Otro caso contra la alcaldesa de Mogán acaba en el cajón de los archivos sin declarar una testigo clave

Otro caso judicial más abierto contra la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Juntos por Mogán/Coalición Canaria), queda archivado en su partido judicial de San Bartolomé de Tirajana por no apreciar la jueza instructora indicios de delito, siguiendo el criterio de la Fiscalía, aunque tanto una como otra han obviado durante todo el proceso la versión de una testigo clave, imputada por error, y que se negó a declarar bajo tal condición de investigada.

Se trata del presunto amaño entre el grupo de gobierno de Onalia Bueno y el empresario Luis Oller Daza, propietario de la mercantil Cornisa del Suroeste SA, que mantenía un litigio con el anterior grupo de gobierno de Francisco González (PP) por unas presuntas facturas impagadas por parte del Ayuntamiento. Todo ello, dentro del marco de la guerra por el control del agua de abasto en el municipio de Mogán, que en 2015, antes de las elecciones que dieron la victoria a Onalia Bueno sobre Paco González, pretendía este remunicipalizar.

El auto de la jueza de Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana, Raquel Lora Peón, exculpa de los delitos apreciados por los informes de la Guardia Civil tanto a Onalia Bueno como al empresario Luis Oller, así como otros funcionarios del Ayuntamiento de Mogán, que a juicio de la policía judicial se pusieron de acuerdo para sustanciar una serie de créditos a favor y en contra del Ayuntamiento por un valor final de unos 500.000 euros como contraprestación a la financiación de la campaña electoral del anterior partido de la alcaldesa, Ciudadanos por el Cambio (Ciuca), durante las elecciones de 2015.

Según la jueza, el acuerdo alcanzado entre las partes por valor de 475.092,27 euros a favor de la mercantil de Luis Oller tiene plena vigencia y legalidad porque fue ratificado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, mediante el auto de 13 de junio de 2019 que declaró que tal acuerdo tras 4 años de mediación intrajudicial administrativa no se apreciaba que fuera contrario al ordenamiento jurídico ni lesivo del interés público o de terceros.

Tal motivación se basa exclusivamente en las declaraciones de los investigados, que dijeron en sede judicial que nunca hubo amaño, e incluso Luis Oller llegó a arrepentirse de haber abierto la mediación intrajudicial “porque en un juicio habría obtenido más dinero, porque la mediación duró 4 años…”, y en ningún momento da por buenos los argumentos de los investigadores de la Guardia Civil, que señalaron indicios de delito de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos de Onalia Bueno, su teniente de alcalde Juan Mencey Navarro y el coordinador general del Ayuntamiento de Mogán, Salvador Álvarez León, así como indicios de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por parte de David Chao Castro, secretario accidental y Gonzalo Martínez Lázaro, interventor, e indicios de cohecho y tráfico de influencias en el caso del empresario presuntamente beneficiado, Luis Oller Daza.

Tampoco se ha tenido en cuenta en todo este procedimiento la declaración de una testigo clave, la funcionaria del Ayuntamiento Patricia H., que siempre fue llamada a declarar en calidad de imputada, cuando en ningún momento de las diligencias previas tuvo la condición de investigada. A diferencia de un investigado, un testigo está obligado a declarar y a decir la verdad en una causa judicial, bajo apercibimiento de que, en caso contrario, puede incurrir en un delito de falso testimonio, castigado con penas de cárcel.

En el momento de los hechos, la funcionaria era la jefa de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Mogán y fue apartada de la mediación intrajudicial porque, como recoge el informe de la Guardia Civil que dio pie a esta investigación, “no estaba dispuesta a someterse al acuerdo” entre la empresa y el ayuntamiento.

El archivo de esta causa, una de las cuatro piezas separadas que se desgajaron de la investigación principal por presunta compra de votos en 2015 y 2019, es la segunda que queda archivada. Todavía quedan dos más abiertas pero como en la totalidad de casos en la que se ha visto inmersa la alcaldesa de Mogán todo apunta a nuevos carpetazos de investigaciones judiciales que a lo largo de más de 20 años nunca han traspasado la frontera de su partido judicial, San Bartolomé de Tirajana.