La Coordinadora Canaria contra las Prospecciones Petrolíferas ha hecho este jueves un llamamiento a la sociedad para “no decaer en la lucha” contra los sondeos después de que el Ministerio de Industria haya publicado la autorización para efectuarlos en el Boletín Oficial del Estado.
En un comunicado, esta plataforma, que reúne a varias organizaciones ecologistas, políticas y sindicales, envía el mensaje de que en el contencioso entre quienes se oponen a las prospecciones y quienes están a favor de ellas “no se ha escrito, ni mucho menos, el último capítulo”, porque aún hay vías disponibles para tratar de evitar que se efectúen los sondeos.
En concreto, anima a promover “masivas movilizaciones de protesta en los meses próximos que concluyan antes de final de año con una consulta popular en que se escuche alta y clara la opinión de nuestro pueblo y su rotundo no a las prospecciones”.
La coordinadora expone esos propósitos en un texto donde afirma que el Gobierno del Partido Popular ha expresado “su talante absolutamente autoritario, antidemocrático e irrespetuoso con la voluntad popular” al autorizar los sondeos de Repsol.
A su juicio, la iniciativa del Ministerio de Industria de publicar esa autorización es, además, una prueba del “mínimo valor que el Gobierno del PP le da a la naturaleza, economía y habitantes de las islas”.
Un aspecto este último que “se refleja en la miserable cuantía de 60 millones de euros en seguros que se le pide a Repsol” como fianza para efectuar las prospecciones, que, además, están “divididos en un seguro de responsabilidad civil de 40 millones para hacer frente a eventuales daños y otra garantía de 20 millones para cubrir responsabilidades ambientales”, argumenta dicha plataforma.
La coordinadora considera que esas son “cifras ridículas si se contrastan, por ejemplo, con los 11.684 millones de euros que supuso el gasto turístico en 2013 en Canarias”.
Solo el gasto turístico, añade, “significa 196 veces más que los seguros y, con este proyecto, se pone en grave riesgo”.
Esta plataforma también subraya “el incalculable valor medioambiental de los cetáceos, las tortugas y las miles de especies que habitan en los fondos marinos canarios”.
Especies todas ellas “cuyo daño podría ser irreparable para el ecosistema pero que para el Gobierno del Estado parecen importar muy poco”, afirma.