Reflexionaba e intercambiaba impresiones hace unos días con una buena amiga, periodista de carrera, pero que trata de ganarse la vida como activista social, a caballo entre Madrid y el recio medio rural castellano, acerca de la utilidad de las campañas electorales y sobre cuál debería ser su verdadera finalidad.
Y concluimos que al igual que a los partidos ese sprint final ya les sirve para muy poco -todo lo más, para asentar tendencias positivas, pues corregir las negativas, como el estudiante que quiere asimilar el temario una hora antes del examen, es bastante más difícil- están también por ver, sobre todo, los beneficios que reporta al sufrido elector. Porque no siempre ese último tramo antes de la cita con las urnas facilita una mayor diferenciación a los ojos del personal de las ofertas de cada cual. Y porque, con la algarabía mediática y el ruido de mensajes cruzados de estos días, aún es más dudoso que se clarifiquen los intereses que se esconden detrás de cada candidatura y que se pueda distinguir mejor la trama sociológica que hay detrás de la batalla. Una batalla que, en realidad, se libra todos los días del año, sin necesidad de que haya comicios, en las instituciones y en la sociedad en su conjunto, y particularmente en los medios de comunicación.
Aunque las citas electorales constituyan siempre jalones importantes en el devenir de las sociedades y de los pueblos. Y aunque de ésta en cuya campaña estamos inmersos se haya dicho ya todo lo imaginable en torno al fin del bipartidismo, el cambio de ciclo, la regeneración y la irrupción en el panorama de un nuevo sistema de partidos.
Porque, en realidad, las batallas vienen siempre de más antiguo. Y sin necesidad de remontarnos a 1931 para decir que fueron unas elecciones municipales -como éstas- las que trajeron la II República -más que nada porque con éstas del 24-M no se va a proclamar la III por mucho que algunos lo soñasen- no es malo recapitular (que no capitular) que fue precisamente en las últimas municipales, las de 2011, cuando se inició toda esta historia, durante aquella primavera en que Zapatero y Rubalcaba daban las últimas boqueadas en el Gobierno, estallando como consecuencia de la crisis económica todas las contradicciones del socialismo ibérico, y con las mareas de indignados acampando en todas las plazas de toda España gritando “que no nos representan” en referencia al PSOE y el PP.
La culminación de aquellos días de fronda en los que la madrileña Puerta del Sol volvió a acreditar su título de rompeolas de todas las Españas tuvo lugar en las Europeas de hace un año con la irrupción de Podemos (1.245.000 votos con apenas 150.000 euros de presupuesto) y la traducción política electoral de todo aquel movimiento del 15-M. Lo que menos gente conoce es que desde el mismo instante de la eclosión electoral de la nueva formación, el sistema comenzó a organizarse lampedusianamente para que nada de lo esencial cambiase más que lo mínimamente necesario para que fuese posible que todo siguiera casi igual: primero, con el relevo de Juan Carlos por Felipe VI, y después con operaciones como el indisimulado respaldo financiero y mediático a Ciudadanos frente a UPyD, para frenar el ascenso de Podemos y organizar un partido nuevo que pelee contra el nuevo actor de la política nacional, por aquello de la novedad, con más éxito que ningún otro. Y si, además, su programa es netamente liberal en lo económico, frente al más social de UPyD, miel sobre hojuelas.
Lo que les cuento no es fruto de mi imaginación e incluso ha habido declaraciones públicas al respecto (y vídeos que lo atestiguan), como la que el 25 de junio pasado, al mes de la aparición de Podemos, efectuó el presiente del Banco de Sabadell, Josep Oliu, en un evento organizado en Madrid por la todavía entonces presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, una señora que poco después daría bastante que hablar al mostrarse contraria a la contratación de mujeres en edad fértil y que terminaría por abandonar dicho cargo.
“Necesitamos un Podemos de derechas porque, coño, el Podemos que tenemos nos asusta un poco, Un Podemos más orientado a la iniciativa privada y a la posibilidad de desarrollo del país sí que nos convendría”, señalaba el banquero aquel día ante la atenta mirada de Oriol.
