La instrucción de todas las piezas del caso Unión ya va llegando a su fin. Tan sólo quedaban dos piezas: la que investiga el patrimonio de Dimas Martín y la llamada operación Jable, relacionada con el Ayuntamiento de Arrecife y dos grandes empresas: Urbaser y FCC. Ahora ya sólo queda una. En esta última pieza ya hay escritos de acusación, entre ellos el de la acusación popular, ejercida por Transparencia Urbanística. Falta el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción.
Con el cierre de la instrucción, tan sólo falta que se fijen las vistas orales de los juicios pendientes. Quedan por juzgarse la pieza de la casa de Los Rostros, que estaba prevista para este mes de noviembre y que se ha vuelto a posponer, por quinta vez, al mes de febrero; el juicio por el procedimiento del Jurado del soborno de Luis Lleó a Carlos Espino, que dio origen a la investigación y que se ha retrasado ya más de tres años desde que se conoció la acusación de Fiscalía en el año 2013, y queda por fijar la fecha de la otra pieza que acumula mayor número de imputados: las comisiones ilegales de miembros del PIL en Arrecife, de la que aún no se sabe cuándo será la vista oral a pesar de que la instrucción finalizó a principios de año.
Transparencia Urbanística, en la pieza de la operación Jable, pide que se sienten en el banquillo 17 personas, y dos más como participantes a título lucrativo, que supuestamente se habrían beneficiado de los delitos cometidos. Solicita penas que van desde los 22 años de prisión para la exalcaldesa Isábel Deniz y el exjefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Rafael Arrocha, hasta penas que no comportan cárcel, como el año de multa que se solicita para tres de los administradores de la sociedad Gamma Install: el actual presidente del Casino Club Náutico, Julio Romero y los ingenieros Rafael Corujo y Daniel Hernández.
La acusación se divide en tres partes. La primera tiene que ver con el contrato de la basura, la segunda con el de parques y jardines, y la tercera con el pabellón de Argana. Déniz y Arrocha están implicados en las tres y les piden ocho, ocho y seis años de prisión, respectivamente. El otro encausado que estaría implicado en las tres tramas es el ex secretario de Arrecife, Felipe Fernández Camero, al que le piden una pena que suma 19 años.
Los directivos de Urbaser, que fueron detenidos durante la operación, estarían implicados en dos tramas y les piden 16 años de cárcel en total. Se trata de Stephan Jean Balverde, Francisco Martínez Llerandi, Santiago Alonso, Manuel Martínez y el gerente de la empresa en la Isla, Jacinto Álvarez. A Dimas Martín y Matías Curbelo les piden ocho años de prisión a cada uno de los dos, por su participación en la primera de las tramas, al igual que al ex secretario de organización del PSOE y funcionario del Ayuntamiento, Miguel Ángel Leal.