Ramón decidió instalar en el tejado de su vivienda placas fotovoltaicas de 5,5 kilovatios de potencia (KW) desde noviembre de 2019. La instalación fue rápida y a los pocos meses pudo tenerla en funcionamiento. La electricidad de su casa, ubicada en el municipio de Santa Brígida (Gran Canaria), se genera gracias a las amplias horas de sol que caracterizan a las Islas. Incluso adquirió un vehículo eléctrico que recargaba gracias a la energía generada. Sin embargo, cuando quiso que su comercializadora (Endesa) le reconociera la compensación en la factura por verter excedentes a la red, se encontró con un muro bucrocrático. “Ha sido una pesadilla”, reconoce.
Más de un año después de que entrara en funcionamiento su instalación, con meses de papeleos y frustraciones, el usuario consiguió que le modificaran el contrato. Desde entonces, en el recibo que le llega cada mes le descuentan una parte del consumo del precio de la luz que se genera con los paneles de su casa. Si durante el día no se consume mucha electricidad y sobra energía, vierte a la red y la compañía comercializadora la compensa. Por ejemplo, si cuesta entre 0,08 y 0,15 euros el KW/h, se descuentan unos 0,03 euros el KW/h. Nunca saldría gratis.
Ramón, que ha pedido no ser identificado con su nombre real, ha reclamado también compensaciones por todos los meses en los que Endesa no le ha reconocido este derecho, pero se ha encontrado con el silencio como respuesta: “He presentado reclamaciones, pero me contestan que las han resuelto en plazo o favorablemente a sus intereses, sin darme más argumentos. Te dejan desamparado, parece que está organizado para que te hagan desistir”, añade.
Desde 2018, la tramitación administrativa para instalar placas fotovoltaicas de autoconsumo en Canarias se ha agilizado en comparación a los años en los que existía el impuesto al sol del ex ministro de Industria José Manuel Soria (2011-2015), cuando los palos a las ruedas de las renovables frenaron el desarrollo de las fuentes limpias en un territorio con alto potencial como Canarias. La normativa que regula estas instalaciones es de creación reciente: el Real Decreto 15/2018 y, sobre todo, el RD 244/2019, que reconocen al autoconsumo como un elemento fundamental en la descarbonización en España y, entre otras acciones, simplifican los trámites administrativos.
En el caso de instalaciones como la de Ramón, inferiores a 10 KW para suministrar energía a una sola vivienda, el trámite que debe realizar como usuario, en teoría, es sencillo: acceder a posibles subvenciones, contratar una empresa instaladora, registrar la obra en el Gobierno de Canarias y, si se quiere verter a la red los excedentes y obtener compensaciones, solicitar la modificación del contrato con la comercializadora, que puede ser Endesa, pero también Naturgy o Iberdrola.
“Primero miré si las subvenciones estaban abiertas”, recuerda Ramón, pues su proyecto costaba unos 6.000 euros. Unos paneles fotovoltaicos con 3 KW se aproximan a los 4.000 euros, pues el coste se mide por la potencia y la referencia es que cada kilovatio ronde los 1.000 euros, que se puede incrementar por el tipo de tejado o la conexión al cuadro eléctrico general. Para fomentar entre la ciudadanía el autoconsumo, el Gobierno de Canarias contempla dos subvenciones: una específica con hasta 2.500 euros por vivienda y otra más amplia, destinada a la mejora de la eficiencia energética con el uso de renovables en empresas y edificios residenciales, que puede alcanzar hasta los 90.000 euros por proyecto.
También instituciones insulares, como el Cabildo de Gran Canaria, tienen fondos destinados a estas acciones, tanto para casas como para empresas, hasta un máximo de 4.000 euros por instalación. Y los ayuntamientos ofrecen descuentos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o sobre construcción instalaciones y obras (ICIO). Hay municipios, como en Santa Úrsula (Tenerife), que cuentan con una bonificación de un 50% del IBI durante 25 años y un 95% sobre el ICIO. Pero hay otros, como en Las Palmas de Gran Canaria, donde a pesar de aplicar un 50% al IBI durante tres años, en la práctica, a la hora de presentar la documentación para beneficiarse de esta medida, se exige acatar también una ordenanza municipal de 2009 sobre captación de energía solar, que incrementa el papeleo y el gasto correspondiente. Esto provoca reticencias a la hora de desarrollar las placas en la ciudad más poblada del Archipiélago y, por ende, con mayor potencial para el autoconsumo residencial.
Para acceder a las subvenciones, las empresas dedicadas a la instalación de fotovoltaica también ofrecen asesoramiento. Antonio Guerra, copropietario de Solaruc (creada en 2003 en Arucas), explica que este tipo de entidades se encargan de colocar las placas y elaborar una memoria técnica, en la que incluye todas las características de la instalación. Este proceso puede tardar “de dos a cinco días”, dice Guerra. El siguiente paso es legalizar los paneles a través de la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias, un trámite del que también se hace cargo la empresa instaladora. Aunque según la normativa es preciso solicitar también al ayuntamiento correspondiente una licencia de obra, en la práctica el Ejecutivo regional no lo exige, a no ser que exista una legislación específica de autoconsumo en el municipio. En este caso, Ramón cuenta que remitió un comunicado al Ayuntamiento de Santa Brígida “por si fuese necesario obtener permiso antes de la instalación, pero no hubo ningún problema”.
