El Consejo General del Poder Judicial ha decidido este jueves dirigirse al Ministerio del Interior para que ponga protección al titular del Juzgado de Instrucción 2 de Arrecife (Lanzarote), Jerónimo Alonso, que ha denunciado haber recibido amenazas del entorno de las personas investigadas en una macrocausa que se sigue en esa oficina, la referida al expresidente del Cabildo de esa isla, Pedro San Ginés, de Coalición Canaria. San Ginés tiene abiertas solo en ese juzgado cuatro causas, la última de ellas con gran relevancia mediática reciente al haber incluido la entrada y registro en su domicilio particular en busca de pruebas por presuntos delitos de malversación y prevaricación.
La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces ha atendido las reclamaciones del juez Alonso, que además de protección ha pedido que la Guardia Civil ponga a disposición del juzgado un equipo de la Unidad Central Operativa (UCO), de la Guardia Civil, para llevar a cabo una investigación que requiere de agentes especializados no adscritos a los destacamentos de la isla.
Además, el CGPJ se dirigirá al Gobierno de Canarias para que dote al Juzgado de Instrucción 2 de Arrecife de más funcionarios y un equipo de gestión procesal específico para esa macrocausa. Esa petición se verá en la próxima reunión de comisiones de refuerzo, que se celebran en la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad cada tres meses, según han informado fuentes del departamento a preguntas de este periódico. La próxima está prevista en junio.
En el Juzgado de Instrucción 2 de Arrecife han recaído algunos de los asuntos más mediáticos de corrupción de la isla de Lanzarote. Allí se investigó el caso La Bufona, por delitos urbanísticos de los promotores de un conjunto de viviendas adquiridas, entre otros, por la actual alcaldesa de la ciudad, Astrid Pérez, o por el fiscal jefe de la isla, Miguel Pallarés. También el caso Desaladora, que encausó a Pedro San Ginés por prevaricación por ordenar una incautación de una de estas instalaciones al sur de la isla. A ese juzgado correspondió también investigar la denuncia de la Guardia Civil por una cacería masiva de pardelas (ave protegida en el espacio protegido del Archipiélago Chinijo), con personas muy influyentes condenadas, o las tres últimas causas que implican directamente al expresidente del Cabildo por coacciones hacia un consejero de esa Corporación, por presunta falsificación en el reglamento del grupo político Coalición Canaria, por denuncia falsa contra adversarios políticos y, finalmente, por fraude en una contratación y apropiación indebida.
En el seno del propio Cabildo, San Ginés ha sido denunciado por Podemos, por el PSOE y por el consejero independiente Juan Manuel Sosa. Los dos primeros coinciden en sospechar que la casa que habita San Ginés en una urbanización de Arrecife tiene estrecha relación con las contrataciones fraudulentas que hizo en empresas públicas dependientes de la Corporación y en las que se beneficiaba a su abogado de cabecera, Ignacio Calatayud. Pero también está denunciado, y se instruye en el mismo juzgado, por el consejero Juan Manuel Sosa, que concurrió a las elecciones locales de 2019 como independiente en la lista de Coalición Canaria al Cabildo y que abandonó dicha disciplina para respaldar a la actual presidenta del PSOE, Dolores Corujo. San Ginés y su partido han hecho lo indecible por que Sosa sea considerado no adscrito y pierda la capacidad de apoyar al actual grupo de gobierno (PSOE con Podemos), desde coaccionarlo con una querella que le mostraron en la pantalla de un ordenador en casa del expresidente investigado, hasta presuntamente falsificar el reglamento del grupo político para poderlo expulsar y catalogarlo de tránsfuga. Sosa no ha militado jamás en Coalición Canaria.
Pedro San Ginés lleva desde el pasado 28 de marzo poniendo en la diana de sus ataques verbales al juez Jerónimo Alonso. En esa fecha entró la UCO a registrar su domicilio en Arrecife, una casa que se levanta junto a la del polémico abogado Ignacio Calatayud, vinculado a muchas de las irregularidades de las que ahora San Ginés está siendo acusado, y yerno a su vez del todopoderoso Felipe Fernández Camero, también letrado, que ejerció de secretario de ayuntamientos como Arrecife o Yaiza, a veces de manera simultánea, al tiempo que lo era de empresarios que se las veían con esas instituciones públicas en la gestión de licencias, planes parciales u otras figuras que se fueron aprobando en los peores años de la corrupción urbanística de la isla de Lanzarote, ya con César Manrique fallecido.
San Ginés ha lanzado insinuaciones acerca de que todas las investigaciones contra él caigan en el mismo juzgado, el 2 de Arrecife, lo que ocurre por estricto reparto informático. El juez ha contado a personas allegadas que está siendo víctima de seguimiento y de amenazas del entorno de investigados en estas causas. Y el Consejo General del Poder Judicial ha salido en su amparo.
No es la primera vez que el juez Jerónimo Alonso denuncia amenazas o coacciones. Cuando se encontraba investigando el caso de la desaladora de Montaña Roja, por el que Pedro San Ginés responderá en juicio el próximo mes de mayo a una petición de doce años de inhabilitación por prevaricación, el magistrado fue objeto de seguimiento por un detective privado. Él y las personas que le acompañaban fueron fotografiados, y hasta llegó a ser denunciado ante el CGPJ por si su comportamiento pudiera ser disciplinariamente reprochable. La denuncia, promovida por una asociación de abogados que se proclama luchadora contra la corrupción pero que en realidad se persona en las causas para defender a los corruptos, fue desestimada.