El Cabildo de Lanzarote ha presentado este lunes una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la que reclama al Ministerio de Industria la extinción definitiva de los dos permisos que la compañía Repsol dispone para proseguir la búsqueda de hidrocarburos frente a las aguas de Lanzarote y Fuerteventura.
Según explican desde la Corporación insular, los permisos han quedado sin efecto por incumplimientos de la petrolera, por lo que esta tendría que solicitar nuevas autorizaciones y comenzar otro proceso administrativo en caso de pretender regresar. Así, aseguran que los “incumplimientos” de la multinacional se detectaron al contrastar la Resolución aprobada por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria con la vigente Ley de Hidrocarburos, advirtiendo que los tres primeros preceptos de causa de extinción de permisos de exploración se dan en este caso “sin ningún género de duda”.
De esta manera, la multinacional primero abandonó la zona sin efectuar el obligado consecutivo segundo pozo (Chirimoya-1X). En segundo lugar, la petrolera no respetó el plazo estipulado para la segunda cata, que el Ministerio de Medio Ambiente, en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 10 de junio de 2014, fijaba en 48 horas desde la conclusión de la primera cata. En tercer lugar, Repsol anunció a los medios de prensa y a sus accionistas el abandono de las operaciones desde el 16 de enero de 2015, y ese anuncio, según el artículo 34, punto 1, de la Ley de Hidrocarburos vigente (34/1998, de 7 de octubre), se suma también a la invalidación de las autorizaciones otorgadas por Industria.
Ante este hecho, el Cabildo de Lanzarote dirigió el 25 de febrero de 2015 un escrito al Ministerio de Industria instando a la inmediata extinción de las autorizaciones pero, trascurrido un mes y cinco días sin respuesta y agotado el plazo de silencio del Ministerio (un mes), el Cabildo ha decidido que sean los tribunales quienes exijan al ministerio de Soria la certificación del fin de las prospecciones.
El ministro José Manuel Soria anunció a finales de enero que iba a multar a Repsol por abandonar la zona, pero para la Institución conejera la realidad es que “sigue protegiendo los intereses de la petrolera, ocultando la posibilidad de que la multinacional regrese a las Islas tras la elecciones, y faltando al respeto a las instituciones canarias y a su población por no solo ignorar sus requerimientos sino por dejación de funciones”. En esta línea el Cabildo de Lanzarote reclama al ministro Soria que “las mismas prisas que le obsesionaron” para dar a Repsol los permisos de perforación, “las aplique ahora” para certificar el fin de las prospecciones.
El presidente insular, Pedro San Ginés, ha recordado que, pese a la paralización de los sondeos, lo cierto es que la multinacional dispone de permisos para prospectar hasta el año 2017, por lo que ha confiando en que estas iniciativas logren impedir definitivamente esa posibilidad.