Y el hombre incluso fue más allá y no se cortó un pelo al decir que esa nueva formación de índole netamente liberal era muy necesaria porque “ni el PSOE ni el PP” representan a “los intereses empresariales y ninguno de ellos es en realidad profundo defensor de la actividad privada y la iniciativa privada”.
Por supuesto que para esta gente que maneja los hilos de la economía y que constituye eso que se llama el ‘stabishment’ se daba por descontado que el nuevo partido sería algo más flexible y laxo en materia de corrupción no ya que Podemos, sino que la propia UpyD. Y es que el jacobinismo de los magentas y su afición a presentar querellas contra los partidos del sistema y el poder financiero (a fin de cuentas, Albert Rivera no sólo procede de las juventudes del PP, sino que ha sido trabajador de La Caixa) se había convertido ya en algo demasiado molesto y peligroso. La prueba de que esto es así es que la formación de Rosa Díez ha tenido que afrontar su campaña con apenas 100.000 euros, al no haber conseguido créditos de la banca (el PP, según El País, gastará oficialmente 20,5 millones; el PSOE 7,8; Izquierda Unida 2,2; Ciudadanos, 2 ; y Podemos 1,2). Y, en definitiva, algo muy parecido a lo que le sucedió a Adolfo Suárez con su CDS en los años 80, con la banca cerrada en banda a concederle financiación por no ser dócil a sus dictados.
Rivera como comodín
La cuestión, a la que se le podría dedicar mucho más espacio en otro artículo, entronca también con la necesidad insatisfecha de un partido netamente liberal que defienda sus intereses que históricamente ha tenido desde que se inició la Transición en España cierta elite económica no necesariamente ultraconservadora y a la que hasta ahora siempre le ha ido bien gobierne el PSOE y el PP. Y de lo que se trata ahora es de que el PSOE y el PP sigan gobernando lampedusianamente con Ciudadanos como comodín, ya que Podemos les da miedo y del proyecto social-liberal y radical demócrata de la UPyD de Rosa Díez, que ha pretendido sentar en el banquillo al hacedor del milagro económico español, Rodrigo Rato, se fían si cabe todavía menos.
Y baste por el momento señalar, en respaldo de lo que digo, que cuando en otoño pasado, aupado por estos sectores, Ciudadanos dio su salto desde Catalunya a la política nacional, además de con el prestigioso economista Luis Garicano, Rivera contó con el apoyo del ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores Manuel Conthe -todo un representante de la biutiful people zapateriana- o (Ciudadanos es un partido netamente monárquico), desde las páginas del diario El País, de uno de los últimos jefes de comunicación que tuvo la Casa Real con el Rey Juan Carlos, Javier Ayuso.
Y, ojo, no quiero decir con esto, que en Ciudadanos no pueda existir cierto sano potencial regenerador, lo que sucede es que, junto a las rémoras antedichas, apenas se le conocen actuaciones en contra de la corrupción en Catalunya. Y no es pecar de subjetividad, sino exponer datos objetivos, decir que quien más se ha caracterizado por denunciar los vicios del sistema donde ha estado presente en los últimos años ha sido la formación magenta porque ahí están los diarios de sesiones para demostrarlo, y, aunque hayan existido fallos de comunicación y en la transmisión de dicha labor adecuadamente a la gente, es quien más medidas ha propuesto para cambiar ese estado de cosas de la que hace cuatro años fue expresión el 15-M.
Curiosamente aquellas elecciones municipales que coincidieron con el 15-M -a Podemos le faltaban tres años para organizarse- fueron las que permitieron a UPyD acceder a instituciones como el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid. Y lo primero que hicieron sus representantes fue renunciar a los coches oficiales, con gran protesta del PP, PSOE e Izquierda Unida. Más tarde, se abstendrían de participar en el reparto de cromos entre todos los demás partidos en entidades como el Consejo General del Poder Judicial o las Cajas de Ahorros, como también debe recordarse que ya en 2009 Rosa Díez presentó en el Congreso una iniciativa para despolitizar estas entidades financieras que no tuvo ningún apoyo. Que se sepa, nada de esto que digo llevó a cabo Ciudadanos en Catalunya.
