El Gobierno de Canarias ha replicado este jueves al ministro de Industria, José Manuel Soria (PP), que la consulta que pretende convocar para que los ciudadanos de las islas puedan expresar su opinión sobre las prospecciones petrolíferas “es legal y se va a hacer”.
En declaraciones a Efe, el consejero de Presidencia y Justicia de la comunidad autónoma, Francisco Hernández Spínola (PSOE), ha recordado que el Gobierno y el Parlamento canarios solicitaron hace meses permiso al Consejo de Ministros para convocar un referéndum al respecto, con “un escrupuloso respeto al marco constitucional”.
Hernández Spínola ha subrayado que es la falta de respuesta por parte del Ejecutivo central la que lleva a la comunidad a desarrollar los mecanismos de consulta, distintos al referéndum (cuya competencia es exclusiva del Estado), previstos en el Estatuto de Canarias, “que también es una Ley Orgánica”.
El consejero ha rechazado que el ministro califique de “ilegal” el procedimiento que Canarias se propone seguir para permitir a los residentes en las islas que expresen formalmente su opinión sobre los permisos concedidos a Repsol para buscar hidrocarburos a 50 kilómetros al este de Fuerteventura y Lanzarote.
“¿Es acaso el señor Soria el intérprete de la Constitución? ¿Ha sustituido en sus funciones al Tribunal Constitucional?”, se ha preguntado Hernández Spínola, quien opina que el ministro muestra con sus declaraciones de hoy que “sigue instalado en la prepotencia”.
Asimismo, ha destacado que el Gobierno canario no puede tolerar “el agravio” de que las prospecciones previstas en este archipiélago reciban un tratamiento diferente a las que se plantean en Baleares.
Hernández Spínola ha recordado que el presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, manifestó hace unos días, respecto a Baleares, que no se autorizarían allí sondeos petrolíferos si se apreciaba que existe “el mínimo riesgo” medioambiental.
“Pues bien, en Canarias hay informes de organismos oficiales del Gobierno de España que advierten de ese riesgo”, ha añadido.
El consejero de Presidencia no ha querido pronunciarse sobre cuál sería la traslación práctica de la “ruptura de relaciones” o “el divorcio institucional” que, a juicio del presidente regional, Paulino Rivero, se puede producir entre Canarias y el Gobierno central si las prospecciones del Atlántico siguen adelante pese al rechazo de las instituciones de la comunidad autónoma.
Francisco Hernández Spínola sostiene que es el ministro Soria “quien patrocina ese divorcio institucional”, con una serie de “atropellos” y de “agravios a Canarias” que el Ejecutivo autonómico no va a tolerar y ante los cuales está dispuesto a tomar medidas que aún no ha “explicitado, porque no ha llegado el momento”.
“Pero desde luego no vamos a permitir la desigualdad de trato. Acudiremos al Tribunal Constitucional y también actuaremos por la vía política”, ha remarcado.
El consejero canario ha pedido al Gobierno central que en este asunto actúe con “sensatez, cordura y responsabilidad”.