El incremento de los costes de producción derivados de la afección del decreto de autoconsumo impulsado por el Ministerio de Industria y Energía en la desalación con renovables – que pasaría de los 50 céntimos por metro cúbico a los 1,5 o incluso tres euros - obligará a los agricultores canarios a incrementar los precios de sus productos entre un 20 y un 40% o no pagar, lo que abocará al cierre alguna de las plantas de este tipo: unas cinco ubicadas en Gran Canaria y una en Fuerteventura.
Así lo afirma el apoderado de Soslaires Canarias - una de las tres empresas que se dedican a la desalación con renovables en el ámbito de consumo en las islas - Juan Lozano, que sitúa la afección en la zona norte de Gran Canaria en Agaete, Guía y Galdar mayoritariamente, mientras que en el sur se centra en Ingenio, Agüímes, Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana. Según sus cálculos, afecta directamente a 7.000 personas.
Los representantes de las entidades afectadas Soslaires Canarias S.L., Juliano Bonny Gómez S.L. y Agragua S.A. se reunieron este viernes con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que mostró su apoyo a los productores y rechazó que “los agricultores se vean obligados a dejar de lado la energía limpia y barata para volver a los fósiles, más caros, es una barbaridad”.
El consejero de Área de Sector Primario y Sostenibilidad Alimentaria, Miguel Hidalgo, considera la situación como “preocupante” y explica que “le hace un daño terrible” a la agricultura de exportación. Concretamente, puntualiza que afecta en un 70% al plátano, en un 50% al tomate y al 90% de los pepinos. Además de un porcentaje importante de cultivos emergentes en esta época, como el melón, que “se verán encarecidos”.
Hidalgo muestra su preocupación por unas 500 o 600 familias de la zona norte y sureste de la isla que poseen una parcela para el autoconsumo y que pueden trabajarla gracias a los “precios razonables” provenientes de estas plantas.
Añadir la excepción canaria antes del 10 de abril
Lozano manifiesta que los tributos que pagan hacen poco viable la desalación de agua de mar con autoconsumo. En algunas instalaciones, explica, los costes se encarecen el doble o el triple de lo que mantienen en la actualidad, porque además, los productores tienen que hacer una nueva inversión para adaptarse a las condiciones del decreto antes del 10 de abril, para lo que necesitarán abonar casi un 60% de la inversión que ya se ha hecho. En el caso de Soslaires, supone unos dos millones de euros para adaptar las instalaciones a las nuevas exigencias técnicas.
Lozano propone añadir la excepción canaria al decreto de autoconsumo, para que puedan seguir trabajando de la misma forma que en los últimos 15 años. “Llevamos desde el año 2001-2002 desalando con energías renovables a unos costos bastante adaptables para la agricultura”, precisa.
Asegura que la medida impulsada por el Ministerio frena a otras personas a acceder a esta fórmula de eficiencia energética y asegura que “inversiones que estaban encaminadas, en este momento son inviables por completo, no hay posibilidad ahora mismo de hacer autoconsumo”.
Los afectados se reunieron recientemente con el delegado del Gobierno, Enrique Hernández Bento, que ha sido subsecretario de Industria durante la última legislatura, y le explicaron “con pelos y señales” las afecciones del decreto, que “parecía muy fácil y sencillo, pero nos obligaba a modificaciones sustanciales”.
Lozano apremia a la Administración central a llevar a cabo la gestión “en tiempo”, porque “se puede hacer” aún con el Gobierno en funciones. En referencia a qué pasará de no haber cambios antes del 10 de abril, lamenta que “nos lo seguimos preguntando”.
Soslaires Canarias abastece a 735 agricultores, la sociedad limitada Juliano Bonny Gómez, a 800 trabajadores que desalan agua para el 90% de los cultivos de pepino en la Isla, mientras que Agragua, ubicada en el norte de Gran Canaria, destina la mayor parte de su actividad a las plataneras.
La desaladora del Cabildo, paralizada
El Cabildo se ha visto obligado a paralizar su proyecto de sacar a concurso una desaladora abastecida solo con energías renovables, para lo que se comprometió recientemente con la Mancomunidad del sureste a agilizar las gestiones necesarias para ceder “de forma inmediata” la segunda posición de Megaturbinas en el Puerto de Arinaga para la instalación de un aerogenerador.
Hidalgo explica que el decreto solo permite que las renovables abastezcan un tercio de las necesidades de la instalación y el resto se debería de suplir con energías fósiles. “Nos ha echado a perder todos los proyectos en los que ya estábamos trabajando y presentando en Industria”, lamenta.
El consejero confía en que la modificación de este apartado del decreto se lleve a cabo incluso con el Gobierno en funciones, porque “realmente no requiere sino de la buena voluntad del Ministerio, no tiene por qué pasar por ningún trámite parlamentario”.
El decreto de autoconsumo no permite tener más potencia de generación en las desaladoras de la contratada. Los productores suelen poner una potencia mayor renovable debido a que la energía proveniente del sol y el viento no es fija y por tanto no logran copar por completo durante todo el año las necesidades de la planta.
Los días del año que los molinos funcionan al 100% generan excedentes que vierten a la red eléctrica, que abarata la factura ciudadana y a su vez genera un beneficio a los productores, lo que puede suceder unas 900 de las 8.760 horas que tiene el año, explica el presidente de la Asociación Eólica de Canarias (Aeolican), Rafael Martell.
Este aspecto, el de exportar la energía cuando sobra, es el que prohíbe el decreto y el motivo de que se obligue a las renovables a no superar la potencia de la planta, lo que reduce a la mitad el ahorro energético. Sobre molino que sobra, el Gobierno permite convertirlo en generación, con lo que dependería del ‘pull’ energético.