El Cabildo de Lanzarote ha denunciado este miércoles que el Ministerio de Medio Ambiente permite a la companía petrolera Repsol realizar “intervenciones agresivas para el medio ambiente oceánico” en la misma zona donde la Armada Española no efectúa maniobras militares por los daños que estas ocasionan sobre la biodiversidad y, esencialmente, sobre especies de ballenas y delfines protegidas por Convenios Internacionales.
Según explica en un comunicado la institución insular, la resolución aprobada el pasado 29 de mayo por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente establece que las perforaciones de la petrolera son “compatibles” en una zona en la que reconoce fenómenos relacionados con especies de cetáceos como “de los más altos y de mayor relevancia a nivel mundial” y “que no han sido registrados en ningún otro lugar del mundo”.
Para el Cabildo, la compatibilidad anunciada por el Ministerio de Medio Ambiente entre los pozos de Repsol y la protección de este área de importancia medioambiental internacional “no es solo cuestionada, sino rotundamente rechazada, al contradecir sus propios estudios y recomendaciones”.
La institución hace alusión a un informe de Medio Ambiente datado en septiembre de 2011 que establece “literalmente” que, entre la relación de medidas de conservación que se proponen de acuerdo con la diferente normativa ambiental, nacional y europea aplicable, cabe destacar que 'la realización de actividades que incluyan el uso de sonares activos de baja y media frecuencia y alta intensidad, especialmente los utilizados en maniobras militares, actividades de prospección o explotación petrolera o de gas o estudios sísmicos u oceanográficos que incluyan dichas emisiones, deben prohibirse'.
Este informe es resultado de un proceso iniciado en el año 2004 en el que, tras sucesivos años con episodios de varamientos de ballenas y delfines en Lanzarote y Fuerteventura, se determinó la conveniencia de investigar la relación de esas mortandades con los ejercicios militares realizados por España y la OTAN frente a Fuerteventura y Lanzarote. Las maniobras incluían el uso de sonares de baja y media frecuencia y de alta intensidad, emitiendo ondas acústicas desde buques y submarinos que barrían amplias áreas oceánicas afectando de gravedad los sensibles sistemas auditivos de estos animales. Los varamientos dieron lugar a la firma de un primer convenio en abril del año 2004 entre el Ministerio de Defensa y el de Medio Ambiente, que fue reeditado en diciembre de 2007 tras verificar que los ejercicios militares sí estaban vinculados a las mortandades de cetáceos por las emisiones acústicas.
Resultado de ello, el Ministerio de Defensa aceptó las conclusiones de los científicos, renunciando a efectuar maniobras militares en la zona, La resolucón estipulaba que, “en tanto no se identifiquen las zonas hábitat permanentes de los zifios, el Ministerio de Defensa se compromete a no realizar ejercicios que impliquen el uso de sonares activos antisubmarinos y explosiones submarinas dentro de las 50 millas náuticas a poniente y al sur de las islas más occidentales del archipiélago Canario. En cuanto a las zonas hábitat que estén identificadas, el Ministerio de Defensa se compromete a no efectuar dichos ejercicios a menos de 50 millas náuticas del límite exterior de estas zonas”.
Esta resolución establece además la importancia de promover un exhaustivo estudio científico para definir las áreas críticas y las medidas de conservación que debían implementarse en la misma zona donde Repsol pretende efectuar sus catas. El coste público del estudio ascendió a 800.000 euros, que se distribuyeron entre el Ministerio de Defensa (300.000), el Ministerio de Medio Ambiente (300.000) y el Gobierno de Canarias (200.000).
Cuatro años más tarde, en julio de 2011, la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de Medio Ambiente inició la tramitación de un contrato menor para la “identificación de áreas críticas para cetáceos de hábitos profundos en aguas territoriales del oriente de Fuerteventura y Lanzarote y propuesta de medidas de gestión”. El objetivo general era identificar las áreas críticas para los cetáceos de hábitos profundos, especialmente de la familia de los zifios en aguas territoriales del oriente de Fuerteventura y Lanzarote, determinando al tiempo las directrices de gestión necesarias para su conservación efectiva.
“El estudio fue entregado el 30 de septiembre de 2001 en el Ministerio de Medio Ambiente pero, a pesar de las recomendaciones finales tras siete años de proceso administrativo entre los Ministerios de Defensa y Medio Ambiente, sus resultados finales no solo no han sido valorados en absoluto durante la reciente Declaración de Impacto Ambiental que terminó permitiendo las operaciones a Repsol, sino que han sido deliberadamente omitidos transgrediendo los principios y obligaciones más fundamentales de la autoridad que debe velar por la conservación del medio ambiente en España”, señala el Cabildo.
Con respecto a las recientes declaraciones del ministro de Energía, Industria y Turismo, José Manuel Soria, afirmando que Canarias se beneficiará con 300 o 400 millones de euros anuales de las operaciones de Repsol, desde el Cabildo de Lanzarote expresan su rechazo frontal a unas declaraciones que tildan de “irresponsables, que no se corresponden con la realidad y que constituyen una nueva mentira del ministro Soria en este conflicto”.
Así, el presidente de la corporación, Pedro San Ginés, recuerda que “la actual legislación no contempla este tipo de instrumentos fiscales a ninguna Comunidad Autónoma donde se realicen explotaciones mineras en el mar” y le recuerda también al ministro que “existen valores que no se pueden comprar o vender, uno de ellos es la voluntad de una población y otro la salud del territorio donde se ubica”.
En relación a las declaraciones realizadas esta semana por el presidente de Repsol, Antonio Brufau, afirmando que las perforaciones se harán durante los próximos meses, y que “la seguridad está en el ADN de Repsol”, el Cabildo de Lanzarote avisa que la petrolera y su presidente “están cometiendo un grave error”.
“Si estamos redactando las alegaciones a la propuesta de Resolución del Ministerio de Industria, y el Estado de Derecho otorga alguna garantía de que nuestras alegaciones sean escuchadas y aceptadas, no entiendo que el señor Brufau anuncie que las perforaciones las va a hacer sí o sí. Es otro insulto más, como su campaña publicitaria; este desafío cruza ahora una línea muy grave, y responderemos por tanto de forma proporcionada y contundente”, ha afirmado el vicepresidente primero del Cabildo, Joaquín Caraballo.