Jorge Rodríguez no manda en el PP
Fueron unos golfos que se confabularon para asaltar las arcas públicas del Ayuntamiento de Telde [en esta pieza separada número 38 del caso Faycan; que otras, las hay], por medio de una necesidad social tan sensible como la vivienda pública, pero quien abrió la puerta del despacho político donde se guardaba la llave del “negocio ilícito”, todo un portavoz del grupo parlamentario del PP canario y mano derecha del jefe José Manuel Soria, no lo fue.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha condenado a duras de penas de cárcel a tres de los principales acusados en la trama de corrupción política conocida como caso Grupo Europa, dos empleados públicos de Telde, uno de ellos con demasiado poder en ese municipio, y al empresario corruptor que sobornó a casi todos para conseguir un contrato de asistencia técnica a una empresa municipal para la promoción de viviendas, pero no da por probado que la llave del diputado Jorge Rodríguez, aunque los jueces tengan una copia, fuera clave para delinquir.
Y eso que los hechos probados en la sentencia conocida este miércoles reflejan claramente el papel del diputado autonómico en el “negocio ilícito” de Grupo Europa, destapado por Canarias Ahora en 2007 y corroborado casi al milímetro en esta sentencia en la que se detalla cómo este político y hombre fuerte del PP canario cobraba de la empresa por supuestos trabajos que han sido catalogados de “raros” por los peritos judiciales de Hacienda, cuando su defensa aportó a la causa justificaciones a posteriori por haber percibido más de 64.000 euros de la promotora.
El relato de los hechos, conocido desde 2007, no se aparta de lo contado en origen por Canarias Ahora: Jorge Rodríguez, alto cargo del PP canario, ejercía de introductor de Grupo Europa en los ayuntamientos gobernados por su partido en la isla, y así al menos en Telde pudo conseguir la mercantil de su pagador, José Manuel Antón Marín, un suculento contrato de asesoramiento a la empresa pública Urvitel. Jorge Rodríguez se dedicaba, exclusivamente, a no mancharse las manos más allá de lo imprescindible, y con el simple toque en la puerta municipal ya daba por finiquitado su trabajo para la empresa que quería copar el negocio VPO.
Ratifica la sentencia que Rodríguez presentó a su cliente, Antón Marín, a la ya fallecida exconcejal de Vías y Obras de Telde y consejera delegada de Urvitel María Antonia Torres, y que a partir de entonces, las ilegalidades que hiciera Antón con los de su partido en Telde son cosa aparte juzgada y condenada. Con ejemplaridad, además. Pero no hay prueba suficiente para que su señoría del PP merezca reproche penal alguno, siquiera un tráfico de influencias, que no cohecho por cobrar de una firma que consigue un contrato público, ni cuando intercede ante el alcalde, dos años después, por el bloqueo provocado al estallar el caso Faycan.
El fiscal Anticorrupción Luis del Río entendió que los dos delitos cometidos por el diputado del PP fueron precisamente esos: no el primer acto de haber abierto las puertas del Ayuntamiento de Telde a Grupo Europa, sino intentar mediar un par de años después ante los problemas de la promotora para llevar a cabo su “negocio ilícito”, precisamente por tantos escollos burocráticos que pretendió superar el empresario con el pago de comisiones ilegales a quien hiciera falta: documentados quedan 240.000 euros para untar a políticos y funcionarios del municipio isleño.
La trama corrupta fluía por un canal, según la sentencia, y el introductor político iba a la par por otro totalmente ajeno al conchabeo. Así se explica por el tribunal las dos intervenciones clave de Jorge Rodríguez, por entonces portavoz del PP en el Parlamento canario y conocido hombre de máxima confianza en el partido liderado por el ahora ministro José Manuel Soria. El TSJC no considera que sus entrevistas con los cargos municipales de Telde en nombre y defensa de la promotora puedan considerarse como “presión” a la concejal Martín y el alcalde Paco Valido.
“No hay pruebas suficientes para demostrar que hubo prevalimiento” del diputado Rodríguez sobre la concejal o el alcalde, más allá de la denuncia del exgerente de Grupo Europa, que en todo caso, se limitó a revelar la existencia de esas reuniones en las que la tension en Telde era máxima, justo cuando medio grupo municipal del PP estaba en la cárcel por el estallido desde marzo de 2006 del caso matriz Faycan, con la detención, precisamente, de Toñi Torres.
El TSJC, en su sentencia absolutoria para el diputado, se fundamenta en los testimonios de la concejal y el alcalde, todavía ambos en activo en el PP, que dijeron que no se sintieron presionados por el diputado, y que ellos “no eran subordinados” de Jorge Rodríguez. La palabra de estos dos políticos ha sido clave, dado el peso incuestionable que le da el tribunal.
In dubio pro reo, sentencia la Sala de lo Civil y Penal del TSJC con el actual presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda, como ponente. Las dudas son del tribunal y el reo no es otro que el único aforado de esta pieza aparte de un caso mayor todavía pendiente de juzgarse, que ya la Audiencia Provincial de Las Palmas ha dicho que no lo hará antes de las elecciones de mayo, ni por quien “asó la manteca” (sic). Se segregó Grupo Europa de Faycán por los tiempos que marcó el propio político aforado: dimitió en 2007 al conocerse el escándalo y fue de nuevo en las listas del PP, en 2011, cuando ya se sabía que iba ser juzgado.
Entiende el tribunal, entre otras cuestiones, que no hay materia para una condena a pesar de algunos correos electrónicos entre el pagador y el político, que le ponen al tanto de la trama y todas las dificultades del empresario para sacar adelante el negocio entre tanto golfo presente, que quedan retratados tal cual en los hechos probados: cometieron cohecho tanto todo un jefe omnímodo de los servicios de Urbanismo de Telde como José Luis Mena, como el gerente de Urvitel de la época, Juan Carlos Saavedra Guadalupe, y también el responsable de Patrimonio del ayuntamiento, Pedro Pablo Santana Marrero.
Por esos delitos, y por otros en concurso, afrontan penas de cárcel de entre cuatro y siete años, que se han sustanciado en el alto tribunal canario, en vez del juzgado ordinario que toque a la matriz del caso Faycán -elecciones municipales mediante para salvagurdar la carrera de una de las principales acusadas, la actual alcaldesa, Mari Carmen Castellano- porque a Jorge Rodríguez le tocó volver a representar en el Parlamento a Gran Canaria en nombre del PP.
