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Denuncian la ''connivencia'' de España con Marruecos en el conflicto saharaui

La Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (ACSPS) criticó este miércoles la actitud “poco clara” del Gobierno español ante el conflicto del Sáhara y solicitó al Ejecutivo marroquí su colaboración con la ONU para que se celebre el referéndum de autodeterminación acordado hace 14 años.

La vicepresidenta de la Asociación, Rosario Bolaños, hizo estas declaraciones a un grupo de periodistas con motivo de la entrega de una carta dirigida el Gobierno de Marruecos en el Consulado de su país en la capital grancanaria, que mantuvo este miércoles sus puertas cerradas con un candado.

Bolaños denunció el “bloqueo informativo” al que están sometidas las zonas ocupadas por Marruecos, donde persiste la represión de la población saharaui, las torturas, encarcelamientos y juicios “disparatados”.

Criticó la “connivencia” de algunos gobiernos europeos, entre ellos el español, que mantienen relación con el Ejecutivo marroquí “sin ni siquiera exigir que al menos haya conocimiento de las vejaciones a las que somete a la población civil saharaui”, así como la “dejación” de la comunidad internacional.

“No sé cómo se puede estar tan impasible ante la gravedad de la situación que se viven a cien kilómetros” de Canarias, recalcó Bolaños, quien dijo que esta permisividad favorece al Gobierno marroquí.

La Asociación en su carta expresa su inquietud por la población saharaui oprimida y por el incumplimiento de las resoluciones de la ONU, cuando el referéndum de autodeterminación “es la única vía para alcanzar una solución justa” al problema, refiere el escrito.

Así mismo, exige que se que ponga fin a la “brutal represión” que ejerce sobre la población saharaui y la inmediata libertad de los presos político saharauis “injustamente encarcelados”, además del acceso de observadores y medios de comunicación al Sáhara ocupado.

La Asociación en su carta reclama también a la comunidad internacional, al Consejo de Seguridad de la ONU y al Gobierno de Marruecos que respeten y apliquen las leyes y convenios internacionales para que el referéndum se pueda llevar a cabo.