Las industrias pesadas, una losa pesada sin respuesta

Desde hace algún tiempo hemos querido trasladar a la institución insular un debate tan importante e intenso como urgente que, una vez más, no ha contado con el indispensable impulso de los responsables del Gobierno. Nos estamos refiriendo a la necesidad de que el Cabildo de La Palma, con competencias en la ordenación del territorio insular, se posicione sin trabas ni dudas, tras el análisis y estudio concienzudo, sobre el futuro de las 'industrias pesadas' en nuestra isla y, más concretamente, de las plantas de asfaltos. Frente a esta acción llena de responsabilidad e inmersa plenamente en el deber de los representantes públicos, muy a pesar nuestro, se ha querido bandearlo hasta apartarlo del ámbito insular y devolverlo al campo de nadie. Para justificar este comportamiento se ha rizado el rizo de tal forma que se han hecho creer, y pretenden que los demás lo admitamos, que es un problema municipal o de un barrio o de un conjunto de personas (en las que no se incluyen porque no tienen el problema al lado) y que el Cabildo nada tiene que decir ni hacer. ¡Qué lejos de la realidad y del compromiso político!

Conviene señalar, antes de dejar constancia nuevamente del planteamiento que a este respecto mantiene el grupo Popular en el Cabildo, la encomiable labor que muchos ciudadanos están llevando a cabo en los ámbitos judiciales, administrativos y políticos para que tomemos razón de lo razonable. Asimismo, hemos de poner en valor las decisiones de aquellos responsables públicos, como el Gobierno municipal de Los Llanos de Aridane, que les ha tocado (podía haber ocurrido, y hoy continúa siendo posible, en otro lugar de la Isla) lidiar esta situación que, como intentaremos mostrar, exige acuerdos y resoluciones que van más allá del otorgamiento o no de una licencia municipal. Fruto de aquella labor ciudadana, se cuenta con una sentencia en primera instancia que estima la improcedencia de una planta de asfalto en el Callejón de la Gata y la petición de la ejecución provisional que, como sabemos, podrá exigir, si se estimara, garantías suficientes para “evitar o paliar posibles perjuicios”.

Permítanme traer a este comentario, la moción que en nombre de mi grupo político redacté el pasado mes de diciembre, aunque no se debatió en supuesto beneficio de un supremo interés insular de consenso. De ella extraigo algunos párrafos que expone con mayor claridad nuestro posicionamiento y que pueden servir para la reflexión:

“El documento de ordenación por excelencia de nuestra Isla es el Plan Insular de Ordenación de La Palma. Es un instrumento normativo que regula los recursos naturales y del territorio de la Isla y, en algunos casos, es un instrumento también urbanístico. Con él se fija el modelo de organización y utilización del territorio insular para garantizar su desarrollo sostenible que impulse su avance económico, poblacional y ocupacional”.

“A pesar de esa aparente regulación exhaustiva, podemos comprobar cómo este documento 'pasa de puntillas' en relación a todo lo que concierne a las que denominamos ”industrias pesadas“.

“El PIOLP señala en el territorio insular veintidós áreas especializadas de actividad económicas? De esas más de una veintena de reservas para actividades económicas, diez áreas están destinadas a actividades industriales dejando, en todo caso, a los distintos planeamientos urbanísticos, entre otras delegaciones, la concreción de los usos específicos previstos. Con ello, el Plan Insular rehúye de asumir una ordenación específica que permita la instalación de estas industrias en lugares adecuados, cuando sí lo hace en otros muchos casos, dejándolo a la consideración de cada municipio. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que esta decisión ni da seguridad a los empresarios de ese sector ni tranquiliza a los ciudadanos”.

“La Palma tiene que resolver dos cuestiones en relación con la puesta en funcionamiento de las industrias pesadas: el/los lugar/es o la/s zona/s delimitada/s específicamente en el territorio insular donde puedan instalarse atendiendo a la demanda real que tiene la Isla para el producto que en ellas se elabore, dando de esa forma una respuesta adecuada a los promotores; y respetar el deseo ciudadano de hacerlo en lugares claramente alejados de zonas residenciales. Difícilmente este objetivo es realizable cuando los actuales emplazamientos previstos para estas instalaciones casi colindan con espacios residenciales”.

