Un residencial inacabado llama la atención en Playa Blanca. Rodeado de complejos hoteleros y apartamentos, esta urbanización gris es una de las obras sin terminar que forman parte del paisaje de Lanzarote. La construcción fue abandonada en 2006 y lleva ocupada desde hace 15 años. Un centenar de personas con dificultades para encontrar vivienda se instalaron en 28 de estas casas, hasta que el pasado martes 16 de enero se ejecutó la orden de desahucio. “Nosotros no íbamos a robar esto. Pedíamos que nos las vendieran o nos las arrendaran”, dice una de las afectadas.
A primera hora del martes, un grupo de agentes de la Guardia Civil se desplazó hasta el inmueble. Durante toda la mañana, coches y furgonetas entraban y salían a toda prisa de la urbanización. Las familias se apresuraban para sacar todas sus pertenencias. Una vez que salieran de la casa, ya no podrían volver a entrar. Según los datos del Ayuntamiento de Yaiza, allí vivían 75 adultos y 24 menores. Entre los inquilinos, de acuerdo con un informe de los Servicios Sociales del municipio, había niños, niñas, personas con discapacidad, cinco mujeres embarazadas, personas mayores e incluso un enfermo oncológico.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife, del que es titular el juez Ricardo Fiestras, dio la orden de desahucio, atendiendo a una petición del Ministerio Fiscal. Según fuentes consultadas, la medida se fundamenta en un informe del arquitecto municipal de Yaiza, que concluye que las viviendas “no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, salubridad y seguridad”.
El supuesto peligro existente para las personas que allí habitaban es también el argumento por el que la Justicia no ha aplicado el decreto antidesahucios emitido por el Gobierno de España después de la pandemia de COVID-19 para proteger a las personas vulnerables.
Por su parte, el Ayuntamiento de Yaiza ha negado que este informe técnico recogiera que en el inmueble hubiera riesgo de derrumbe. “Las casas estuvieron 15 años solas y no les pasó nada. Mi esposo le puso cemento en el piso para poder caminar. Pusimos las puertas y las ventanas”, recuerda una de las afectadas.
La denuncia
La obra se abandonó en 2006 y las viviendas llevan ocupadas desde hace 15 años. Sin embargo, la historia del desalojo comenzó el 25 de junio de 2023. Ese día, Ignacio Díaz de Aguilar, administrador único de Explotaciones e Inversiones Adara S.L., presentó una denuncia por un delito de usurpación pacífica de bienes inmuebles y allanamiento de morada. En la denuncia, insiste en que el estado de las viviendas supone un peligro para la vida de los residentes y exige al Juzgado el desalojo “urgente” del residencial como medida cautelar.
Explotaciones e Inversiones Adara es una sociedad de accionistas canarios y holandeses que ha adquirido esta parcela de 17.824 metros cuadrados. De esta superficie, 5.700 metros cuadrados son edificables de uso residencial. La empresa pretende construir 68 viviendas unifamiliares adosadas de dos plantas. Tal y como recoge la denuncia, algunas de las casas serán para venta o arrendamiento y otras funcionarán como segunda residencia vacacional de los inversores.
Algunos desalojados han presentado un recurso de apelación contra el auto que ordena el desalojo por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva y vulnerar los derechos fundamentales de las familias. Uno de los recursos a los que ha tenido acceso este periódico expone que la denuncia debería haber sido desestimada porque el delito de usurpación no tiene cabida en todas las ocupaciones.
El recurso plantea que el desalojo adoptado como medida cautelar “dinamita” el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la vivienda recogidos en la Constitución Española. Asimismo, insiste en que la obra se abandonó hace casi veinte años y que la edificación lleva ocupada 15 años, siendo los propios moradores los encargados de mejorar las viviendas instalando redes eléctricas, pozos negros, puertas y ventanas.
Los desalojados subrayan que no han sido escuchados ni tenidos en cuenta por el juez instructor. “Dejarnos sin vivienda también es vulnerar a la familia” o “Nadie puede ser condenado sin haber sido oído y vencer en un juicio” reivindicaron el día del desahucio.
Falta de vivienda en Lanzarote
Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Yaiza constataron en 2023 la ocupación de estas viviendas por parte de 99 personas. Buena parte de las familias que vivían en la urbanización abandonada carecen de estabilidad laboral porque están pendientes de tramitar su residencia en España. Un informe municipal alertó de la presencia de familias vulnerables, por lo que la corporación inició contactos con otras administraciones como el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote para buscar alternativas alojativas.
El Ayuntamiento de Yaiza insiste en que las competencias en materia de Vivienda son de la comunidad autónoma, por lo que sostiene que no tiene competencias en un asunto “tan sensible como de difícil solución” por la escasez de viviendas de alquiler y sus precios desorbitados en Lanzarote. “Son factores determinantes que lastran la búsqueda de soluciones habitacionales inmediatas para las personas afectadas”.
Muchas de las personas desahuciadas tienen capacidad económica para pagar un alquiler, tal y como aseguran ellas mismas. Sin embargo, coinciden en que en la isla “el alquiler vacacional se está comiendo” toda la oferta de pisos y casas de larga estancia. La lentitud en la construcción de vivienda social es también otro problema. Yaiza cedió al Instituto Canario de Vivienda una parcela de 42.000 metros cuadrados para la construcción de viviendas sociales, pero sigue esperando a que el Instituto saque a concurso la redacción del proyecto para ejecutar las primeras 126 casas.
Mientras tanto, los afectados siguen buscando una solución para tener una vivienda digna y estable. “Por el momento estamos pasando las noches en casas de amigos y familiares, pero después no sabemos dónde vivir”.