El expresidente del Cabildo de Lanzarote revela que se le investiga por una supuesta apropiación de 850.000 euros

El expresidente del Cabildo de Lanzarote Pedro San Ginés (CC) confirmó este martes que la Guardia Civil registró “cada rincón” de su casa con perros especializados en buscar billetes escondidos, en unas diligencias en las que se le señala como posible cómplice de la apropiación de 850.000 euros procedentes de Inalsa y el Consorcio Insular de Aguas.

En un comunicado en el que defendió su honestidad, San Ginés explicó que hasta donde ha “podido saber” -porque las diligencias son secretas- y hasta donde le “autorizaron a contar”, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil le investiga por dos cuestiones “que no son nuevas”, que ha denunciado en términos políticos la actual presidenta del Cabildo, Dolores Corujo (PSOE), y que Podemos ha puesto en conocimiento de la Fiscalía.

“Por la supuesta contratación irregular de un letrado -Ignacio Calatayud- en el año 2010 y por la supuesta apropiación indebida de 850.000 euros de Inalsa (Insular de Aguas de Lanzarote SA) y el Consorcio Insular de Aguas, por parte de ese letrado con mi complicidad. Y por otra parte, por los supuestos vínculos de dicha apropiación indebida con la adquisición de la vivienda en la que resido”, detalló.

Tal y como informa el periódico La Voz de Lanzarote, el político adquirió la casa al abogado Felipe Fernández Camero, que es el suegro de Calatayud. “Todos los pagos por la vivienda en la que vivo son absolutamente legales”, aseguró San Ginés ante la prensa. Sin embargo, no respondió a la pregunta de cuándo realizó esa compra, si coincidió en el tiempo con los pagos a Calatayud y tampoco ha aclarado cuál fue el importe. “Finalmente la adquirí con un contrato de alquiler con opción a compra”, dijo.

Respecto a la contratación del abogado en el año 2010, recordó que se trató de “una decisión colegiada y unánime de los nueve miembros del consejo de administración de Inalsa para todo lo relacionado con el proceso concursal y, por tanto, de los incidentes concursales que se derivasen de dicho proceso”.

Y añadió que su retribución se fijó “de común acuerdo con los administradores concursales designados por el juez, como no podía ser de otro modo”.

“Sobre la supuesta apropiación indebida de 850.000 euros, reiterar que no eran fondos públicos, sino, muy al contrario, se trató de costas procesales abonadas por las empresas privadas que perdieron los respectivos incidentes-contenciosos, porque así se acordó con los administradores concursales, quienes entendieron, al igual que yo, que así los incidentes no tendrían ningún coste para las arcas públicas, que las costas de un abogado, si las hay, corresponden siempre al abogado; y, lo más importante, que dichas costas además fueron homologadas por el Juzgado de lo Mercantil”, apuntó.

Pedro San Ginés reconoció que la situación que vive “no es plato de buen gusto”, pero aseguró que confía en la Justicia.

“Espero que tras la investigación exhaustiva de todas mis cuentas, correos, redes sociales y cada rincón de mi vivienda, por agentes de la UCO y la unidad canina detectora de dinero en efectivo, queden algún día despejadas todas las dudas que pueda haber sobre mi honestidad y honorabilidad, bien en la fase de instrucción, bien en el juicio, si lo hubiera”, concluyó. 

Otras causas abiertas

San Ginés tiene otras causas abiertas. La más reciente, del pasado mes de febrero, cuando el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 2 de Arrecife procesó a San Ginés por un delito de denuncia falsa y falso testimonio. En el auto dictado entonces el juez transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado, al considerar que hay indicios suficientes para abrir juicio oral contra el dirigente nacionalista por “faltar abiertamente a la verdad” en su denuncia, posterior querella y declaraciones en sede judicial sobre presuntas irregularidades en la gestión de los Centros Turísticos de la isla durante la etapa del PSOE, un procedimiento que fue archivado en 2019 tras una “tormentosa” instrucción -en palabras del juez que lo sobreseyó- que se dilató más de una década.

La querella por la que presumiblemente San Ginés se sentará en el banquillo fue presentada por la hija del ya fallecido Antonio González, uno de los empresarios a los que el expresidente del Cabildo de Lanzarote denunció.