Vivimos en democracia vigilada

No perderé el tiempo con el informe de la Abogacía del Estado sobre la consulta petrolera de Paulino Rivero. Sería caer en una doble trampa. La primera, rechistar ante el dictamen de tan ilustres juristas desde mi condición de ciudadano forzoso del Estado abusador que ellos defienden; la segunda, tomarme en serio la pregunta propuesta por el Gobierno canario.

Si el informe detecta ocho vulneraciones, ocho, de la Constitución, sacrosanta siempre que Merkel no mande otra cosa, la pregunta no alivia la impresión de que vivimos en un régimen de democracia vigilada por poderes que están no más allá sino por encima del político. Si prescindimos de tanta fronda polémica se advierte, al final del pasillo, el firme propósito gubernamental, legal por supuesto, de impedirle a la gente no ya decidir sino ni siquiera expresar su opinión en cuestiones que le conciernen, como esta de las prospecciones.

Así las cosas, propondría el bonito ejercicio de aparcar la discusión del riesgo o no riesgo de las prospecciones; la de si quienes se oponen a ellas y están por las energías convencionales quieren o no regresar a la Edad de Piedra; si Soria es o no empleado del año de Repsol, etcétera. Si quitamos todo eso veríamos que no está en nuestras manos el futuro de Canarias.

Ya puestos en ese punto, se ve claro que lo de menos es la polémica puntual de petróleo sí, petróleo no, frente a la actitud colonialista que se entrevé. Si ya es relevante que el Gobierno español se decante por los intereses de una multinacional “española” y dos piedras, resulta significativa su receptividad, en los casos de Baleares, Valencia y Málaga, a los mismos argumentos contra sus respectivas prospecciones que rechaza de plano, incluso con desprecio e indignación, en Canarias.

El carácter colonial de la intransigencia gubernamental con las razones canarias lo refuerza que se alegue la importancia del hipotético crudo más o menos canario para reducir la factura petrolera de España que, por lo visto, no necesita la contribución del no menos hipotético de Baleares y Valencia.

También contribuye a que nos hagamos una idea de fondo que a la oposición unánime del empresariado balear, por citar solo al otro archipiélago, se corresponda la actitud favorable de las patronales canarias. Un hecho que ilustra el síndrome del colonizado descrito, hace décadas, por los sociólogos estudiosos del anticolonialismo. Consiste, el síndrome, en la aceptación por las clases altas y entenadas coloniales de las decisiones de la metrópoli, a la que ayudan a aplastar cualquier disidencia de sus paisanos. Son gentes que admiran e imitan el estilo de vida de sus colonizadores que consideran superior. Personajes estos que no escaparon a la sátira isleña: “¡Eh, por favor, vosotros, no arrempujéis!”, cuentan que exclamó uno que a su regreso de tres días en la Península se vio importunado por los arrempujones en la cola para entrar en el Insular cierta tarde de gran partido.

Por si fuera poco, la postura del Gobierno español, que cuenta con Soria y su entorno como hombres (y mujeres) colonizados según el patrón clásico, responde a la no menos clásica política de tierra quemada de las metrópolis que exprimen sus territorios coloniales conscientes de que tarde o temprano tendrán que marcharse.

Diré, por último, que el dictamen de la Abogacía del Estado ha dado ocasión a CC y PSOE de iniciar su desmarque de la convocatoria de referéndum que consumarán cuando lo prohíban, como seguramente esperan. No está de más recordar que nacionalistas y socialistas eran partidarios de las prospecciones y cambiaron de postura, por obvias razones electoreras, a medida que crecía la oposición. No es injusto, pues, sospechar que están dispuestos a dar pasos atrás al barruntarse que el “imperio” de la ley hará bajar la marea ya que los indígenas isleños pues padecemos la misma inconstancia que John Wayne observaba en los malditos pielrojas. El cálculo electoral por delante. Sin olvidar, por cierto, que fue José Manuel Soria, entonces socio de Gobierno con CC, quien impulsó el primer recurso contra las prospecciones apoyado, claro, por el grueso de su partido; el mismo que ahora abomina malamente de los que se oponen. Claro que en aquel entonces gobernaba Zapatero y bien sabido es que para los peperos todo depende de que gobiernen o no gobiernen ellos.

