Un informe oficial cuestiona que se autorice buscar tierras raras en Fuerteventura con documentación ''deficiente''

El Gobierno de Canarias ha admitido a trámite tres proyectos para buscar tierras raras en Fuerteventura. La constructora Tenáridos, del grupo Satocan, ha pedido en los últimos meses permisos para explorar 131 cuadrículas mineras entre el norte y el sur de la isla. Las administraciones locales y la población majorera han mostrado su rechazo frontal a esta propuesta. Ahora, un informe técnico emitido por la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad del Ejecutivo autonómico concluye de que la documentación presentada por la empresa es insuficiente para valorar su impacto.

Los proyectos, según el documento, no describen de qué forma afectarán los trabajos en el territorio y, a pesar de que se prevé actuar sobre zonas incluidas en la Red Natura 2000, su inventario ambiental es “claramente deficiente”. Asimismo, el área dependiente de la Consejería de Transición Ecológica sostiene que la actividad minera afectaría a la conservación de especies amenazadas como la hubara canaria, el guirre o el halcón tagarote. 

Los tres proyectos presentados se enmarcan en los municipios de La Oliva, Pájara y Puerto del Rosario. En los tres casos, Satocan ha pedido permiso para realizar trabajos de campo y de laboratorio con el objetivo de hallar tierras raras en Fuerteventura. El documento, de 15 páginas y firmado por el director general de Espacios Naturales y Biodiversidad, Miguel Ángel Morcuende, concluye que, antes de autorizar los trabajos de investigación, “sería imprescindible que se abordara una adecuada evaluación de sus posibles efectos negativos sobre la biodiversidad”, así como la definición de medidas preventivas y correctoras de su impacto.

El informe técnico indica que la documentación aportada no determina de forma precisa las áreas de afección del proyecto y, en concreto, los puntos de perforación. El inventario ambiental presentado por la constructora es “claramente deficiente”, al no tener en cuenta las especies protegidas, los hábitats naturales y los espacios integrados en la Red Natura 2000. “Se considera que no se ha realizado una adecuada evaluación del impacto ambiental de los trabajos incluidos en los proyectos de investigación y sus posibles repercusiones en el medio natural”, subraya el texto al que ha tenido acceso este periódico, 

En esta línea, en el documento “se cuestiona la conveniencia de autorizar unos trabajos previos al posterior desarrollo de actividades extractivas que se consideran incompatibles con la conservación” de la biodiversidad. Tal y como advierte el informe, el proyecto Tenáridos-FV-01 Pl. Muley, planificado sobre 25,07 kilómetros cuadrados en La Oliva, “incidiría de forma apreciable” en el estado de conservación de especies amenazadas como la hubara canaria, el guirre o el halcón tagarote. La mayor parte del terreno que se pretende estudiar está en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y limita con el Monumento Natural de Tindaya. 

El proyecto Verode, planificado sobre 18,77 kilómetros cuadrados en el municipio de Pájara, tampoco sería compatible con la Zona de Especial Conservación (ZEC) Cueva de Lobos ni en los ámbitos donde se han inventariado hábitats naturales de interés comunitario. 

La destrucción de hábitats de especies en peligro de extinción, vulnerables o con protección especial está tipificada en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad como infracción administrativa. En concreto, está prohibido destruir o deteriorar sus nidos, vivares y lugares de reproducción, invernada o reposo.

Por su parte, el proyecto Tenáridos-FV-02 P.I. Opáres, diseñado sobre cuatro cuadrículas mineras en Puerto del Rosario, también podría tener un impacto sobre el territorio. Dos asociaciones que presentaron alegaciones a este proyecto alertaron de que las exploraciones pretenden realizarse en zonas muy próximas a yacimientos arqueológicos y en lugares de nidificación y tránsito de aves amenazadas y en peligro de extinción.

Una puerta abierta 

En mayo de 2024, la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias confirmó a esta redacción que la empresa no había retirado ninguna de sus tres peticiones, ya sometidas a exposición pública. Tenáridos indicó entonces que ante las manifestaciones de oposición de las investigaciones por parte de las autoridades de la isla y parte de la población de Fuerteventura, la empresa se comprometía a no iniciar las investigaciones sin antes contar con la aprobación del Gobierno regional, del Cabildo y de los ayuntamientos. 

Tanto la máxima corporación insular como los tres ayuntamientos afectados ya han reiterado su oposición a la búsqueda de estos minerales en la isla. “No permitiremos actividades extractivas que pongan en peligro el equilibrio ambiental y nuestro patrimonio y territorio, que es Reserva de la Biosfera”, aseveró la presidenta de Cabildo, Lola García, en relación a este informe de Biodiversidad, solicitado por la propia institución a la Dirección General.