Extinguidos sin sanción los permisos a Repsol en Canarias que concedió Soria
El Ministerio de Energía ha declarado extinguidos los permisos de investigación que se concedieron a Repsol para hacer sondeos petrolíferos en Canarias por caducidad al vencimiento de su plazo, unas exploraciones que la petrolera abandonó al no hallar recursos que hicieran rentable su explotación.
En la orden que el Ministerio publica este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se recuerda que, en caso de extinción de los permisos, sus titulares están obligados a justificar a plena satisfacción de la Administración la realización de los trabajos e inversiones.
El ministerio dice que, examinada la documentación que obra en el expediente, así como la documentación presentada por el operador en cada uno de los permisos, se desprende que ha transcurrido el plazo de vigencia de los permisos y considera cumplidas las condiciones establecidas en la normativa vigente para extinguir los citados permisos.
Por tanto, la petrolera, que en enero de 2015 anunció que renunciaba a continuar con el proyecto, no será sancionada por no realizar los dos sondeos previstos, sino sólo uno, en el que no halló hidrocarburos con calidad y cantidad suficiente que hiciera atractiva la explotación comercial.
El entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, dijo en 2015 que el Gobierno multaría a Repsol si no cumplía “literalmente” con lo establecido en los permisos que le fueron dados para buscar hidrocarburos en aguas próximas a Canarias.
Repsol comenzó a perforar en la zona de aguas marítimas cercanas a Canarias donde se concedieron los permisos el 18 de noviembre de 2014, pero abandonó los trabajos transcurridos 51 días, después de haber llegado a 2.900 metros de profundidad sin haber encontrado indicios de la existencia de hidrocarburos con la calidad y cantidad necesarias para hacer rentable su extracción.
Los permisos caducaron en marzo de 2016, pero Repsol debía justificar el compromiso que asumió para obtener el permiso, que incluía una planificación, un plan de inversión y programa de trabajos.
Ahora, tras declarar el ministerio la extinción de los permisos, las áreas revertirán al Estado, y la Dirección General de Política Energética y Minas procederá a devolver a Repsol las garantías para responder del cumplimiento de las obligaciones emanadas de la concesión del permiso.
Contra la orden del ministerio, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses o previamente recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el órgano que la dictó.
