El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (UE) ha criticado duramente en un informe especial el derroche innecesario que han supuesto las multimillonarias ayudas destinadas desde el año 2000 a la ampliación de aeropuertos en regiones estructuralmente débiles de Europa, y cita el caso de Fuerteventura.
“Se fomentaron demasiados aeropuertos y los proyectos en muchos casos eran sobredimensionados”, señala el informe de los auditores que se publica el martes y que este domingo adelanta el semanario Der Spiegel.
El documento, que cita el caso de diversos aeropuertos españoles, señala además que los beneficios para los viajeros en muchos lugares “no son cuantificables ni demostrables” a pesar de que las inversiones desde 2000 ascienden a un total de 4.500 millones de euros.
Según los auditores, siete de los veinte aeropuertos analizados presentan pérdidas y existe el riesgo de que se vean obligados a cerrar o a ser mantenidos a la larga por los contribuyentes.
Asimismo, solo en la mitad de estos veinte aeropuertos las medidas de mejora de las instalaciones, subvencionadas con dinero europeo, eran realmente necesarias.
La situación más grave se observa en España, el mayor receptor de las ayudas europeas en esta materia, apunta el documento.
Así, la nueva terminal del aeropuerto de Fuerteventura, en las Islas Canarias, que con las ayudas europeas amplió de diez a 24 el número de puertas de embarque y de siete a quince el de cintas transportadoras de equipaje, tuvo que cerrar seis de sus puertas.
Según las previsiones más recientes, el aeropuerto no estará en disposición de utilizar la totalidad de su capacidad hasta 2030 a pesar de las buenas cifras turísticas.
Otro caso criticado es el aeropuerto de Córdoba, que recibió de los fondos de la UE 13,5 millones de euros para ampliar su terminal, en la que se invirtió un total de 85 millones de euros y cuyas instalaciones están siendo utilizadas para el aterrizaje y como aparcamiento para aviones gubernamentales y aparatos privados.
A pesar de su ultramoderna pista de aterrizaje, el número de pasajeros cayó a la mitad entre 2009 y 2013 hasta los 130 viajeros semanales.
Los auditores citan, asimismo, el caso del aeropuerto de Ciudad Real, que costó mil millones de euros y que cerró sus puertas en 2012.
Las multimillonarias cantidades destinadas a los alrededor de 500 aeropuertos europeos se utilizó en muchas ocasiones sin sentido ni razón, señala el informe.
Además, agregan los inspectores, en cuatro de los cinco países analizados -España, Italia, Grecia y Estonia- no existía si quiera un plan nacional de aeropuertos a largo plazo, por lo que la ampliación de las instalaciones se llevó a cabo sin coordinación alguna.
Aeropuertos fantasma como el de Castellón (este de España) existen en toda Europa, subraya el documento, pero la culpa no es solo de los políticos de provincia con aires de grandeza, señala, sino también de una política europea de subvenciones totalmente equivocada e “insuficientemente supervisada”, concluye.