La defensa del dueño de Grupo Europa cuestiona la investigación policial
La imparcialidad y la observación de la legalidad en las investigaciones policiales del llamado caso Grupo Europa han sido cuestionadas este miércoles por la defensa de su principal imputado, el empresario José Manuel Antón, para negar las acusaciones de corrupción en la construcción de viviendas sociales.
La defensa ha aprovechado la comparecencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias del inspector de Policía que dirigió el caso para tratar de rebatir por esa vía los cargos contra Antón, al que se acusa de organizar una trama de pago de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde, en Gran Canaria, para que le adjudicaran promociones de viviendas sociales con ayuda del diputado autonómico del PP Jorge Rodríguez.
Al interrogar al que fuera instructor de la causa en la Brigada de Policía Judicial de Las Palmas, presente en una jornada de la vista oral del juicio programada para este miércoles en calidad de testigo, el letrado del empresario ha cuestionado tanto sus métodos como las decisiones que se adoptaron bajo sus órdenes mientras investigaba la presunta trama e, incluso, su historial profesional.
La defensa ha llegado, en esa línea, a poner en tela de juicio las diligencias llevadas a cabo por él o por su equipo, sobre las que directamente le ha preguntado si no “las manipulaban” y “hacían lo que querían”, recoge Efe.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, José Ramón Navarro, ha interrumpido en ese punto al abogado de Antón para aclarar que no procedía que el inspector respondiera a eso, puesto que comparece como testigo de la causa y no como acusado.
La representación legal del empresario ha sacado a colación también hechos como que el instructor del caso fue en una ocasión objeto de una querella en la que se le acusaba de falsificar pruebas para tratar de imputar a un concejal del PP en otro caso de presunta corrupción que investigó en el municipio de Mogán, también en Gran Canaria.
Algo a lo que este ha respondido quitándole importancia y señalando que “es habitual que los investigados presenten querellas” contra los policías que intervienen en sus causas, ya que “son mecanismos de defensa” de los que se valen para tratar de eximirse de culpa. “A mí me han acusado de muchas cosas”, ha declarado.
Este policía ha subrayado frente al letrado, que ha querido especificar que quien le acusaba en esa ocasión era otro agente de la Policía Nacional, que se trataba de “un compañero que previamente había sido imputado también”, y argumentando que lo hacía para intentar poner en cuestión sus pesquisas en ese proceso.
El defensor le ha preguntado además por su trayectoria profesional, que le ha llevado en los años posteriores a la instrucción del caso Grupo Europa a dejar el Cuerpo Nacional de Policía para entrar a trabajar en la Agencia Tributaria, insinuando que su nuevo puesto, que ha aclarado que es de libre designación y no resultado de una oposición, podría haber sido una recompensa.
La defensa ha planteado, en esa línea, que actualmente tendría un sueldo “mucho mayor” y una carga de trabajo “muchísimo menor” que como policía nacional, afirmaciones ambas que el entonces agente ha negado, sosteniendo que su sueldo ha aumentado algo, pero que también lo han hecho, y en mayor medida, sus obligaciones laborales.
Como circunstancias que supuestamente invalidarían los resultados de las investigaciones que han llevado al banquillo al propietario de la sociedad Gestión de Cooperativas Europa, al diputado Jorge Rodríguez y otros cinco procesados que hay en este caso, el defensor de Antón ha cuestionado, por otra parte, el aparente desacuerdo entre las fechas de algunas diligencias y sus números de registros.
Así, ha interrogado al testigo sobre por qué escritos de marzo de 2007 tenían números de registro posteriores a otros fechados en abril o mayo, lo cual el instructor policial ha asegurado que era habitual, debido a que algunas diligencias se registran apenas se ponen en marcha y otras, como algunas derivadas de investigaciones previas, tras haber concluido todas las gestiones relativas a ellas.
Además, el letrado ha planteado que los policías del caso, que intervinieron diversa documentación y varios ordenadores en distintos registros de domicilios y oficinas a lo largo de sus pesquisas, optaron por investigar y dar curso al material que podría respaldar las tesis del principal acusador del caso, Francisco José Benítez Cambreleng, y rechazaron otro que ponía a este en cuestión.
Benítez Cambreleng, que acudió a la Policía a denunciar la presunta trama de corrupción en calidad de exgerente de la empresa de Antón, figuraba como acusado de haber sustraído dinero del grupo Europa en un dossier incluido entre el material incautado en uno de esos registros al que, sin embargo, los investigadores no dieron importancia, ha dicho el abogado del principal encausado.
A su juicio, eso podría ser indicio de que Benítez Cambreleng denunciaba falsamente a Antón “como una venganza”, planteamiento frente al cual el instructor policial ha sostenido que su trabajo se desarrolló “objetivamente” y que no se dio curso a aquel dossier por no considerarlo relevante para el caso.
