El caso Jable ya tiene sentencia. La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a los principales investigados de esta trama, que representa la etapa más oscura de la corrupción en Lanzarote. La exalcaldesa de Arrecife Isabel Déniz ha sido condenada a diez años y medio de prisión por los delitos de fraude a la administración pública, cohecho, y prevaricación administrativa. La Audiencia también ha impuesto a Déniz, al frente de Arrecife entre 2000 y 2007 (primero con el Partido de Independientes de Lanzarote -PIL- y después con Coalición Canaria -CC-), una pena de inhabilitación para ostentar cualquier cargo público durante 42 años.
En la sentencia emitida este lunes 8 de enero, la Audiencia impone también al abogado Felipe Fernández Camero, que sigue en activo, una pena de diez años y tres meses de cárcel por cinco delitos distintos: fraude a la administración pública, cohecho, revelación de secretos, falsedad cometida por funcionario público y infidelidad en la custodia de documentos.
La operación Jable es la última pieza de la mayor trama de corrupción investigada en Canarias por el número de imputados y por tramas, el caso Unión. La instrucción de este caso comenzó en 2008 y se refiere a hechos que tuvieron lugar entre 2001 y 2005. En concreto, investigó el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras y servicios del Ayuntamiento de Arrecife o aumentos injustificados de precios.
Dimas Martín, expresidente del Cabildo de Lanzarote y fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), también ha sido condenado a dos años y seis meses de prisión por un delito de fraude a la administración pública y otro delito de cohecho. El histórico dirigente del PIL, que ya está en prisión por otras tramas de corrupción, también deberá pagar una multa de 72.000 euros y asume una pena de inhabilitación especial para todo empleo o cargo público durante seis años.
Al político se le ha aplicado la atenuante de confesión y reconocimiento de los hechos y la atenuante de dilaciones indebidas simples. Por otra parte, también se le ha aplicado la agravante de reincidencia respecto al delito de cohecho.
Juan Rafael Arrocha, jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife en el momento de los hechos, también ha sido condenado a cinco años de prisión por los delitos de fraude a la administración pública, cohecho, prevaricación y falsedad cometida por funcionario público.
Los directivos de algunas empresas que participaron en estos intercambios ilícitos, como Urbaser y la constructora FCC, también han sido condenados, después de haber reconocido los hechos. Entre ellos están Manuel Andrés Martínez, Santiago Alonso, Jacinto Álvarez, Francisco Martínez Llerandi y Enrique José Hernández, que han recibido penas de prisión inferiores a los dos años.
La resolución de la Sala absuelve a otras siete personas: Enrique Astorga González, Manuel Jesús Isidro Spínola Perdomo, Julio Pedro Romero Ortega, Daniel Hernández Caraballo, Rafael Antonio Corujo Gil de Montes, Miguel Ángel Leal y Stephan Jean Balverde.