La especie de guerra civil desatada en el sector pesquero de Canarias a cuenta de cómo se deben repartir entre las embarcaciones locales la cuota regional de capturas de atún rojo (Thunnus thynnus) para este año (438,5 toneladas) vuelve a demostrar que en el archipiélago, mucho más en el identificado como sector primario, casi nunca llueve a gusto de todos los intereses en liza.
Canarias recibió hace pocas semanas con aplausos generales el aumento del 71% en los derechos de pesca del conocido como atún patudo (el atún rojo o Thunnus thynnus) para la actual campaña (de las 255 toneladas de 2018 a las 438,5 consolidadas este año, además con las 51 toneladas desembarcadas de más el año pasado ya perdonadas).
Pasado muy poco tiempo desde esa celebración casi unánime, el disenso ha vuelto a brotar entre los propios pescadores y entre una parte de estos, los integrados en las dos organizaciones de productores de la pesca (OPP) autorizadas en las islas (Optuna, en Arrecife, e IslaTuna, en la capital tinerfeña), que se sienten marginados, y la Consejería de Pesca, o mejor, el viceconsejero del Sector Primario, Abel Morales, que así mismo lo personalizó Vicente Rivero, portavoz de IslaTuna para esta cuestión y uno de sus directivos principales.
Los atuneros con embarcaciones más grandes, de más eslora y con más empleos, y también los que han capturado más del 60% de la cuota de atún rojo en los últimos años (incluso en 2018), no comparten el acuerdo alcanzado hace pocos meses entre la Consejería de Pesca del Gobierno de Canarias y las cofradías de pescadores, sus dos federaciones provinciales y la regional (esta última presidida por el herreño Fernando Gutiérrez), acerca de cómo debe ser el reparto por barcos de esa cuota regional de atún rojo: las 438,5 toneladas.
Ese pacto, del que informó en su momento el departamento autonómico del que es responsable el también herreño Narvay Quintero, se vendió como un logro al haberse alcanzado un consenso sobre cómo distribuir la cuota de atún rojo de 2019 (y se entiende que las de años posteriores), las 438 toneladas que Canarias podrá capturar en la actual campaña.
En esencia, el acuerdo establecía que la mitad de la cuota anual de 2019 y en adelante se repartiera entre las embarcaciones más pequeñas, de litoral y con licencia de artes menores, y la otra parte se dejara para los barcos mayores, los atuneros con más eslora y con licencia de cañeros (los que practican el arte de caña, anzuelo y cebo vivo casi siempre en bermeanos).
Este primer aspecto ya levantó la oposición de la OPP IslaTuna, pues consideraba que el binomio a aplicar debía ser el 60% para los cañeros y el 40% para los artes menores (el que más se aproxima a la realidad oficial), pero se cerró al 50%.
No fue el único “desagravio”, tal y como considera Vicente Rivero, para los armadores de la tinerfeña IslaTuna, debido a que además se decidió dentro de ese pacto que esos dos 50% se repartirían entre los barcos (unos 200 de artes menores -de estos, 113 sin jamás haber pescado atún rojo- y unos 50 cañeros) definiendo previamente unos porcentajes de participación en las dos mitades a partir del histórico de capturas de los últimos cinco años con registros oficiales, pero no solo para el atún rojo, ¡no!, sino para todas las especies de túnidos capturadas en ese periodo por cada embarcación.
Sin duda, era la manera de asignar derechos de atún rojo a embarcaciones pequeñas que antes no los tenían y también de dar más opciones de capturas a otras. Esto tampoco lo vio bien IslaTuna ni Optuna. La OPP lanzaroteña es la que tiene embarcaciones atuneras de más eslora y con más GT (tonelaje).
Previa definición de ese modelo y tras la aceptación de este por parte del Ministerio de Pesca, a petición del Gobierno de Canarias y según ya se recoge en el borrador de resolución redactado por Madrid (ahora en proceso abierto de alegaciones hasta ese jueves), las aguas han vuelto a estar revueltas en el sector extractivo local, con dos planteamientos enfrentados: el de las OPP, que quieren participar en más del 50% de la cuota de 438 toneladas para 2019 (según el histórico de capturas de atún rojo, y solo de esta especie), y el de las embarcaciones más pequeñas de litoral, representadas de manera más uniforme por las federaciones de cofradías y a las que la Viceconsejería del Sector Primario mima con más empeño. También según dijo Rivero, “a las OPP ni se las ha consultado en estos días”, y eso que solo IslaTuna capturó en 2018 en torno al 60% de todo el atún rojo llevado a cubierta por la flota de las islas (IslaTuna posee 80 barcos, entre cañeros de bajura y de litoral).
Lo que pase al final con esta polémica está por ver, pero sí es verdad que las aguas no bajan tranquilas en el río de las capturas reglamentadas del atún rojo. Como ya se ha dicho, este jueves es el último día para presentar alegaciones al borrador de resolución del Ministerio, e IslaTuna, la parte que defiende los intereses de los cañeros -con Optuna-, va a trasladar su criterio a Madrid. La Consejería y las federaciones de cofradías también harán lo mismo.
Con todos esos argumentos ya en manos de la Secretaría General de Pesca, se verá si la resolución publicada en el BOE se parece más a la del primer borrador consultado al sector pesquero de las islas y al Ejecutivo autonómico o quizá termina inclinándose la balanza hacia los intereses de los atuneros cañeros.
El borrador de resolución para la distribución de derechos
El borrador de reparto de la cuota de atún rojo de 438 toneladas que corresponde a Canarias en 2019 recoge casi todo lo pedido por el Gobierno autonómico (y así se indica en el texto del Ministerio) atendiendo al pacto alcanzado sobre el reparto de derechos por barcos junto a las federaciones de cofradías (hasta el año 2018, el atún rojo se pescaba según el modelo olímpico, sin derechos por barco o armador y contabilizando todas las descargas legales hasta llegar al máximo permitido).
En efecto, así es, como también establece los periodos de capturas de atún rojo, con dos etapas: la primera, con inicio este 1 de marzo y final el 15 de mayo, y una segunda oportunidad del 26 de mayo al 6 de junio. En este caso, solo podrán ir a las capturas las 100 embarcaciones con el mayor número de toneladas descargadas en la primera parte de la zafra.
Aparte de esas dos aperturas de veda, el borrador de resolución fija un nivel máximo de capturas para el 50% de la cuota global destinada a los barcos de artes menores, en 1.044 kilos, y otro para los atuneros cañeros, en 5.480 kilos.