“?.no cabe dejar al arbitrio municipal la instalación de una, dos o varias actividades de esta índole en cualquiera de las áreas de actividad económica porque se rompería de esa forma uno de los principios informantes del documento insular cual es la obligación de garantizar el desarrollo sostenible de la isla, además de echar por tierra cualquier análisis racional del asunto”.

Finalmente, proponíamos en esa moción la adopción del acuerdo consistente en la redacción, en un plazo de tres meses, de un estudio a realizar por un equipo multidisciplinar que determine las necesidades que tiene esta Isla para sustentar la instalación de industrias pesadas, designando, en su caso, aquellos lugares más adecuados que, en todo caso, serán espacios alejados de las zonas residenciales y con el menor impacto medioambiental posible.

Ha transcurrido el tiempo, y a pesar de que nos sigue dando oportunidades, casi nada se ha hecho.

Pero no nos hemos quedado ahí. Hemos continuado solicitando pronunciamientos y de forma reiterada puesto sobre la mesa (quizá lo tengamos que hacer con otras iniciativas para el Pleno) la necesidad de responder a aquellas cuestiones que perfilan ese modelo insular racional en la implantación de plantas de asfalto: ¿cuántas y cuáles han de ser los modelos de explotación y de gestión, o dicho de otra forma, planta/s fija/s o móvil/es y gestión pública, privada o mixta?.

Y también a esas cuestiones hemos respondido, transmitiendo la necesidad de buscar la solución técnica que permita acompasar la producción a la demanda real (¿una sola planta fija o móvil?) y la intervención pública (empresa pública o mixta) que consiga aquellos objetivos que ya marcábamos en la iniciativa antes reseñada.

Seguimos esperando. No lo duden, nosotros ya hubiéramos tomado estos nuevos caminos.

Desde hace algún tiempo hemos querido trasladar a la institución insular un debate tan importante e intenso como urgente que, una vez más, no ha contado con el indispensable impulso de los responsables del Gobierno. Nos estamos refiriendo a la necesidad de que el Cabildo de La Palma, con competencias en la ordenación del territorio insular, se posicione sin trabas ni dudas, tras el análisis y estudio concienzudo, sobre el futuro de las 'industrias pesadas' en nuestra isla y, más concretamente, de las plantas de asfaltos. Frente a esta acción llena de responsabilidad e inmersa plenamente en el deber de los representantes públicos, muy a pesar nuestro, se ha querido bandearlo hasta apartarlo del ámbito insular y devolverlo al campo de nadie. Para justificar este comportamiento se ha rizado el rizo de tal forma que se han hecho creer, y pretenden que los demás lo admitamos, que es un problema municipal o de un barrio o de un conjunto de personas (en las que no se incluyen porque no tienen el problema al lado) y que el Cabildo nada tiene que decir ni hacer. ¡Qué lejos de la realidad y del compromiso político!

Conviene señalar, antes de dejar constancia nuevamente del planteamiento que a este respecto mantiene el grupo Popular en el Cabildo, la encomiable labor que muchos ciudadanos están llevando a cabo en los ámbitos judiciales, administrativos y políticos para que tomemos razón de lo razonable. Asimismo, hemos de poner en valor las decisiones de aquellos responsables públicos, como el Gobierno municipal de Los Llanos de Aridane, que les ha tocado (podía haber ocurrido, y hoy continúa siendo posible, en otro lugar de la Isla) lidiar esta situación que, como intentaremos mostrar, exige acuerdos y resoluciones que van más allá del otorgamiento o no de una licencia municipal. Fruto de aquella labor ciudadana, se cuenta con una sentencia en primera instancia que estima la improcedencia de una planta de asfalto en el Callejón de la Gata y la petición de la ejecución provisional que, como sabemos, podrá exigir, si se estimara, garantías suficientes para “evitar o paliar posibles perjuicios”.