En cuanto a CC, el relevo de Paulino Rivero ha traído a Fernando Clavijo que en el asunto petrolero se muestra más bien ambiguo. Seguramente aguarda como agua de mayo la prohibición formal de la consulta para someterse, sin necesidad de mojarse, al “imperio” de la ley.

Presupuestos: a buenas horas, mangas verdes

En el siglo XVII, los cuadrilleros de la Santa Hermandad, encargados de vigilar las zonas rurales de la meseta castellana y sus aledaños, ganaron justa fama de no llegar nunca a tiempo de capturar a los malhechores. Los tales cuadrilleros vestían un uniforme con mangas verdes y de ahí que se diga eso de “a buenas horas, mangas verdes” para reprochar a alguien que ha llegado tarde a resolver cualquier problema.

Eso habría que decirle a Paulino Rivero que ha adobado la trifulca petrolera con advertencias acerca de la posible desafección canaria de España, la que acaba de rematar instando al Parlamento a revisar las relaciones de las islas con el Estado tras la putada presupuestaria; la penúltima porque habrá más. Como siempre he sido partidario de razonar, a partir de la Historia de Canarias, las bases de la integración de las islas en el Estado español y actualizarlas aunque 500 años no sean nada, no puedo ponerle a la propuesta pauliana otra objeción que esa: a buenas horas, mangas verdes. Ya se sabe que Paulino Rivero dejará la presidencia y no cabe esperar que quien le suceda, sea del partido que sea, incluida CC, la tenga en cuenta.

No les torturaré, estén tranquilos, con los detalles presupuestarios. Solo diré que seguimos con el farolillo rojo al final de la tabla, a pique de salirnos de ella. Según Rivero, el Estado no cumple las leyes con Canarias, no tiene en cuenta para nada el REF y sigue maltratando a las islas en asuntos como el convenio de carreteras, el turismo o las infraestructuras educativas. De ahí pasa Rivero a la necesidad de que Canarias se dote de “instrumentos competenciales y fiscales” (dónde habré oído eso antes), a la urgente necesidad de reformar la Constitución para que se reconozcan las “singularidades canarias” (¡tócala otra vez, Sam!) y contar con las suficientes garantías para evitar el castigo del Estado, esto último a sabiendas de que con este Estado de democracia vigilada no hay garantías que valga. El hombre blanco tiene la lengua partida.

Los alegatos paulinianos se producen cuando tiene ya fecha de caducidad su presidencia. Lo que ha provocado el júbilo de la ineféibol Australia Navarro que combina ignorancia y malcriadez. Ignorancia porque se apresuró a calificar a Rivero de presidente “interino”, una condición que se refiere en nuestro idioma a quienes ocupan ocasionalmente un cargo por ausencia de su titular; lo que no es Rivero que será presidente electo hasta el final de la legislatura. La malcriadez de la interfecta, en fin, reside en su alborozado desprecio al pedirle que dé a los canarios una alegría “antes de que se jubile”. Estamos los jubilados lo bastante quemados con tantas incitaciones a que nos muramos de una maldita vez para que salga Navarro con esas. Además de que resulta un tanto aventurado suponer, como parece pensar esta señora, que Paulino se “jubilará” de la política cuando más bien parece que busca con sus planteamientos la forma de permanecer en ella. No le espera nada a Clavijo.

