Cerca de 4.000 inscripciones de simpatizantes que se realizaron de forma telemática para votar en las primarias socialistas para elegir al candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias este domingo han sido anuladas.
Según ha podido conocer Canarias Ahora, un total de 2.000 inscripciones en Tenerife y otras 1.700 en Gran Canaria han sido rechazadas al haberse comprobado que los pagos de muchas de ellas fueron realizadas con tarjetas bancarias y cuentas de Pay Pal con el mismo nombre de titular.
Los simpatizantes podían inscribirse y, tras realizar el pago de dos euros, adquirían el derecho a poder votar al igual que los afiliados y miembros del partido. Al parecer, en la normativa que regula estas elecciones no existe ningúna regla que prohiba que distintas inscripciones puedan pagarse con la misma tarjeta bancaria.
Según el documento de regulación del proceso de primarias al que ha tenido acceso este periódico, al no existir constancia de criterio contrario por parte de la Comisión Federal de Garantías, ni previsión de regular tal aspecto, se acordó por unanimidad la posibilidad de abonar varias cuotas de inscripción desde la misma tarjeta bancaria.
Esto se producirá “sin perjuicio de los límites que impongan el operativo o dispositivo informático creado a tal efecto, que pudiera impedir el uso múltiple de la misma tarjeta o fijar alguna otra limitación”, según recoge el citado documento.
Patricia Hernández ha anunciado que pedirá medidas cautelarísimas ante el Juzgado de Guardia de Santa Cruz de Tenerife amparándose en una vulneración de derechos fundamentales para tratar de lograr que el PSOE devuelva el derecho al voto a las personas registradas por internet y cuyas inscripciones han sido anuladas.
La opinión de la candidata tinerfeña, y de su letrado, es que “se han cambiado las reglas de juego a mitad del partido”.
Hernández confirma haberse enterado después de que varios simpatizantes le avisaran de que habían recibido un SMS confirmando la anulación de sus inscripciones y reitera que todo el proceso está ajustado según el Comité de Garantías y que espera que este mismo órgano resuelva en las próximas horas lo que la tinerfeña ha calificado de un “error”.