Izquierda Unida Canaria (IUC) denuncia que “el Instrumento de Planificación Singular Turística para la ordenación estructural y pormenorizada del litoral de Los Llanos de Aridane, cuyo expediente volverá a debatirse en un pleno extraordinario este martes, 29 de diciembre, permitirá –en caso de aprobarse- edificaciones de hasta 5 plantas y 2.604 plazas turísticas”.
En una nota de prensa señala que “desde IUC seguimos defendiendo que la ordenación del núcleo turístico de Puerto Naos, incluyendo más camas si son necesarias, se haga siempre dentro del Plan General y no a través de mecanismos excepcionales, como son los instrumentos de planificación singular turística”. Además, subraya, “esta ordenación debe favorecer la rehabilitación de la planta alojativa existente (apartamentos y hoteles), la reforma interior del núcleo ya edificado y, en el caso de la construcción de nuevas instalaciones, apostar por aquellas cuyo impacto en el territorio y el paisaje no sea significativo”.
El el citado Instrumento de Planificación Singular Turística, apunta, “afecta a una superficie de 28,25 hectáreas, de las que 21,22, el 75%, están dedicadas al cultivo del plátano, proponiéndose la transformación de 18 fanegas de este cultivo en una de las zonas de la Isla con mejores rendimientos económicos por suelo urbanizable ordenado turístico”.
Para IUC, se añade en la nota, “el documento carece de cualquier tipo de reflexión sobre el impacto de la COVID-19 en el turismo, así como de la sequía en la zona de la Isla donde se pretende hacer un uso más intensivo del territorio en consumo de recursos. Además, nos sorprende que se presente como sostenible y en línea con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible una propuesta que no lo es”.
Felipe Ramos, portavoz de IUC en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, considera que “lamentablemente parece que la clave de esta propuesta de cambio en el modelo productivo está, como se señala explícitamente en el documento, en la revalorización de las unidades parcelarias aptas para la edificación”.
“A falta de inversores conocidos, se trataría de aumentar el precio de unas parcelas de suelo rústico destinadas a la agricultura para poder especular con su hipotética venta y no generar ningún tipo de economía productiva y sostenible para la zona y el municipio”, concluye Ramos.