La actuación del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en el proceso de diseño y aprobación del recorte a las energías renovables acabará en la Fiscalía Anticorrupción después de que la Plataforma para un Nuevo Modelo Energético y la Fundación Renovables hayan anunciado que van a presentar una denuncia contra el político canario por unos presuntos delitos de malversación de fondos públicos.
Según informa Vozpópuli y elperiodicodelaenergia.com, será el bufete de abogados Holtrop SLP el que prepare el documento legal para la Plataforma y que será enviado a las dependencias de la Fiscalía en las próximas semanas. Entre los delitos que achacan al ministro popular, en primer lugar estaría el encargo a dedo de dos informes a las consultoras Boston Consulting Group y Roland Berger por cerca de un millón de euros, unos expedientes que nunca se utilizaron.
Además, se conoce que el Ministerio presionó a estas consultoras para que realizaran los informes a la carta, a lo que la primera consultora se negó, por lo que fue expulsada “por no cumplir el pliego de condiciones”, mientras que Roland Berger presentó las conclusiones cinco meses después de la aprobación oficial del recorte, que fue de 3.000 millones para todo el sector de las renovables.
A pesar de haber contratado a estas consultoras, finalmente, tal y como reconoce Industria, los nuevos estándares se elaboraron “exclusivamente” a partir de su propio trabajo, realizado por el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), sin contar con Boston Consulting Group ni Roland Berger.
Ante esto, los denunciantes creen que existe una malversación de fondos públicos porque se invirtió casi un millón de euros en unos informes que “nunca llegaron a utilizarse” para fijar los estándares de inversión que sirvieron de base para el recorte definitivo. Aparte de la malversación, la denuncia recoge un posible caso de prevaricación por lo que se podría ir por la vía “dado que se argumentó el dedazo (sic) por el carácter de extrema urgencia de la norma, pero luego se tardó un año en tener esos informes”, según comenta el experto energético y empresario renovable Jorge Morales de Labra.
Los denunciantes también acusan al Departamento que dirige Soria y el Secretario de Estado, Alberto Nadal, de “legislar con arbitrariedad para favorecer a ciertas empresas renovables, a las que el Gobierno, ha querido proteger”, según De Labra.
Anticorrupción deberá investigar, por petición de la Plataforma, la falta de una metodología que explique los recortes y su arbitrariedad y disparidad. Por este caso el Ministerio ha tenido que reconocer ante el Tribunal Supremo esta situación ya que ha tenido que presentar la documentación exigida por más de 300 recursos pertenecientes a más de 1.500 promotores renovables. Sin embargo, el Alto Tribunal considera que la información dada por la cartera de Soria no ha sido suficiente y no incluye ni la metodología ni los informes de las consultoras, si los hubiere.
“Queremos que la Fiscalía investigue si ha habido delito al aprobar una norma sin que se conozca una metodología que la justifique. Y si el Gobierno se niega a entregar al Supremo los informes, estará mintiendo porque el propio Soria, en comparecencia parlamentaria, ha señalado que al menos un informe existe”, explican los denunciantes, quienes además exigirán la entrega de las primeras versiones de los informes de Roland y de Boston.
Para la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) el Gobierno “ha intentado justificar el ilegítimo recorte a la fotovoltaica con datos inventados”, mientras que una de las denunciantes, la Fundación Renovables, ya había calificado la conducta de Industria de “arbitrariedad mayúscula a favor del oligopolio eléctrico”.