El 16 por ciento de los 88 municipios canarios cumplen con la Ley de Transparencia, aunque ninguno de ellos cuenta en su página web con un buen nivel de transparencia, pues en la mayoría de los casos es opaca e insuficiente.


En el caso de La Gomera, el único ayuntamiento que aprueba es Vallehermoso (2,92 sobre 5) frente a, por ejemplo, Valle Gran Rey, que ha obtenido un cero en el estudio junto a El Tanque y Fuencaliente.
En el caso de San Sebastián, suspende con 2,08 puntos, situándose en el ranking con el número 31 de los 88 municipios en transparencia. Le sigue Agulo en el 34, con 1,99 puntos y Hermigua con 1,90. Finalmente, Alajeró se queda en el puesto 41 con 1,79.
Estos datos se desprenden del “Test de aplicación de la ley de transparencia en los municipios canarios (julio 2014)” elaborado por los profesores del Departamento de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos María Luisa Delgado Jalón y Emilio Navarro, quienes hoy han presentado este estudio.
En este trabajo se valoran todos los requerimientos de la Ley de Transparencia, entre los que se encuentran un buen acceso a la información de sus páginas web relacionada con la economía y el presupuesto y aspectos jurídicos e institucionales.
En base a este estudio, de los 88 municipios que hay en Canarias, 21 presentan una información opaca, 53 insuficiente, 14 aceptable y ninguno de ellos una buena transparencia, aunque el Ayuntamiento de Arona (Tenerife) es el que más se acerca.
Tras este municipio se encuentran El Sauzal (Tenerife), Santa Cruz de La Palma, Tías (Lanzarote), Vallehermoso (La Gomera), La Victoria de Acentejo (Tenerife), San Miguel de Abona (Tenerife), Tegueste (Tenerife), Granadilla de Abona (Tenerife) y San Bartomolé (Lanzarote).
Las principales debilidades que presentan las páginas web de los ayuntamientos canarios es que no muestran a los usuarios las funciones de los órganos de gobierno y sus planes estratégicos y tampoco publican la totalidad de los contratos menores, convenios suscritos, retribuciones de los órganos de gobierno ni disponen de una oficina de buen gobierno.
Asimismo, no cuentan con un apartado propio de transparencia ni acceso a la información para personas discapacitadas, revela el estudio de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Entre sus conclusiones, destacan que existe un déficit en la aplicación de la Ley de Transparencia, que establece que las administraciones locales y autónomas dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse a la misma.
Los resultados de este estudio, subrayan, permiten situar el punto de partida de cada ayuntamiento y definir el camino que queda por recorrer hasta la fecha prevista de adaptación.
El mayor esfuerzo de las corporaciones municipales tiene que hacerse en el ámbito de la información económica, agregan los autores del estudio, quienes alertan de que urge la publicación de contratos, convenios suscritos, subvenciones otorgadas, presupuestos, así como indicadores económicos y remuneraciones de la corporación y altos cargos.
En la parte jurídica, señalan que es primordial la publicación de los planes estratégicos de los ayuntamientos con objetivos claros y grado de cumplimiento.
Aunque han comprobado que el tamaño del municipio no parece ser un aspecto clave para los resultados de transparencia obtenidos, han observado que, en general, los ayuntamientos más pequeños han alcanzado un nivel de transparencia inferior.
Informan de que a pesar de que se pudiera pensar que el nivel de transparencia a exigir en municipios menores debe ser menor, la ley no contempla este escenario.
Para cumplir con el nivel de transparencia que exige la ley para el año 2015, los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos recomiendan, en líneas generales, crear un portal de transparencia, potenciar la navegación intuitiva y actualizar los datos de forma constante, pues la desactualización puede llegar a ser peor que la no información.