El ministro de Industria, Energía y Turismo y candidato al Congreso de los Diputados por el Partido Popular en la provincia de Las Palmas, José Manuel Soria, ha asegurado que no ha existido en España “ningún gobierno” que haya legislado tanto para “dificultar, limitar y restringir la actividad de corruptos y corruptores” como el de Mariano Rajoy.
Así lo ha expresado durante el debate que Ser Las Palmas celebró este lunes en la capital grancanaria y que contó también con la presencia del socialista Sebastián Franquis, de la jueza en excedencia y cabeza de lista de Podemos en Las Palmas, Victoria Rosell, del político de Ciudadanos Saúl Ramírez y del candidato de Coalición Canaria Pablo Rodríguez.
Soria justificó su comentario alegando que las leyes aprobadas por el PP son las únicas que se han realizado para legislar y controlar la corrupción, y mencionó a la ley de Transparencia, la ley Orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos, la ley del alto cargo de la Administración General del Estado y la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entró en vigor este domingo, día de la Constitución española.
En este punto del debate, y en la intervención de Victoria Rosell, la candidata de Podemos afeó al político popular diciéndole que “hay que tener mucha caradura para decir que se legisla contra la corrupción y que ayer entrara en vigor el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal” que, desde su punto de vista, fue reformado “a toda prisa para que en una justicia sin medios tampoco tengan (los jueces) tiempo para los casos complejos, incluidos también los de corrupción”.
Rosell opinó que la corrupción “no se trata de cuatro manzanas podridas”, sino que es “una cuestión sistémica que han practicado con casi impunidad quienes han ostentado el Gobierno”. Cree que el Gobierno “ha tolerado un altísimo grado de impunidad”. De esta manera, entiende que “no sólo toleran la corrupción, sino que probablemente la alimentan y la necesitan y además no reaccionan cuando emergen” y que si reaccionan “es contra denunciantes, contra testigos, contra jueces, contra policías pero no contra la corrupción”.
Sin embargo, el político del Partido Popular no desaprovechó su réplica para justificar la también llamada Ley Berlusconi aclarando que esto se hace para “acortar los plazos”. “De lo contrario, podríamos vernos en la tentación de algunos jueces o juezas, afortunadamente excepciones, que deliberadamente dilataran un proceso por intereses propios. Claro que es muy importante que los ciudadanos tengan derecho a una justicia que sea absolutamente igual para todo el mundo, porque, si no, desde la toga también se puede hacer política y se pueden hacer negocios”.
Con estas palabras el líder del PP en Canarias hacía referencias a la queja que presentó a principios de año ante el Consejo General del Poder Judicial la fiscal Evangelina Ríos, quien acusaba a Rosell de haber retrasado maliciosamente la instrucción contra el empresario Miguel Ángel Ramírez. Una queja que fue archivada el pasado mes de septiembre pero que ha saltado a la palestra en la actualidad después de que la semana pasada esta fiscal le abriera a Rosell otra investigación disciplinaria.
Soria continuó puntualizando que se trata de casos “muy excepcionales” pero que “los ciudadanos tenemos derecho a un proceso corto, rápido, una justicia ágil” porque “una justicia dilatada no es justicia en absoluto”. Ante esto, la magistrada en excedencia comentó que el ministro “seguramente (...) es el único ciudadano para el cual el problema de corrupción reside en las togas y en los jueces”.
El cruce de declaraciones se endureció en la siguiente oportunidad en la que el político grancanario tomó la palabra al dejarse de insinuaciones y dirigirse directamente a Rosell. Soria manifestó que “parece que alguien se ha dado por aludida cuando he hablado de excepciones de jueces que utilizan la toga para hacer política”.
“Yo no tengo ningún problema con la justicia, de lo único que hablo es de una afirmación pública que ha hecho una señora fiscal que ha acusado a alguien, justamente usted”. Justamente en este punto llegó el momento más tenso del debate cuando Rosell interrumpió al todavía ministro, pero este le recordó que “quien puede tener problemas con la justicia es usted porque ha imputado la comisión de una serie de delitos que son calumnioso e injuriosos y tiene que saber que en política no vale todo”. Así, le recomendó que “una vez que se quita la toga ya no puede ejercer como si la tuviese”.
Como la única candidata en la mesa tenía el turno de palabra después del presidente de los populares en las Islas, utilizó su última participación en el tercer bloque, que versaba sobre Constitución y Administración, para espetarle que cuando se hable de corrupción “no hablemos de togas” porque Soria es el único que ve “ilegalidades” en la justicia en vez de la política “y los grandes partidos que si están cumpliendo condenas”, ejemplificando estas en las personas de Blasco y Camps. Cerró explicando que desde Podemos quieren una administración de jusiticia que pueda luchar contra la corrupción.
Franquis y Soria también se enzarzaron
El debate, primera vez que los cinco cabeza de lista participaban, estaba siendo monótono ya que los políticos tan solo se dedicaban a plasmar en el micrófono su programa. Pero, tras decir Soria que el Gobierno ha sido el que más ha trabajado para luchar contra la corrupción, el candidato socialista Sebastián Franquis declaró que se vio sorprendido porque el popular “no haya tenido un pizco de humildad en reconocer que hoy España tiene un serio problema de corrupción”.
Franquis fue más allá y definió al Partido Popular como una formación “que está podrida de corrupción” y dijo que el ministro no puede decir los avances que han hecho desde el Gobierno contra ella cuando “no la han combatido”. Además, advirtió que en otro país “el sé fuerte Luis habría significado la dimisión de un presidente del Gobierno”.
Tras estas denuncia, Soria resaltó que a él la corrupción que más le duele “es la que hay por parte de personas que han compartido conmigo ideas” y exigió al también diputado una rectificación porque consideraba que no se puede extender ese calificativo a “todo el PP ni a todo el PSOE”.
Una disculpa que no llegó ya que en su última intervención el socialista subrayó que si tiene que pedir perdón “por Blesa, Bárcenas, Camps y demás no lo voy a hacer” ya que “son militantes del PP y no he visto a ningún miembro del Partido Popular que asuma responsabilidades políticas por esos asuntos” y añadió que no pedirá disculpas a un partido “que en vez de investigar y combatir la corrupción se dedica a romper discos duros. ¿Para qué quiere aprobar tantas leyes si no se aplica ninguna?. Es un problema de incumplimiento, ustedes la han tapado (la corrupción) y han mirado para otro lado”.
Por último, el político popular le recalcó a Franquis que había cometido “una grave equivocación al considerar el todo por una parte” debido a que “los casos individuales no hablan de todo un partido”.