El panorama desolador de ceniza y malpaís que ha dejado la erupción del Jedey o el Tajogaite -como queramos llamarle- ha hecho que afloren clamores unánimes en la sociedad palmera; sobre todo, la necesidad de financiación para reconstruir La Palma. Sin embargo, aunque nuestros representantes políticos, de todos los colores, han hecho un trabajo ímprobo en la búsqueda de recursos y atender la emergencia volcánica, no parece que hayan puesto igual empeño en buscar la finalidad de los paquetes económicos que está recibiendo y recibirá La Palma en las próximas fechas. En otras palabras, conocemos qué queremos reconstruir, pero ¿sabemos cómo lo queremos reconstruir?
Las declaraciones al respecto en los últimos meses han sido muy imprecisas, al igual que contradictorias: en un primer momento, José Antonio Valbuena, consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, afirmaba que “no habrá límites legales para la reconstrucción en La Palma”, añadiendo que “lo importante son las personas y lo último los ecosistemas o el medio ambiente”. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, aseguró también que “el suelo invadido por la lava no será protegido”, si bien en los últimos días ha reconocido que la reconstrucción “al hacerse con criterios de sostenibilidad puede ser una oportunidad para la isla de La Palma”. Otros cargos públicos han ido más a lo concreto, como el director general de Coordinación y Apoyo a la Vicepresidencia del Gobierno autonómico, Miguel Ángel Pulido, que ha propuesto una nueva sorriba “tal como ocurrió en los años 60 y 70 del siglo pasado” con una “aportación de tierra vegetal procedente de los montes de la isla”.
Ahora bien, con la erupción ya terminada es necesario un debate sereno que huya de este tipo de premisas electoralistas y oportunistas.
En primer lugar, los atractivos de La Palma están ahí gracias a los límites legales que la han protegido de tropelías públicas y privadas: tenemos un cielo inmejorable gracias a la Ley de Protección de la Calidad Astronómica y todo de lo que ella ha derivado, un Parque Nacional que mediante diversos textos legislativos imprime un régimen de protección especial, no sólo en ese espacio, sino también en otros aledaños; una red de senderos envidiable que recorre multitud de paisajes en la naturaleza privilegiada de La Palma gracias a los Parques Naturales que hay declarados en nuestra isla como el de Cumbre Vieja o Monumentos Naturales, como los Volcanes de Teneguía o el Tubo Volcánico Cueva de Las Palomas. Todo ello se ha podido conservar gracias a estos denostados límites legales.
En segundo lugar, no parece que el modelo a seguir sea el de hace más de seis décadas y traslademos a parte de la población un mensaje que infunda falsas esperanzas y, por ende, frustración. ¿Extraer áridos en las cumbres de La Palma a imagen y semejanza de las extracciones realizadas para las coladas del San Juan? No parece que sea posible a esta escala: no solo es que hayan cambiado las sensibilidades ciudadanas con respecto a los del pasado siglo -que ya es decir-, es que La Palma fue declarada en su totalidad Reserva Mundial de la Biosfera en el año 2002; y, además, más de la mitad del territorio insular se encuentra integrada en la red europea Red Natura 2000 y en un porcentaje aún mayor nos encontramos con otras figuras de protección ambiental. ¿Daremos solución a un problema generando otro aún mayor teniendo en cuenta las cantidades inmensas de material para cubrir un metro cuadrado de superficie?
Llegados a este punto, mientras el proceso geológico sigue desarrollándose con la desgasificación y el enfriamiento de las coladas, estamos perdiendo un tiempo precioso para pensar cómo revivir La Palma: no se trata de reconstruir una carretera allí y otra allá, reconfigurar el uso agrícola o intentar devolver todo a su estado previo preeruptivo, ni tan siquiera se limita a Revivir el Valle de Aridane. La erupción volcánica ha afectado de forma muy importante al modelo agrícola insular, a la planta hotelera y turística palmera y, en definitiva, a La Palma tal y como la conocíamos, con barrios sepultados bajo la lava. El calibre del problema excede con creces ya no sólo al ámbito geográfico del Valle sino también a los propios gestores concretos que están lidiando con un problema que sin duda marcará e influirá mucho más allá de este mandato.
Por todo ello sería deseable que La Palma inicie un profundo debate para generar, entre partidos políticos, sociedad civil y ciudadanía, un proyecto a largo plazo que dé solución a los problemas que la erupción ha generado y que no solo se circunscriban a parchear un área concreta: fortalecer y ampliar los núcleos turísticos ya existentes, como pueden ser Puerto Naos y Los Cancajos, para restaurar el número de camas; proteger y adaptar los nuevos paisajes volcánicos, tanto terrestres como marinos, que han tenido un escaparate mundial como atracción turística; dar solución a los problemas de vivienda creando nuevos núcleos de población o acrecentando los existentes, entre otras muchas posibles ideas.
El Cabildo Insular tiene herramientas más que eficaces para poder pilotar este proceso participativo conjuntamente con los ayuntamientos y el Gobierno de Canarias, ya no sólo con la aprobación de un nuevo Plan Insular de Ordenación y con otras herramientas de planificación municipal, sino también ejerciendo la potestad de iniciativa legislativa que tiene la Corporación insular en el Parlamento de Canarias con una Ley de Reconstrucción, que vaya mucho más allá de los parches de la legislación de urgencia, que sirva para relanzar la economía insular y también como modelo de futuros procesos eruptivos en las islas. Una Ley que permita la participación de la ciudadanía palmera, plataformas de afectados, asociaciones y grupos políticos que posteriormente se pueda abrir a toda Canarias en el Parlamento. Una iniciativa que posibilitaría asentar las bases de una reconstrucción -que no una reposición- del nuevo territorio y el relanzamiento del resto de La Palma, independientemente de los vaivenes gubernamentales y de los próximos períodos electorales.
En definitiva, La Palma merece un debate sosegado y realista en el cual aprovechemos las oportunidades que nos deja la erupción, demos solución a los problemas creados, maximicemos los beneficios de los fondos de reconstrucción y pensemos, sobre todo, en que el legado posteruptivo es nuestro legado, aquel en el que podemos actuar e influir frente a la herencia que nos deja el volcán.
*Víctor Bethencourt Rodríguez es investigador predoctoral en Derecho Administrativo en la Universidad de Valencia (victor.bethencourt@uv.es)