Nueva vuelta de tuerca procesal en el juicio al diputado canario del PP Jorge Rodríguez, en el denominado #casogrupoeuropa dentro de la trama matriz Faycán contra la corrupción en el Ayuntamiento de Telde. Después de una tercera sesión dedicada en exclusiva a interrogar al inspector de Policía encargado de la investigación de esta pieza separada que se juzga en el Tribunal Superior canario, las defensas de los acusados han pedido al presidente de la Sala y del TSJC que se llame a declarar al anterior agente responsable del caso troncal Faycán, que lo fue desde 2005 hasta su cese y relevo por el actual testigo, un año después.
Fue al final de una mañana dedicada por entero al policía encargado de la instrucción de la pieza separada de Grupo Europa, y de Faycán desde septiembre de 2006 cuando su antecesor fue apartado, imputado por revelación de secretos [supuestamente informaba a presuntos corruptos investigados por sus compañeros] y detenido aunque finalmente fue archivado el caso por falta de pruebas, cuando letrados de los acusados solicitaron al tribunal la testifical del inspector cesado en 2006. El presidente admitió la petición, pero derivó la decisión sobre la idoneidad de ese testimonio para después de evacuar todos los testigos, en abril.
Ese mismo inspector de Policía que las defensas pretenden ahora que testifique en el juicio ha interpuesto varias querellas contra su sucesor, el testigo principal de estos primeros días de vista, por una serie de delitos que solo han llegado a tramitarse en un juzgado de San Bartolomé de Tirajana con la imputación a tres agentes y a este periodista de Canarias Ahora de un conglomerado de acusaciones relacionado con la presunta revelación de secretos. El juez de ese caso solo ha tomado declaración a los imputados, hace ya 32 meses, y nada más.
Lo más llamativo de la petición de las defensas de los acusados por esta trama de corrupción política en el Ayuntamiento de Telde es que el inspector de Policía que desean convertir en testigo, iniciado el juicio y tras haber sido rechazada por el TSJC su testifical, ha estado desde el 17 de enero presente en todas las sesiones de la sala de vistas 15 del Edificio Judicial de Las Palmas de Gran Canaria, con lo cual sería imposible su testimonio por “contaminación” de lo que ya ha escuchado, incluida toda el testimonio de su excompañero de Brigada, al que le ha interpuesto diversas querellas después de que fuera detenido junto a otros dos agentes en abril de 2007.
Es más, este periódico ha sido testigo, durante un receso de la sesión del miércoles pasado, no solo de la presencia en la sala del inspector cesado en 2006 que se solicita como testigo, sino cómo este, fuera de la misma, departía con acusados y abogados en apariencia comentando a unos y otros aspectos del desarrollo del juicio, y en especial, del testimonio de su sucesor al frente del caso Faycán y también del caso Góndola, en el municipio de Mogán, donde figura una derivada del caso Grupo Europa relacionada con el grupo de gobierno del PP moganero.
En concreto, el miércoles lo hizo distendidamente con el abogado de Juan Carlos Saavedra, exgerente de Urvitel, y el propio acusado, precisamente el letrado que pidió este jueves su testifical. En ese receso también se acercó José Luis Mena a charlar con el inspector, que antes lo hizo, de pasada, con el propietario de Grupo Europa, José Manuel Antón Marín.
El inspector cesado en 2006 que aspiran las defensas a que sea testigo ha estado acompañado, en parte del juicio, por otro subinspector ya jubilado del Cuerpo que también fue detenido por revelación de secretos en 2007, aunque finalmente su causa fue archivada. Fue, fundamentalmente, el caso de cómo los acusados de Faycán supieron de la existencia de la libreta de Toñi Torres, una pieza clave para la investigación matriz y objeto de controversia en esta pieza separada, cuya custodia se perdió de forma momentánea en esos días del otoño de 2006, cuando se produjo el relevo de inspectores, y una fotocopia de la misma circuló por Telde.
Ambos policías -uno ya jubilado y otro en ejercicio- han acompañado al diputado del PP Jorge Rodríguez, acusado en esta causa por tráfico de influencias, en anteriores recesos de la vista, según ha comprobado este periódico, formando parte de una especie de corte de asesores del político contratado por el propietario de Grupo Europa.
La conspiración, vuelta del revés
La guinda fue la petición de una testifical intoxicada de cuerpo presente, pero, al igual que en la sesión anterior, hubo más teoría de la conspiración. Desde el abogado del exgerente de Urvitel hasta el del asesor (llamado jefe en la denuncia) de Patrimonio, pasando por el exjefe de Urbanismo, todos transitaron por la vía de la denuncia politizada, hasta el punto de darle máxima importancia al cese en 2006 del inspector tan citado. Una y otra vez preguntaron a su sucesor si se debió a una “decisión política” por lo “riguroso” y “profesional” que era su excompañero.
Y no solo eso. Los abogados quisieron saber a qué se debió también su cese, en 2012, al frente de un grupo de Información, si fue “por su parcialidad política”, si “le recriminaron que no fuera neutral” investigando, y hasta por su impresión a la hora de recibir el cese tres años después de terminada la instrucción de Faycan y tras la entrada del PP y José Manuel Soria en el Gobierno de España. “Puedo pensar que no obedece a una situación objetiva, porque los resultados del grupo eran buenos, se trabajaba con normalidad, y a todo el mundo sorprendiò el cese”, dijo.
Hubo más, desde un sinfín de preguntas, otra vez, de cómo y por qué se hizo el contacto con el denunciante en su casa, y no en comisaría, hasta cuándo y cómo se trasladaban al juez las documentales aportadas por el denunciante. O si datos que figuran en la famosa libreta de Toñi Torres con el nombre de “Paco” no se referirían, en vez de al exalcalde Valido [motivo por el cual fue detenido, junto a la actual alcaldesa, en noviembre de 2006], al propio Cambreleng y por tanto entre este y la exconcejal fallecida hubiesen montado una trama para robar el dinero a Antón...
Solo el abogado de José Luis Mena profundizó en un debate técnico sobre licencias y eficacias de las mismas en el periodo investigado, o si no detectaron los policías en los pinchazos a Toñi Torres llamadas con Antón Marín, pero de nuevo, la conspiranoia, volvió a marcar otra jornada para los anales, en donde se llegó a afirmar, por parte de la defensa de Pedro Pablo Santana, que si este periodista “tenía tanto nivel de conocimiento que puntualizaba al denunciante, ¿no pudo caber la sospecha de que hubiese guionizado la denuncia?” (sic).
Próxima sesión, el 6 de marzo.