Unos cardan la lana...
E insisto, no diré yo que la carencia de respaldo que tiene el partido de Díez ahora en las encuestas -en las urnas habrá que verlo- no obedezca también a errores propios y a otras causas que otro día analizaremos. Lo que sucede es que, la verdad, resulta muy injusto que quienes estuvieron estos años cardando la lana de la regeneración no obtengan ahora reconocimiento alguno, mientras unos perfectos desconocidos y recién llegados y llegadas se llevan ahora la fama y los votos del centro progresista. O tal vez lo que suceda sea que en el fondo a ese sector del electorado -y quién sabe si a todo él en su conjunto- la regeneración de las instituciones no le importa tanto.
En fin, que estábamos hablando de estas elecciones municipales y autonómicas e inevitablemente hemos tenido que comenzar el relato desde las anteriores, las del movimiento del 15-M. De ahí hemos pasado quizá demasiado brevemente a la criatura gestada a partir del magma generado por aquellos sansculottes que enarbolaban en Sol el libro de Stephan Hessel Indignaos, es decir, a Podemos. Pero luego era forzoso que nos refiriéramos también a su contrafigura, a Ciudadanos, y a la némesis de éstos UPyD. En realidad, estas van a ser las elecciones de los pequeños.
Y he aquí que lo señalado respecto a lanas cardadas que luego otros se ocupan de cobrar en relación a Ciudadanos y UPyD podría ser también de buena aplicación a Podemos e Izquierda Unida: Porque si bien la situación de estos últimos no parece ser en principio tan crítica como la de los magentas, es indudable que en el régimen de bipartidismo imperfecto, hegemonizado por el PP y el PSOE, con comodines nacionalistas, que viene desde el 78, las sucesivas coaliciones que en torno al PCE han encabezado gente como Iglesias (Gerardo), Anguita, Llamazares o Cayo Lara (Alberto Garzón es una incógnita) han sido siempre una fuerza crítica con el sistema, y aunque formaran parte del mismo y se hayan beneficiado alguna vez de sus mamandurrias en estos ya casi 40 años, lo han hecho de modo algo más marginal y alejados del meollo. Y Podemos, con la suavización de perfiles para agradar al votante moderado que últimamente ha experimentado en su viaje al centro, recuerda un poco a Ciudadanos. Y, salvando la gran distancia existente, su ascenso en detrimento de los sufridos cardadores de tejido de Izquierda Unida recuerda también bastante al del PSOE en los años de la Transición,cuando tras una Dictadura en que la principal referencia y el principal sacrificio en la oposición al franquismo lo arrostró el Partido Comunista de España con muchos de sus militantes pasando años en la cárcel, terminaría por ser un joven y atractivo sevillano de poderosa labia llamado Felipe González quien se alzara con el santo y limosna no ya de la izquierda y el progresismo, sino de aquello que algunos llamaron ‘el cambio’.
Y es que Podemos, también ha tenido en su escaso año de existencia, como le ocurría a la izquierda en la Transición, su proceso de búsqueda de la respetabilidad. Y he ahí el tránsito entre aquel originario deseo de tomar el cielo por asalto y convocar un referéndum republicano -no se sabía muy bien sobre la base de qué legalidad- y el pacífico acceso a la Corte que ahora parece buscar anhelar. Y el reciente episodio del regalo de Iglesias a Felipe VI de varias temporadas de su amado Juego de Tronos se convirtió hace unas cuantas semanas en una especie de autoasumidamente irónico hito de ese proceso.
Y ni que decir tiene que en ese camino también ha jugado su papel la ofensiva mediática desatada para desacreditar a la formación de los círculos con los, por otro lado, nada ejemplares casos de Monedero y Errejón (que acreditaron fehacientemente que al margen de que los miembros de los partidos de la casta nos representen o no, los dichos profesores de la Complutense que pretenden sustituirlos y representarnos son tan humanos como aquéllos, amén de los vínculos entre su defensa de la revolución bolivariana y el manejo de cuentas corrientes seis dígitos), debiendo enmarcarse la dimisión del primero y su retirada a los cuarteles de invierno dentro de ese mismo proceso de domesticación del partido y pérdida de sus referentes más asilvestrados en el necesario viaje al centro si algún día se quiere conquistar democráticamente el poder.
