El Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife ha ordenado llevar a juicio al expresidente del Cabildo de Lanzarote Pedro San Ginés (Coalición Canaria) por presuntos delitos de falso testimonio y acusación y denuncia falsa en la causa de los Centros Turísticos. En febrero de este año, el magistrado titular de este Juzgado procesó a San Ginés al considerar que hay indicios suficientes para abrir juicio oral contra el expresidente por ''faltar abiertamente a la verdad'' en su denuncia, posterior querella y declaraciones en sede judicial sobre presuntas irregularidades en la gestión de los Centros Turísticos de la isla durante la etapa del PSOE, un procedimiento que fue archivado en 2019.
Tal y como ha adelantado el periódico local La Voz de Lanzarote, el magistrado también ha exigido este miércoles a Pedro San Ginés que entregue una fianza de 248.751 euros para garantizar el pago de las cantidades económicas a las que podría ser condenado. Si esta cifra no se entrega en un plazo de 24 horas, se procederá al embargo de sus bienes en cantidad suficiente como para cubrir esta suma o se acreditará la insolvencia.
La querella por la que San Ginés irá a juicio fue presentada por la hija del ya fallecido Antonio González, uno de los empresarios denunciados por el expresidente del Cabildo insular. En 2009, San Ginés compareció ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para comunicarles que había detectado “irregularidades” en la gestión de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo y que los precios de los bienes suministrados para determinadas actuaciones se habían inflado hasta en un 40%.
Tras esa denuncia policial, acudió al juzgado de guardia de Arrecife para presentar un escrito sobre los mismos hechos y se erigió en querellante, a través de la propia entidad pública que gestiona los centros turísticos de la isla, para realizar “las mismas falsas imputaciones”, entre otros, contra Antonio González, propietario de la sociedad Climafrical.
Un auto dictado en febrero de 2022 estableció que la actuación del nacionalista fue más allá de la “legítima función de control del gasto público” y, “superando el derecho a la libertad de expresión e información”, acudió a la vía penal “a sabiendas de la injusticia y de la falta de veracidad” de sus imputaciones, con el propósito de “tratar de involucrar artificiosamente a terceras personas” en supuestos ilícitos penales.
Investigado por prevaricación y tráfico de influencias
El expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés (CC) también está siendo investigado en otra causa. El pasado 30 de agosto declaró en el juzgado de Arrecife (Lanzarote) por la causa que investiga el presunto pago de más de un millón de euros al abogado Ignacio Calatayud durante la tramitación del concurso de acreedores de la empresa de aguas de Lanzarote, Inalsa.
El juez investiga a San Ginés por dos presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por ese supuesto pago a Calatayud, quien fue, además, su asesor jurídico. Calatayud también está citado en la misma condición procesal.