Después el promotor envía el certificado final de la obra y la memoria técnica del proyecto a la Dirección General de Energía, para que registre y autorice la instalación de baja tensión, además de otorgar un código de autoconsumo. Pueden pasar “de dos a cuatro meses, incluso un poco más durante el verano”, señala el copropietario de Solaruc, principalmente a causa de la falta de personal en la administración. Ramón recuerda que la instaladora finalizó su trabajo en febrero de 2020 y el Gobierno de Canarias legalizó el proyecto en mayo de ese año. Y cuando tan solo queda que la comercializadora modifique el contrato previa solicitud del usuario para compensar la energía, se elevan los obstáculos. En el caso de Ramón, tardó 13 meses.
El consumidor dice que le llegó un comunicado de Endesa en junio de 2020 informando que tenía conocimiento de que se habían instalado paneles fotovoltaicos en su vivienda y le requerían documentación al respecto. La misma que envió la empresa instaladora a la Dirección General de Industria y a la que tiene acceso la distribuidora de electricidad (Endesa), que a su vez podría realizar este trámite con la comercializadora. También le reclamaba la subsanación de un error.
“Me comunican que hay un error en la potencia porque en el certificado de la instaladora aparecen 5,5 KW, pero el Gobierno de Canarias reflejaba 8 KW, que es la capacidad máxima que tiene el inversor. La instaladora vuelve a presentar el documento corregido y este proceso tarda unos meses”, explica Ramón. A finales de noviembre, Endesa recibe toda la documentación del Gobierno de Canarias, pero en enero de 2021 el usuario sigue sin la compensación.
“Entonces intenté contactar con Endesa a través de la atención al cliente para que me activaran la compensación de excedentes, pero no me contestaban o no me ayudaban. Me han dejado colgado al teléfono en varias ocasiones o me han puesto excusas para no darme los datos. Después de mucha insistencia, accedieron a activarla en junio de 2021”, relata Ramón. Sin embargo, cuando le llegó la factura de la luz en julio, no se reflejaba la compensación. Le dijeron que se le aplicaría a partir de agosto porque fue activada a finales de julio.
Aunque reconoce que la factura de la luz que paga ha descendido desde que instaló los paneles, Ramón critica que durante más de un año ha vertido energía sobrante en la red sin obtener nada a cambio. A su juicio “es perverso”, porque su comercializadora “decide cuando empieza a compensarte y, mientras más tarde, mejor para Endesa”. Ante la falta de transparencia de la entidad para ayudarle en el proceso de reclamar el descuento de parte de la factura durante los meses en los que ha vertido excedentes sin compensaciones, asegura que está analizando alternativas, como acudir a Consumo o a la vía judicial.
En los últimos años, la demanda de instalaciones de paneles fotovoltaicos en viviendas ha aumentado en las islas. Guerra explica que “a partir de 2018 se ha notado un incremento” y actualmente dice que Solaruc instala en Gran Canaria entre 12 y 14 proyectos al mes, sobre todo a raíz de la subida del precio de la luz. Además, considera que el trámite burocrático también se ha agilizado respecto a antes de 2018: “Hace tres años se tardaba entre ocho y 14 meses en compensar la energía, como mínimo”, y en 2021 considera que se han dado casos en los que se ha llegado a reducir el proceso hasta la mitad.
En Canarias, la potencia fotovoltaica en autoconsumo actualmente en funcionamiento se sitúa en 12,8 megavatios (MW), según datos de 2019 recogidos por la Estrategia de autoconsumo fotovoltaico del Gobierno regional, elaborado por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC). Se trata de una pequeña parte de toda la potencia fotovoltaica instalada en las islas, que representó en torno al 3% del mix energético total demandado en el Archipiélago e integrado en el 17% renovable, según la Consejería de Transición Ecológica.
En el documento, el ITC refleja que en Canarias existen 113 kilómetros cuadrados de superficie cubierta apta para la instalación de paneles fotovoltaicos destinados al autoconsumo, que permitirían una potencia de 11.233 MW. Sin embargo, se trata de un análisis que está lejos de poder llevarse a la realidad, ya que tendría unos altos niveles de energía excedentaria en la red y se vertería más de la necesaria. Pero sí plantea la instalación de 1.271 MW de potencia fotovoltaica en régimen de autoconsumo en el horizonte de 2040, lo que supondría dedicar un 7,5% del área total disponible sobre cubierta para la generación de electricidad y una cobertura del 10% de la demanda anual con excedentes.
Pero para fomentar la instalación de paneles solares destinados al autoconsumo, la Estrategia de autoconsumo fotovoltaico de Canarias también establece que se deben mejorar ciertos aspectos, como fijar plazos máximos de respuesta; guías de autoconsumo de ámbito regional o local que expliquen los trámites a realizar; campañas de promoción y una unificación de criterios en las ordenanzas municipales. Todo ello, con la finalidad de cambiar el paisaje de los tejados en las islas y contribuir a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, en la línea marcada por la Ley de Cambio Climático de España, los objetivos fijados por la Unión Europea o la última evaluación científica del Panel Internacional de Expertos de la ONU.
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