Las elecciones del 79
Pero éstas, decíamos, son unas elecciones municipales y autonómicas. Y si mencionamos varios párrafos arriba las municipales que trajeron la II República, tampoco está de más que recordemos las primeras municipales de la democracia, que tuvieron lugar el 3 de abril de 1979: supusieron un cambio político real en España -que en cierto modo prefiguró la victoria del PSOE de González en el 82-, ya que aunque, un mes antes, la UCD de Suárez había ganado las primeras elecciones generales tras aprobarse la Constitución, los pactos en cascada del PSOE y el PCE en varias grandes ciudades, aunque en muchas los centristas fueran los más votados, permitieron que la izquierda volviera a tocar poder y accediera a las instituciones después de 40 años.
Aquellos primeros ayuntamientos democráticos son indisociables de fenómenos culturales que ya están en la memoria colectiva de todos, como el Madrid de la Movida de Enrique Tierno Galván, o aquellos carteles electorales que el dibujante José Ramón elaboraba para las campañas del PSOE. Claro que también hay quien cuando se analiza aquel periodo indica que lo que en realidad se produjo fue una desmovilización social y política de todas las fuerzas que a través de estructuras como las de las asociaciones de vecinos habían tenido un gran protagonismo en los años de efervescencia política inmediatamente anteriores. Cosas de la vida y del poder que quizá provocaran que las elecciones de cuatro años después, en 1983 -que ya se harían coincidir desde entonces siempre con las de las llamadas autonomías de vía lenta (todas menos Euskadi, Catalunya, Galicia y Andalucía)-, fuesen mucho más átonas y aburridas, al margen de que ratificaran el poder que el PSOE de González fue adquiriendo en aquella década a todos los niveles.
Porque las elecciones municipales y autonómicas tienen siempre en España una doble lectura: la propiamente local y autonómica y la que, desde un punto de vista más global, suele efectuarse como termómetro del sentir general de cara a las generales, algo que en las dos últimas citas se ha reforzado notablemente, al celebrarse con un lapso de tiempo de pocos meses.
El estado de las autonomías
No obstante en ese sentido, y aparte de la problemática específica de cada ciudad o región, también puede efectuarse una lectura y análisis global del funcionamiento de las administraciones locales y del conjunto del Estado de las Autonomías, aunque vaya usted a saber por qué en estas elecciones apenas se está realizando: un reciente informe del BBVA señalaba hace pocos días que el descenso del gasto social por habitante -sanidad, educación, servicios sociales- entre 2009 y 2013 en el conjunto de autonomías ha sido del 21%, llegando a alcanzar en lugares como Canarias o Castilla- La Mancha el 25 y el 30%, respectivamente. El motivo de dicha caída, y que no se avizora que pueda cambiar a corto plazo, por las restricciones a que estamos sometidos desde Bruselas, son los recortes que todas las administraciones han tenido que efectuar para no incurrir en déficit.
Apenas se ha hablado de esto en el inicio de la campaña y habría que preguntarse por qué, pero llaman también la atención las diferencias en el gasto entre unas y otras autonomías. Porque no crean que son a causa de que haya más población a proteger, por haber más gente mayor: las diferencias tienen que ver con los recursos de que dispone cada autonomía a través del sistema de financiación del Estado, y a veces no se han valorado bien los servicios, pero también traen causa en el uso que cada autonomía hace de los recursos con que cuenta. De este modo, hay comunidades como el País Vasco que, gracias al ventajoso y privilegiado sistema del cupo, financian en la actualidad sus servicios con casi un 50% de lo que recibe Canarias, aunque todas las administraciones hayan tenido que efectuar recortes. ¿Qué sentido tiene un Estado en que sus ciudadanos no tienen la misma financiación por habitante para sus servicios básicos sino que depende del lugar donde residan?
