Las embarcaciones canarias que han podido salir a pescar desde este lunes han agotado en 72 horas las 188'8 toneladas de atún rojo permitidas por Madrid. El Ministerio de Pesca decretó este jueves a la 00:00 horas el cierre de la pesquería, dando un plazo de 12 horas para que los buques autorizados desembarquen sus capturas.
“Tres días de pesquería y ya está todo cerrado sin que hayan faenado ni la mitad de los barcos, al menos, en Gran Canaria” ha informado el presidente de la Federación de Cofradías de Las Palmas, Gabriel Jiménez.
Esto se ha debido al mal tiempo que ha hecho durante estos días en el Archipiélago, que ha impedido a los barcos pequeños y medianos salir a pescar, “porque el viento de esta época impide trabajar en condiciones si no se tienen los medios adecuados” remarca Jiménez, quien considera que “en otra época sería más accesible a todos. De hecho”, cuenta el también Patrón Mayor de la Cofradía de Agaete, “en mi municipio sólo pudo salir un barco, que pescó un único atún”.
Cabe recordar que Madrid amplió la cuota que le correspondía a las Islas para 2017, pasando de la 140 del año pasado a las 188'8 toneladas, muy lejos de las aspiraciones isleñas.
En cómputo nacional, los 241 buques cañeros del caladero canario solo pueden recoger el 1,2% de túnidos en relación a la cuota fija de España, que cuenta con un tope de 4.244 toneladas. “Si no llegamos a tener lo que nos dio el fondo de maniobras, en medio día se hubiese pescado todo, ya que Canarias solo tiene 48'8 toneladas consolidadas” considera Jiménez.
“En su momento el sector pesquero pasó hambre cuando se implantó el plan para la recuperación del atún rojo y ahora, que hay muchísimos túnidos, seguimos en las mismas”, recalca el también vicepresidente de la Federación Nacional de Cofradías.
Debido al aumento de atún rojo, Jiménez cree que un incremento de “500 o 600 toneladas también es una misera” porque “se pescaría en una semana y media como mucho y eso que aquí se hace de forma artesanal, con liña y anzuelo”.
Tras el cierre de este año, las embarcaciones isleñas deberán esperar a 2018 para que el Ejecutivo central haga otro reparto