El Parlamento Europeo ha pedido que se amplíe la investigación de la Comisión Europea sobre la tramitación de los permisos petrolíferos a Repsol en Fuerteventura y Lanzarote, incluyendo la aportación de nueva documentación científica no valorada hasta el momento y la consulta con la opinión de las instituciones canarias y la sociedad insular.
Así se acordó en el mediodía de este martes en el transcurso de la sesión de trabajo del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, en la que se valoraron una serie de quejas ciudadanas interpuestas por vecinos de Lanzarote y Fuerteventura. Estas comparecencias se celebraron con retraso sobre la fecha inicialmente prevista (24 de septiembre), debido a las presiones del PP para que no interfiriera en la designación de Miguel Arias Cañete como comisario europeo de Energía y Cambio Climático.
Todos los grupos políticos apoyaron la ampliación de estas investigaciones y únicamente el PP, representado por el eurodiputado Gabriel Mato, defendió el cierre de la investigación.
Pedro Hernández, representante de la formación El Guincho-Ecologistas en Acción, intervino en esta sesión del Parlamento agradeciendo la aportación de todos los ciudadanos que presentaron sus quejas y cedieron su espacio de intervención para que pudieran presentarse los testimonios de especialistas científicos.
Al término de la sesión Hernández aclaró las cuestiones que trasmitieron a la Comisión, entre las que se encuentra la petición de que se le pregunte a los canarios sobre las prospecciones; que se valoren en profundidad los informes y expedientes, así como la incorporación de la nueva documentación científica que se ha aportado.
El eurodiputado canario Juan Fernando López Aguilar ha declarado que durante el proceso “ha existido demasiada opacidad y una inconcebible subordinación del interés general a los intereses de Repsol”.
Por su parte, Ángela Vallina, de la Izquierda Unitaria Europea, destacó el riesgo que suponen los sondeos “para las 300.000 personas que viven en Lanzarote y Fuerteventura ante el resigo de abastecimiento de agua” que se puede generar.
Bodil Ceballos, del grupo de Los Verdes, resaltó el conflicto de interés que existe en torno a las prospecciones y asegura que la Evaluación de Impacto Ambiental fue redactada por la propia empresa.
Gabriel Mato (PP), por el contrario, ha apostado por dar por cerrada la petición, si bien ha aceptado la voluntad de la mayoría de pedir a la CE que amplíe sus investigaciones por si aparecen más datos relevantes. Para Mato, “los informes de la CE ya han sido claros y contundentes”.
“No podemos seguir creando expectativas a los peticionarios, nuestras competencias son las que son, no cabe seguir jugando y dando vueltas a un asunto totalmente aclarado”, ha alegado.
La Comisión Europea se pronunció en 2012 al respecto considerando “prematuro” posicionarse al no haberse autorizado el proyecto todavía por parte de las autoridades españolas.
Un año más tarde, el Ejecutivo comunitario apuntó que, teniendo en cuenta que las autoridades españolas habían iniciado una evaluación de impacto, no se había podido detectar hasta la fecha ninguna infracción de la legislación europea.
Representantes de la CE en el debate han señalado que el Ejecutivo comunitario ha seguido recibiendo nuevas quejas y que informará sobre sus conclusiones cuando terminen sus investigaciones.