En ese supuesto de la búsqueda de una vía que lo resitúe no viene mal hacerle ver a Rivero que si Madrid nos machaca es porque cree que le sale gratis. Durante los años que llevamos de democracia parlamentaria los representantes canarios, Rivero entre ellos, han sido incapaces de “explicar” las islas desde sus escaños y ni les cuento del conjunto de la dirigencia política y empresarial. Los empresarios siempre han jugado al corto plazo y los políticos a estar a bien con las direcciones estatales de su partido para prosperar. Actitud que, para mi gusto, comparte con matices Coalición Canaria (CC): para mi gusto, CC sirvió al Gobierno español para bloquear la posibilidad de otras opciones más radicales. Una estafa que se hizo evidente cuando la misma CC, no la de Merimé, consagró el principio de que convenía compincharse siempre con el partido que gobernara en España, fuera el que fuese. Conviene no olvidar, para mayor abundamiento, que entre los fundadores de CC figuraban sujetos que, en sus tiempos de dirigentes aquí de partidos estatales, persiguieron cualquier veleidad nacionalista dentro de sus filas, lo que tuvieron a gala durante un buen tiempo; por no hablar de insularistas que, de pronto, comenzaron a hablar de la Nación canaria, con aclaraciones como la de Manuel Hermoso cuando proclamó públicamente que el nacionalismo canario era el más español de todos. Tenerife, ya saben, es diferente.

El drama de CC es que su “política” de estar a partir un piñón con el partido gobernante le daba la posibilidad de mercadear votos solo con gobiernos en minoría. Su principal error fue cifrar los objetivos políticos en conseguir algo a cambio dinero y olvidarse de “explicar”, como digo, Canarias. Y limitarse en las islas a presentar unas perras para carreteras o flores a María como éxitos históricos; a volvernos locos de la cabeza con el dichoso acervo económico que les importaba un pito y las no menos famosas peculiaridades de correlato; y a sacar la reforma del REF en procesión de fijo por Todos los Santos, no recuerdo si un día antes o un día después del día de Finados, que decían en lo antiguo. Un Gobierno y una casta (lo siento por Iglesias, pero yo lo dije primero) a la que solo mueven los intereses empresariales en demanda de sus ventajillas, lo que ha acabado por poner de espaldas al pueblo supuestamente soberano. Una indiferencia, muy patente en Gran Canaria donde la administración autonómica se siente tan lejana que ni siquiera importa que siga su sistemático traslado y centralización en Tenerife. Ya no es ni motivo de conversación y hasta desconsiderado resulta sacar el asunto a colación. Sencillamente, no interesa. Y menos cuando un personaje como José Miguel Bravo de Laguna, presidente del Cabildo grancanario, trata de jugar a un insularismo de tan poco recorrido en la isla que gobierna, no sé si para hacernos olvidar que algo tuvo que ver él con que el Estatuto de Autonomía naciera empapado del espíritu centralizador de la institución provincial, a la que hace más de un siglo ya consideraba Romanones inadecuada para una región de las características archipelágicas y temperamentales de Canarias. A buenas horas, mangas verdes, ya digo.

Ébola: esperando a Mato

Algún día, con tiempo y sobre todo ganas, me ocuparé de reunir las carpetas de los desastres habidos en España de manos de la derechona. Desde los bichitos que se caían de una silla y se mataban del aceite de colza a lo que ocurre ahora mismo con el ébola pasando por los hilitos como de plastilina del Prestige y el criminal del atentado de Atocha relacionado, les guste o no, con la participación española en la agresión a Irak en la que nos involucró Aznar. Pero ahora manda el ébola, concretamente el contagio de Teresa Romero, la enfermera que atendió en el Carlos III a uno de los enfermos españoles repatriados y ya fallecidos. Dijo Rajoy que la cosa no irá a más y eso espero; tocando madera, por supuesto, porque, qué quieren que les diga, me fío poco del Gobierno. Son para echarse a temblar las circunstancias que han rodeado este caso hasta el extremo de resultar indignantes las declaraciones del consejero de Sanidad de Madrid culpabilizando a Romero, a la que llegó a acusar de mentir, sin dar la menor explicación del desbarajuste sanitario que tuvo a la ahora enferma diez días danzando por ahí. Los detalles están en todos los medios; como están las explicaciones de Ana Mato, que dentro de unos días comparecerá en el Congreso de los Diputados. Veremos si es capaz de reconocer la negligencia que ha acabado en tantos despropósitos. Todo apunta a desidia de las autoridades sanitarias, a ella como ministra y a las de la Comunidad de Madrid. Habrá que aguardar a su explicaciones para saber, por ejemplo, la razón de que no se atendieran los avisos de los profesionales que advirtieron la necesidad de prepararse, o a si tanto descontrol tiene que ver con los recortes que han desmantelado equipos y servicios profesionales a la mayor gloria de la Sanidad privada. Esta tiene, por supuesto, su lugar en el sistema pero nunca prevalecer sobre la pública. A la espera de lo que cuente Ana Mato, las circunstancias que han rodeado este caso confirman que estamos bajo el peor Gobierno desde la vuelta de la democracia parlamentaria. No sé si tendrá la ministra la decencia de dimitir.

