Los escenarios ante el final del acuerdo entre la UE y Marruecos: de licencias a pescadores canarios a indemnizar al pueblo saharaui

7 de julio: El Frente Polisario ofrece a pescadores licencias para faenar en aguas del Sáhara Occidental ante el inminente final del acuerdo entre la UE y Marruecos, algo que el portavoz del sector en las islas, David Pavón, califica como ilusionante. 17 de julio: Expira el pacto entre los 27 y Rabat, cuya renovación queda pendiente de que el máximo órgano judicial europeo ratifique o revoque la sentencia que anuló cualquier negociación sobre los recursos del Sáhara Occidental sin contar con su representante legal. En otras palabras, el reino alauí no puede explotar ni vender los recursos del territorio autónomo pendiente de descolonización, si la Corte de Justicia europea no dice lo contrario. La respuesta del lado marroquí no se hizo esperar: el mismo día, Israel reconoció la soberanía de Rabat sobre el Sáhara Occidental, siguiendo el mismo camino que Estados Unidos y el giro de posición del Gobierno de España.

En un escenario en el que Marruecos ha acelerado su ofensiva para que se reconozca al Sáhara como una provincia de su reino y más países apoyen esta vía como la solución “más realista” a un conflicto enquistados durante casi 50 años, ¿qué implicaciones tiene el final del acuerdo de pesca con la UE? “Legalmente, la UE ya no puede negociar con Marruecos si se confirma la sentencia”, explica Juan Soroeta, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad del País Vasco, que lleva 30 años trabajando el conflicto. El Polisario, como representante legal del pueblo saharaui que administra el 20% del espacio terrestre, ha conseguido un reconocimiento por la vía del derecho que no ha logrado por el camino diplomático ni las armas.

“Es un proceso lento y muy largo, ha durado casi 11 años. Se han ido agotando todas las vías y ha llegado a la sentencia en casación. Las anteriores permitían recursos, pero esta última no. Y renovar el acuerdo de pesca sería una violación de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, explica Soroeta. Si se ratifica en la Corte de Justicia, se confirmaría que el único actor que tiene capacidad para negociar con la UE sobre la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental es el Frente Polisario. Así, la opción de conceder licencias de pesca en su territorio es una opción que defendió Abdulah Arabi, representate del Frente Polisario en España, y Gilles Devers, su abogado ante las instancias europeas, durante una rueda de prensa en Las Palmas de Gran Canaria.

El encuentro inédito entre el sector pesquero de las islas -representado por David Pavón, presidente de la Federación Regional de Cofradías en Canarias- y el Frente Polisario fue organizado por Carmelo Ramírez. El consejero de Solidaridad Internacional y Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria ha estado vinculado en la defensa de la causa saharaui desde la época colonial por los lazos históricos entre ambas comunidades. Fruto de esa reunión, Arabi propuso otorgar licencias de pesca directas de un año de duración para “salvaguardar los intereses de los pescadores canarios y sus familias” que no puedan faenar en las aguas del Sáhara por el final del acuerdo. En este sentido, reconoció que dichos permisos tendrían que ser aprobados por el Gobierno de España, algo que rechazó de forma inmediata Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Pavón es favorable a que se negocie un nuevo acuerdo pesquero respetando lo que dicte la Corte de Justicia europea. “Tenemos el máximo respeto a lo que diga la Justicia. A partir de ahí, entendemos y defendemos que se debe actuar y negociar”, abunda. En esta línea, muestra su deseo de que un nuevo pacto incluya a más especies, como los pulpos y los calamares saharianos, ya que el que se firmó en 2019 apenas ha repercutido en el sector de las islas (de una flota de 700 buques, solo tenían licencia una quincena, de los cuales cuatro faenaban con regularidad). La UE abonó 208 millones a cambio de 128 licencias, pero el número de licencias activas no ha superado la treintena.

“Realmente, los acuerdos de pesca para la UE son un negocio ruinoso”, califica Soroeta, que recuerda la existencia de informes del Parlamento europeo que los catalogaban como contraproducentes. “Si repartes el dinero que le das a Marruecos entre los barcos que salen a faenar, esos barcos se pueden quedar en el puerto y tan felices”, añade. A su juicio, el acuerdo pesquero “es una forma más que tiene la UE de ceder al chantaje de Marruecos por Ceuta y Melilla, la inmigración o el terrorismo… A través de los acuerdos de pesca, paga una cantidad que no se corresponde con la realidad”.    . 

El abogado del Frente Polisario ante la UE también avanzó, durante la rueda de prensa en la capital grancanaria, que si España rechaza la propuesta de las licencias, se dirigirán a los otros socios: “Porque la UE la conforman 27 países, por lo que empezaremos por consultar a Portugal, Francia e Italia”. Al respecto, Soroeta indica que el Polisario, legalmente, puede conceder esas licencias para los barcos que quieran pescar en las aguas del Sáhara Occidental. “Pero previsiblemente ¿qué pasaría? Que Marruecos apresaría a estos buques”, vaticina. Sin embargo, también añade que en este escenario podría intervenir el Tribunal Internacional de Derecho al Mar, “que tiene competencia automática en caso de apresamiento de un buque” y podría condenar a Rabat.

Además, Soroeta indica que a efectos prácticos “los estados buscan las vías para violar el derecho internacional” y una de las opciones que podría explorar Marruecos es formar empresas mixtas con otros países para que puedan seguir pescando en aguas del Sáhara. Asimismo, también recuerda que Rusia y Japón son “quienes más esquilman las aguas del Sáhara Occidental y no hay mecanismos para atacar a estos estados como con la UE”. Porque la realidad es que quien controla el espacio marítimo y terrestre del Sáhara Occidental es Marruecos, “por la fuerza”, y explota sus recursos sin consecuencia alguna.

El experto en Derecho Internacional apunta que, una vez se ratifique la sentencia, el Polisario podría pedir indemnizaciones correspondientes al expolio de sus recursos en el Sáhara Occidental. “Desde 2016 ya hay una sentencia que establece que se están explotando recursos ilegalmente. Son siete años y el Frente Polisario puede reclamar una cantidad, que no es calderilla, porque Marruecos ha negociado ilegalmente con unos recursos que no son suyos y, por lo tanto, debe indemnizar a su propietario”, añade Soroeta.