Guste o no, profundizar en este asunto conduce a un cuestionamiento del actual funcionamiento del Estado de las Autonomías, el gran tema pendiente de la Transición Española y cuya solución se ha hecho aún más acuciante con el desafío soberanista que el Gobierno de Catalunya ha llevado a cabo desde que -con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa y en virtud de sus acuerdos con Convergencia i Unió- se aprobó un nuevo Estatuto de Autonomía que el Tribunal Constitucional echó parcialmente abajo.
Eso sí, la irrupción de Ciudadanos como tercer partido susceptible de servir de bisagra al ganador, augura futuros gobiernos que ya no dependan, como ha venido sucediendo desde que el PSOE perdió en 1993 la mayoría absoluta en coincidencia con la desaparición del CDS, de los nacionalistas catalanes. Esa nueva situación parlamentaria también provocará que otros nacionalismos como el vasco, el canario o el gallego tengan cada vez menos influencia al margen de los escaños que consigan. Tanto estos partidos como otros menores de tipo regionalista -cántabros de Revilla, aragoneses del PAR- probablemente perderán también influencia en los próximos parlamentos autonómicos y en muchos municipios -atención a Ada Colau en Barcelona- al tener que competir con Ciudadanos y con Podemos. Y quién sabe si más allá de la aparición de nuevos partidos emergentes, del final del bipartidismo tal como lo conocíamos, y de una cierta regeneración ética de la política, esta clave territorial no va a ser, finalmente, el principal cambio del nuevo tiempo que se avecina. Y, para qué negarlo, la condición de catalán de Albert Rivera (y si se presenta o no por Madrid en las generales y qué hace en las elecciones catalanas de septiembre) y la actitud de Podemos ante el independentismo catalán (en donde se juega a cierta ambigüedad, pues al tiempo que Iglesias dice que apuesta por el llamado derecho a decidir, desde todo el espectro nacionalista catalán se le ha atacado también con mucha virulencia acusándole de neolerrouxista) serán dos factores a tener muy en cuenta.
Aquella operación Roca
Y es que volviendo a Rivera y a su ofensiva al sur del Ebro, no hay más remedio que evocar la que allá por los años 80 llevó a cabo también otro catalán, Miquel Roca Junyent, para ser presidente del Gobierno de España. Tras la deriva soberanista de la CiU de Artur Más en la última década, hoy es difícil explicar a quien sea joven y lea estas líneas que Roca era el portavoz en el Congreso de Convergencia i Unió y que la propia CiU y el mismísimo Jordi Pujol estaban implicados en aquella operación para gobernar en España para la que se creó un partido de ámbito nacional asociado a los nacionalistas catalanes denominado Partido Reformista Democrático (PRD).
El principal dirigente de dicho partido, entre cuyos miembros había también peña del calibre del actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y con el que se trataba de meter a los catalanes en la política española, era el abogado madrileño Antonio Garrigues Walker, el más conspicuo de los políticos liberales de los primeros tiempos de la Transición tras la muerte de su hermano Joaquín, y actualmente cabeza del que probablemente sea el despacho de abogados y asesores tributarios más grande y prestigioso de España. De hecho, Garrigues había disuelto anteriormente su partido construido a partir de los llamados clubs liberales existentes en distintas ciudades de toda España, el Partido Demócrata Liberal (PDL), en el PRD ¿Recuerdan lo que decíamos unos cuantos párrafos más arriba en relación con Ciudadanos y Rivera acerca del deseo siempre insatisfecho de cierta elite española de contar con un Partido Liberal?
Pues bien, aquel fue un primer intento conocido como Operación Roca que si fracasó en 1986 no fue por falta de apoyos económicos y mediáticos. Y uno, que ya es viejo, aunque por entonces fuera aún bastante jovenzuelo, recuerda la implicación de Pedro J. Ramírez cuando dirigía Diario 16, y de columnistas como Federico Jiménez Losantos. Y mientras el PRD fracasaba estrepitosamente y no sacaba ni un solo escaño, su rival por el voto de centro, el CDS de Suárez -que era algo así como la UPyD de entonces- salía totalmente airoso del envite. Lo que puede explicar que ahora, según parece, vayan a cambiar las tornas es que, pese a su condición de catalán, Rivera no esté apoyado por Convergencia i Unió.
