El presidente del Cabildo de Fuerteventura presiona al PSOE para que lo designe senador pese a estar acusado de corrupción en dos causas

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, el socialista Blas Acosta, intensifica sus presiones a la dirección del PSOE canario para que lo proponga como senador por la Comunidad Autónoma ocupando la plaza que ha dejado vacante el dimisionario Pedro Ramos, retirado por motivos de salud. Acosta, que es secretario insular de Fuerteventura, pidió a sus compañeros y compañeras de las islas restantes, en una reunión informal celebrada este pasado viernes, que le apoyaran “en reconocimiento de 30 años de servicio al partido”. Y ello pese a estar encausado en estos momentos en dos procedimientos por varios delitos relacionados con la corrupción. En uno de ellos el Ministerio Fiscal ya ha pedido para él cuatro años y tres meses de prisión.

En una reunión presidida por el secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno regional, Acosta hizo valer su veteranía y, según personas presentes en la reunión, logró aunar a su favor a la secretaria general del PSOE de Lanzarote, Dolores Corujo, así como a los secretarios generales de La Gomera y de El Hierro, Ángel Rafael Fariña y Alpidio Armas, respectivamente. Ni la primera ni los dos restantes contestaron este domingo a las preguntas de Canarias Ahora al respecto.

Blas Acosta ya está formalmente acusado por el Ministerio Fiscal por varios delitos presuntamente cometidos durante su etapa de concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Pájara, concretamente cuando estuvo al frente de la empresa pública municipal de gestión urbanística Gesturpa. Tras la apertura de juicio oral y los escritos de acusación y de la defensa, al juez instructor sólo le resta dictar la apertura de juicio oral, momento a partir del cual el Código Ético del PSOE obliga a los militantes y cargos públicos a presentar su dimisión.

Blas Acosta no solo no se ha planteado esta salida, sino que pretende una huida hacia adelante que le coloque en el Senado y, por lo tanto, bajo el aforamiento del Tribunal Supremo. Aunque en el caso de que el instructor dicte apertura de juicio oral antes de que se pueda tramitar su suplicatorio ante el Senado, deberá someterse al fuero original, es decir, a los juzgados de lo Penal del partido judicial de Puerto del Rosario, Fuerteventura.

Pero es que, además del caso Gesturpa, al líder socialista majorero le aguarda al menos otra causa penal, también relacionada con su gestión al frente del urbanismo del principal municipio turístico del sur de la isla. 

El Juzgado de Instrucción 2 de Puerto del Rosario ratificó el pasado enero la apertura de procedimiento abreviado por el llamado caso La Pared en el que se acusa a Acosta y al que fuera alcalde de ese municipio, Rafael Perdomo, de un delito de prevaricación por la concesión de una licencia urbanística en contra de los informes de técnicos municipales cualificados. Según ha informado Diario de Fuerteventura, en la causa también está implicada la diputada regional socialista Rosa Bella Cabrera, todos ellos miembros de la Junta de Gobierno que otorgó la licencia. El siguiente paso será que las partes presenten escritos de acusación o de defensa y se decrete la apertura de juicio oral.

Además de sus imputaciones penales, Acosta está amenazado por una moción de censura que esta misma semana podría materializarse de la mano de varios de sus socios, una vez ha quedado roto el pacto que lo catapultó a la presidencia del Cabildo de Fuerteventura tras las elecciones de 2019. De ahí que al líder de los socialistas majoreros le interese sobremanera una salida política y laboral que le garantice poder y recursos económicos para hacer frente a los escenarios que se le avecinan.

Todos estos aspectos fueron abordados en la reunión del pasado viernes. En ella, Acosta aseguró a los presentes que confía en resultar absuelto de la causa judicial que lo sentará en breve en el banquillo, “como ha ocurrido en otras ocasiones”, dijo. En la reunión se llegó a plantear incluso, pero sin éxito, hacerle hueco en el Gobierno regional. Acosta quiere el aforamiento ante el Supremo, lo dejó claro, según testigos presenciales.

Este lunes, en la Ejecutiva

La decisión de avalar a Blas Acosta para que el Parlamento de Canarias lo designe senador por la Comunidad Autónoma habrá de tomarla este lunes la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE canario, de la que no forma parte ninguno de los secretarios insulares reunidos este viernes pero sus opiniones pueden ser tenidas en cuenta por algunos de sus miembros. Entre otros altos directivos de la Ejecutiva Regional se encuentra Ramón Morales, influyente miembro del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, en el que se integraría -de ser designado- Blas Acosta, y el que habrá de tomar la decisión tramitar y votar un posible suplicatorio del Tribunal Supremo. También se encuentra en esa Ejecutiva la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista canario, Nira Fierro, o el presidente de la Cámara regional, Gustavo Matos.

Curiosamente, en la Ejecutiva Regional socialista también se sienta una compañera de imputación de Blas Acosta, Rosa Bella Cabrera, que es secretaria del Territorio y la Energía.

De ser elegido senador en representación de la Comunidad Autónoma, Blas Acosta se convertiría en el tercer político canario que acudiría a la Cámara Alta con un juicio en ciernes. Los dos anteriores fueron de Coalición Canaria:  Miguel Zerolo, exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, actualmente en prisión por el caso Las Teresitas, y el expresidente del Gobierno regional Fernando Clavijo, que impuso a su partido que le designara para esa plaza para aforarse por el caso Grúas, que resultó archivado por el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena.