión Europea (UE) de paja, alfalfa y raigrás está cerrado desde julio pasado debido a que las toneladas previstas para 2017, 86.000, se han agotado.
Ello, ahora se conoce, ha propiciado que el Gobierno de Canarias ya tenga prácticamente decidido elevar ese balance anual en torno a las 3.000 toneladas, para su consumo hasta el 31 de diciembre de 2017, lo que significaría pasar de otros balances de aprovisionamiento del sistema que no gastarán su dinero asignado a lo largo de este año una suma de 216.000 euros (el resultado de multiplicar 3.000 toneladas extras por 72 euros, si se optara por esa cantidad).
Esa operación de incremento del cupo anual de la paja, la alfalfa y el raigrás, si al final se produce, supondrá que los importadores de tales insumos, supuestamente destinados a la alimentación del ganado local, puedan meter en las islas con ayudas del REA unos 136 contenedores más de 40 pies hasta el final de año, algo que algunos ganaderos profesionales de las islas ya están criticando debido a que el uso que se le está dando a la paja no siempre es productivo pecuario, sino que se utiliza en explotaciones agrícolas para evitar la aparición de las malas hierbas, para la cama de los caballos e incluso en jardinería, debido a que sale muy barata su compra.
Pero no tanto como tendría que ser con todas las ayudas públicas que los importadores reciben: la del REA, en torno a 1.600 euros por contenedor de 40 pies (22 toneladas de carga), más la compensación al transporte de mercancías, esta del Estado, en torno a 800-900 euros por el mismo contenedor con la regulación actual de cubrir el 100% del coste del transporte marítimo (para algunos subcostes subvencionables).
La utilización de la paja en esas tareas es lo que justifica, según han indicado fuentes ganaderas de Tenerife, que ese producto represente nada más y nada menos que casi el 40% de las 86.000 toneladas importadas hasta julio de 2017, el cupo completo del año, pues este se halla agotado desde entonces.
Tales usos, de manera especial el de cama en ganadería y los otros mencionados, fuerzan que la recogida de pinocha esté prácticamente paralizada y que las retamas y otros llamados ciscos tradicionalmente utilizados como cama en las explotaciones pecuarias ya prácticamente no se demanden.
La consecuencia de este fenómeno, cada vez más extendido, es, afirman las mismas fuentes, la existencia de montes sin limpiar y la proliferación de matorrales y otras especies en muchas fincas (todo ello eleva el riesgo de incendio) que ya no se desbrozan ni se adecentan debido que estos residuos vegetales no se emplean en el campo para producir estiércol.
Por todas estas razones, a las que añaden el supuesto acaparamiento de contenedores de esos mismos productos ante la previsión del consumo total del balance de todo el año (fenómeno conocido como carrera de barcos), hay un grupo de ganaderos locales que se opone a que se eleve ese cupo para que así pueda entrar más paja y pide a la Consejería de Agricultura que se saque de una vez la paja del citado balance de aprovisionamiento, para que las 86.000 toneladas anuales que se puedan importar con ayudas de la UE solo lleguen a las islas con alfalfa y raigrás, dos alimentos que sí son claves en la producción de leche de calidad en Canarias.