Y recordemos también, porque no deja de ser significativo, que tras abandonar hace ya muchos años el Congreso de los Diputados, el liberal y nacionalista catalán Miquel Roca, a través de su despacho madrileño de abogados, sería el encargado de la defensa de la Infanta Cristina tras su implicación en el Caso Noos a raíz de las andanzas de su marido.
El reto de los mayorcitos
Por último, supongo que estas líneas no deben concluir sin alguna referencia, aunque sea breve, al PSOE y al PP. Más que nada porque aunque la novedad de estas elecciones vayan a ser los emergentes y el bipartidismo vigente hasta ahora esté obligado a reacondicionarse, lo previsible es que esos dos polos conservador y social-demócrata en torno a los partidos que hoy dirigen Rajoy y Sánchez se sigan perpetuando, por grande que sea la desafección de los ciudadanos al sistema a causa de la corrupción endémica y de la crisis. Hay ya demasiadas inercias de voto -en ocasiones heredado de padres a hijos en esta España en la que es muy difícil ser transversal y en la que no son pocos los que al votar por el PSOE votan contra el PP y viceversa- como para que no sigan teniendo la primacía en el ámbito estatal, aunque la fragmentación a partir del próximo día 24, como ya se ha visto en Andalucía, nos haga entrar en una política nueva en la que en autonomías y ayuntamientos, y más tarde en las Cortes Generales, en la que va a ser más necesario que nunca el pacto.
Si tenemos además en cuenta que la corrección provincial al sistema proporcional de la ley electoral española obliga a obtener buenos resultados en las provincias menos pobladas -y que éstas, a diferencia de las grandes ciudades, suelen ser más reacias a los emergentes- se comprenderá fácilmente que aunque los nuevos tengan en el próximo Congreso una influencia determinante y aparezcan, ya se ha dicho, nuevas bisagras no nacionalistas, PSOE y PP seguirán adjudicándose la inmensa mayoría de los escaños del Congreso mientras sigan siendo la primera y la segunda fuerza en casi todas las circunscripciones.
Aunque, eso sí, que se anden con ojo, porque las dichas inercias ancestrales no tienen por qué perpetuarse eternamente y estar a prueba de todo. Y utilizaré la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) última para argumentarlo: 25,6%, PP; 24,3 el PSOE; 16,5 Podemos; y 13,8 Ciudadanos son las cifras de porcentaje de voto. Pero siendo éstas ajustadas, no es lo que más debería preocupar a los dos grandes: la gestión del Gobierno de Rajoy es valorada por un 62% de los encuestados como “mala” o “muy mala” y si eso se suma al 25,6% que la considera “regular”, nos encontramos con que casi el 90% no la respalda y solo para el 10% es “buena” o “muy buena”. ¡¡ Pero cuidado!! El PSOE en su “gestión de la oposición al Gobierno” no sale mejor parado, pues sólo el 5,7% la considera “buena”, una mísero 0,1 “muy buena”, el 72 “regular” o “mala” y el 18,8 muy mala, lo que significa que también son el 90% los que no aprueban el modo como se está conduciendo el partido del puño y la rosa.
Ya sé que habrá quien dirá, no sin razones de peso para ello, que el CIS no es ninguna garantía de ecuanimidad al valorar a la oposición, pero es que las cifras cantan mucho y deberían ser motivo de alarma para los dos grandes, y especialmente el PSOE, que a fin de cuentas ya hace casi cuatro años que dejó el Gobierno: porque en cuanto a la confianza personal que merecen a los encuestados Rajoy y Sánchez, tampoco sale el secretario general socialista sale mejor librado: Si el 85% tiene “poca” o “ninguna” confianza en Rajoy, eso le sucede con Pedro Sánchez al 79%. ¿Es o no para hacérselo mirar?
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