Dimisiones y expulsiones

El asunto de las tarjetas de Caja Madrid y Bankia, que han permitido a un buen número de personajes vivir como el alto clero medieval cercano al Papado, ha indignado tanto al personal que ahí están partidos y sindicatos a ver quien echa primero a sus militantes cogidos en tan desvergonzado renuncio. Esto, unido a la mayor frecuencia de las dimisiones, que aún no han llegado al nivel de pandemia, resulta novedoso respecto a los tradicionales esfuerzos de estas organizaciones políticas y sindicales para asegurar la impunidad de los suyos. Del asunto de las tarjetas podría derivarse, en el caso concreto del PP, la expulsión del partido nada menos que de Rodrigo Rato quien padece el síndrome de quien compra un circo y se le quedan roncos los leones; por no decir que le crecen los enanos. O el empapelamiento de Miguel Blesa casi al tiempo que el juez Silva era condenado por faltarle al respeto y mandarlo nada menos que dos veces a la cárcel. No sabía que estaba dando con un íntimo de Aznar. No sé si Silva se pasó y si agravará la situación de Blesa ser un hortera de aquí te espero con sus alardes de riqueza. Uno de los implicados, Pablo Abejas, ex director general de Economía de Madrid, que se estalló con la tarjetita 246.700 euros (casi 41 millones de pesetas), alegó que era una práctica conocida y legal en las corporaciones del mundo y que tanto a Hacienda como al Banco de España le parecía bien.

Como los detalles y los implicados son bien conocidos, subrayaré que las escandalera ha salvado al verbo “dimitir” de desaparecer por desuso del diccionario y obligado a los partidos a pensárselo dos veces antes de lanzarse a sus corruptos. Lo que, a su vez, ha desembridado a los encargados de investigar estos asuntos por lo que, qué quieren que les digan, a lo mejor lo del ex honorable Pujol no se debió a una maniobra españolista contra tan señero patriota suizo-andorrano sino a los vientos que soplan. Y ya puestos, observo que el aumento de la inquina contra Podemos en el escenario político crece y me pregunto si no tendrá una relación directa con esta repentina ola de dimisiones y expulsiones. En cualquier caso, tengo la sensación de que los resultados de las elecciones europeas marcaron el antes y el después de estas medidas. Sienten los partidos que Podemos ha sabido captar y expresar lo que piensa mucha gente, mayoría silenciosa incluida, y se sienten obligados a demostrar que ellos también pueden. Que sea en hora buena.

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No perderé el tiempo con el informe de la Abogacía del Estado sobre la consulta petrolera de Paulino Rivero. Sería caer en una doble trampa. La primera, rechistar ante el dictamen de tan ilustres juristas desde mi condición de ciudadano forzoso del Estado abusador que ellos defienden; la segunda, tomarme en serio la pregunta propuesta por el Gobierno canario.

Si el informe detecta ocho vulneraciones, ocho, de la Constitución, sacrosanta siempre que Merkel no mande otra cosa, la pregunta no alivia la impresión de que vivimos en un régimen de democracia vigilada por poderes que están no más allá sino por encima del político. Si prescindimos de tanta fronda polémica se advierte, al final del pasillo, el firme propósito gubernamental, legal por supuesto, de impedirle a la gente no ya decidir sino ni siquiera expresar su opinión en cuestiones que le conciernen, como esta de las prospecciones.